Un acuerdo para permitir que la agencia de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleve ayuda a Venezuela está estancado, dado que el Nicolás Maduro insiste en controlar la distribución, según personas familiarizadas en el tema.
El acuerdo, negociado durante ocho meses, permitiría al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y a grupos de ayuda internacional llevar alimentos al país, donde una de cada tres personas sufría desnutrición incluso antes de la pandemia de COVID-19 de este año, el aumento de las sanciones estadounidenses y la escasez de combustible.
“Hemos estado discutiendo con el gobierno de Venezuela sobre el camino a seguir para brindar asistencia a quienes padecen inseguridad alimentaria en el país”, expresó el PMA
Los negociadores llegaron a un acuerdo tentativo con el gobierno hace unos dos meses, según tres personas con conocimiento directo de las conversaciones, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. Pero Maduro no firma.
Lo que está en juego, dicen, es el control de la ayuda. El PMA requiere una distribución neutral y apolítica, mientras que Maduro quiere que se canalice a través de las redes que controla, incluida una para entregar cajas de alimentos a los pobres, ampliamente percibida como un medio para garantizar lealtad.
También quiere que sus milicias nacionales participen en la distribución, mientras que el PMA sostiene que solo pueden estar involucradas en la seguridad, no en la distribución y entrega, según una de las personas.
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“Hemos estado discutiendo con el gobierno de Venezuela sobre el camino a seguir para brindar asistencia a quienes padecen inseguridad alimentaria en el país”, expresó el PMA en un correo electrónico respondiendo a preguntas. El “proceso aún está en curso”, dijo la agencia, y agregó que está guiado por principios de “humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, afirmó en una conferencia de prensa en Caracas esta semana que las negociaciones continúan y el desacuerdo es por las condiciones del PMA que “no reconocen la soberanía de Venezuela”.
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Un funcionario de la oposición manifestó que Maduro podría estar esperando a que el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden, asuma el cargo el próximo mes para utilizar el acuerdo como palanca para una reducción de sanciones.
Por su lado, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a solicitudes de comentarios.
No está claro si se puede aún resucitar el acuerdo, dado que su colapso es otro golpe al intento de la comunidad internacional de responder a la crisis humanitaria del país. En parte, el número de personas desnutridas se triplicó a 9 millones entre 2017 y 2019. Además, en años recientes han emigrado unos cinco millones de venezolanos.
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El declive en Venezuela no tiene precedentes. Con reservas de petróleo mayores que las de Arabia Saudita, se encontraba entre las dos docenas de países más ricos del mundo a fines de la década de 1970. La mala gestión ha provocado una catástrofe comparable a lo que está sucediendo en Yemen, nación devastada por la guerra.
El gobierno de Maduro impuso límites a las organizaciones no gubernamentales y amenazó con cerrar aquellas que reciben financiamiento del exterior, alegando que están conspirando contra el gobierno.
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Dos grupos de ayuda que trabajan en la distribución de alimentos, Alimenta la Solidaridad y Mi Convive, que abastecían de alimentos a más de 25 mil personas, han sido objeto de hostigamiento, congelamiento de cuentas bancarias y allanamientos de oficinas.
Por su parte, la Asamblea Nacional recién elegida, que será controlada por el Partido Socialista de Maduro, está considerando una ley para limitar las actividades de aquellos que reciben fondos estadounidenses.
Las esperanzas eran altas hace un año cuando Maduro permitió que el PMA realizara una evaluación. Investigadores viajaron por todo el país y elaboraron un reporte que evidenció que más de dos millones de personas padecían inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones la padecían de manera moderada, casi un tercio de la población.
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Hace dos meses, las dos partes llegaron a un acuerdo para la distribución a través de Colombia y planearon comenzar más o menos por este entonces, según las personas involucradas en las conversaciones.
Diego Moya-Ocampos, analista de riesgo político en IHS Markit, aseguró que Maduro usa la comida como palanca de lealtad. “Es una especie de sistema de chantaje vinculado al patronazgo enquistado en los altos niveles del gobierno, que incluyen a las empresas militares y privadas importadoras de productos”, concluyó.
