Venezuela solicitará un nuevo préstamo a la Corporación Andina de Fomento, banco de desarrollo regional, para pagar deuda existente con el banco multilateral; petición cuestionada por legisladores de la oposición, quienes consideran que sería ilegal sin su aprobación.
La CAF está revisando una solicitud de préstamo del Banco Central de Venezuela, respondió la organización con sede en Caracas por correo electrónico. Venezuela está al día con sus obligaciones, afirmó el banco.
Con la mayoría de las fuentes de nuevo financiamiento cerradas por sanciones de EE.UU. y un incumplimiento de bonos internacionales, Venezuela está explorando formas de obtener nuevos créditos, mientras su economía se hunde por quinto año consecutivo y sus ciudadanos luchan contra la hiperinflación y la escasez generalizada. La oposición política, que aún controla una rama del Congreso y fue marginada por el presidente Nicolás Maduro, argumenta que cualquier nuevo préstamo debe ser aprobado por ellos primero.
El gobierno de Maduro está solicitando un préstamo de US$500 millones a la CAF a través de su banco central, dijo a Bloomberg News el parlamentario Ángel Alvarado. Las reglas de la CAF prohíben los préstamos a los bancos centrales "porque son álter egos de los gobiernos" y, por lo tanto, cualquier préstamo requiere aprobación legislativa, explicó. La CAF respondió por correo electrónico que el préstamo de 2017 fue aprobado y que "nada había cambiado".
A pesar de las críticas, el banco aprobó una línea de crédito de US$400 millones para el banco central el año pasado, "con miras a mitigar los riesgos de liquidez” y garantizar la estabilidad de las importaciones en el país, según un comunicado del momento.
Dicho préstamo no será reconocido por los futuros gobiernos, declaró el antiguo jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en un comunicado enviado por correo electrónico. "Significa financiar la represión, la corrupción y las mafias que mantienen a Maduro en el poder", afirmó Borges, quien vive en el exilio en Colombia.
Alvarado agregó que hay una votación sobre la solicitud programada para el martes.
En los últimos años, los legisladores de la oposición han acusado al gobierno de tomar préstamos ilegales para financiar el régimen autocrático de Maduro. También han presionado a instituciones extranjeras para advertir sobre los riesgos de proporcionar financiamiento al gobierno actual.
Para mantener su liquidez, Venezuela depende cada vez más de préstamos de China, Rusia y otros aliados, generalmente vinculados con el acceso a campos petroleros o futuras entregas de crudo. El gobierno central de Venezuela debe US$5.500 millones a acreedores multilaterales, incluidos US$2.000 millones al Banco Interamericano de Desarrollo y US$3.300 millones a la CAF, de acuerdo con Torino Capital.
Fitch anunció en agosto que estaba observando la capacidad de Venezuela para pagar sus préstamos con la CAF, como parte de su evaluación de la solvencia crediticia del organismo. Venezuela representó el 13,6 por ciento de su exposición bancaria total a fines de 2017, según el comunicado del 9 de agosto. Fitch ha asignado una calificación crediticia de AA- a los bonos de referencia denominados en dólares de la CAF.
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