Después de que la mayor parte de un pago de bonos por US$135 millones que se les debía fuera bloqueado por nuevos controles de capital, la mayoría de los inversores en la empresa inmobiliaria argentina IRSA estaban dispuestos a regañadientes a darle espera a la situación.
El país estaba en medio de otra posible crisis cambiaria, después de todo, y los funcionarios se habían apresurado a implementar nuevas reglas de cambio de divisas en un esfuerzo por controlar el peso. Muchos estaban dispuestos a darle al país el beneficio de la duda, esperando que los formuladores de política eventualmente modificaran las reglas que impedían a las compañías pagar sus obligaciones. Pero esa paciencia se ha agotado.
Han pasado más de 80 días desde que se les dijo a los inversores extranjeros que el efectivo que IRSA había reservado para pagar sus deudas no podía ser enviado a sus cuentas en el extranjero debido a los nuevos obstáculos del gobierno. A lo largo del periodo ha habido pocos signos de avance hacia una resolución.
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De hecho, los funcionarios del gobierno han señalado a los tenedores de la deuda que hay pocas posibilidades de que puedan transferir sus dólares al extranjero antes del 10 de diciembre, cuando el gobierno del presidente electo, Alberto Fernández, asumirá su nuevo rol, según personas familiarizadas con las discusiones. Más allá de eso, el panorama es aún menos claro.
La creciente frustración de los acreedores es otra nube oscura que se cierne sobre un país que, si bien enfrenta problemas más apremiantes en este momento, pronto volverá a buscar capital extranjero para revitalizar una economía bajo presión. Alrededor de US$55 millones de los US$135 millones se distribuyeron a los tenedores de bonos locales, según una persona con conocimiento directo del asunto, dejando aproximadamente US$80 millones efectivamente atascados.
“Por el momento, prefiero no invertir allí”, asegura Amos Poncini, un administrador de fondos de CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA en Ginebra, uno de los pocos inversores que habló con Bloomberg después de que se bloquearan los pagos de sus bonos de IRSA. “Incluso si aparecen algunas oportunidades muy interesantes, el impulso y el entorno operativo no son favorables para un inversor internacional tradicional”.
Problemas con el peso
La decisión del presidente saliente, Mauricio Macri, de restablecer los controles de divisas, que habían sido un sello distintivo de las administraciones Kirchner antes de él, sorprendieron a los inversores, quienes se lanzaron al país al principio de su mandato, atraídos por la promesa de un gobierno favorable a los negocios.
Pero el gobierno consideró que tenía pocas opciones después de que una votación de agosto –que señaló que el líder de la oposición, Fernández, tomaría la presidencia– condujera a una caída del peso y alimentara una fuga de capitales de miles de millones de dólares, lo que amenazaba con drenar las reservas extranjeras del país en cuestión de semanas. El Banco Central endureció las restricciones aún más después de la victoria electoral de Fernández en octubre.
Las regulaciones actuales, que limitan los pagos en dólares a entidades extraterritoriales, incluidos los depósitos de valores, podrían afectar otros US$1.000 millones de deuda corporativa pendiente de media docena de compañías, emitida bajo la ley local pero ofrecida a extranjeros, según datos compilados por Bloomberg. Los bonos soberanos han sido exentos de estas limitaciones gracias a una resolución del banco central.
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Algunos de los emisores ya han estado en contacto con inversores extranjeros sobre el problema, según personas con conocimiento del asunto, quienes pidieron no ser identificadas porque las conversaciones eran privadas.
Sin embargo, incluso si finalmente se levantan, el retorno de los controles heterodoxos para el cambio de divisas probablemente tendrá un impacto duradero en la capacidad de las empresas para acceder a los mercados internacionales de capital, según Roger Horn, estratega sénior de mercados emergentes de SMBC Nikko Securities America, en Nueva York.
“El mercado de bonos corporativos nacionales vendidos a inversores extranjeros seguirá muerto durante unos años, hasta que una nueva generación de inversores de mercados emergentes se presente y crea que esta vez Argentina será diferente”, asegura Horn.
Si bien la mayoría de los US$80 millones actualmente se encuentran en cuentas locales en dólares que los administradores de dinero se han visto obligados a establecer, algunos inversores, incluido Poncini, han estado dispuestos a pagar un alto precio para sacar su dinero, reviviendo un método popular entre los operadores durante la primera mitad de la década, conocido como contado con liquidación. Implica comprar ciertos tipos de acciones o bonos en el mercado local con pesos, y posteriormente vender esos valores en el extranjero por dólares.
“Había soluciones y elegimos una de ellas”, dijo Poncini. “Fue molesto, costoso y difícil, como siempre en situaciones especiales, pero posible”.
Sin embargo, el arbitraje es caro y, lo que es más, los principales tenedores a menudo están impedidos para eludir los controles de divisas debido a sus propias políticas internas. Eso dio como resultado que la gran mayoría del efectivo permanezca atascado en Argentina.
IRSA declinó hacer comentarios sobre el estado de su pago de bonos, al igual que los representantes de los depositarios de valores Euroclear y Clearstream. El Banco Central no respondió a una solicitud de comentarios sobre la situación actual de los controles de capital, mientras que un representante del equipo de Fernández no respondió de inmediato a las preguntas sobre las perspectivas a largo plazo de las medidas.
Los funcionarios de Macri son reacios a modificar los controles de divisas para acomodar a los tenedores de bonos, ante la preocupación de que la administración entrante pueda interpretar tales acciones como corrupción, según un administrador de dinero con dólares atrapados en el país, quien cita conversaciones privadas con funcionarios del banco central. Y Fernández ha dado pocas señales de que planee levantar las restricciones una vez asuma el cargo. “Si la administración amigable con el mercado lo hizo, quién sabe” qué podría hacer la próxima, dijo Poncini.
