La pandemia de coronavirus está obligando al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, a expandir los beneficios sociales en uno de los países con los ingresos fiscales más bajos de Sudamérica.
Para eso, el Gobierno paraguayo quiere convencer a hasta 770 mil trabajadores para que abandonen la economía informal y comiencen a pagar impuestos, según el ministro de Hacienda, Benigno López. Formalizar a una mayor parte de la fuerza laboral también haría más fácil que el Gobierno pueda ayudar a la gente durante futuras crisis, dijo.
“Nuestro plan es tener una gran parte de esas personas formalizadas al final del mandato”, en 2023, dijo López en una entrevista telefónica. “Va a tener un impacto tributario importante”.
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Según un proyecto de ley que se enviará a los legisladores ya este mes de julio, los trabajadores informales que se registren ante las autoridades recibirían cuatro pagos mensuales de 500 mil guaraníes (US$73) en virtud de un programa de US$250 millones. A la larga, los participantes tendrían que pagar impuestos o contribuir al Instituto de Previsión Social (IPS) a cambio de beneficios de pensión y atención médica, dijo López. Agregó que el Gobierno también está evaluando la creación de un sistema de seguro de desempleo.
La decisión que tomó Paraguay en marzo de cerrar las fronteras, imponer un estricto confinamiento e invertir dinero en programas sociales y hospitales públicos precarios protegió al país incluso cuando Brasil, su vecino, se convirtió en epicentro mundial de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía paraguaya se contraerá 5% este año, una de las recesiones más pequeñas de la región.
No obstante, obtener ayuda financiera para trabajadores y pequeñas empresas que operan de manera informal sigue siendo un desafío. Datos compilados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) sugieren que, el año 2019, alrededor de 63% de los 2,8 millones de trabajadores no agrícolas del país tenía empleos informales. El estado de las otras 657.300 personas empleadas no está claro.
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Impacto fiscal. El Gobierno podría lograr la formalización de varios cientos de miles de personas, pero la precaria existencia de la mayoría de los trabajadores informales y las débiles finanzas del IPS son importantes desafíos, dijo Fernando Masi, investigador sénior del centro de estudios local Cadep.
“Es bueno que se vaya formalizando la economía”, señaló. Pero “si vamos a formalizar vía IPS sin reformar al IPS”, podría agravarse el problema existente, dijo, advirtiendo que la agencia podría quedarse sin dinero.
Los estados benefactores son caros y, tradicionalmente, Paraguay ha tenido dificultades para generar ingresos, en parte debido a las bajas tasas de impuestos y su gran economía informal. Sus ingresos fiscales como porcentaje del PIB estuvieron entre los más bajos de Sudamérica, con solo 14% en 2018, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
Cualquier otro cambio en el sistema tributario luego de una importante reforma aprobada el año pasado tendrá que esperar hasta que la economía vuelva a ponerse de pie, dijo López.
El Gobierno ya ha pedido créditos por más de US$1.200 millones este año para financiar su respuesta a la crisis. Todavía necesita pedir cerca de US$350 millones en crédito a prestamistas multilaterales, mercados de deuda locales o ambos para completar el plan de recuperación que canalizará US$2.500 millones hacia obras públicas, programas sociales y préstamos hasta fines de 2021, sostuvo López.
Dado que este año el déficit fiscal superará 6% del PIB, el Gobierno solicitará al Congreso que apruebe una nueva ley de déficit el próximo mes con la idea de llegar a 1,5% en cuatro años, agregó López.
MM CP
