El activista anticorrupción Bernardo Arévalo asumió como presidente de Guatemala con más de diez horas de retraso después de que su toma de posesión se viera afectada por duras disputas en el Congreso.
El rey de España y los presidentes de Chile y Colombia estaban entre los líderes extranjeros que aguardaban el domingo mientras los legisladores se insultaban unos a otros. En el centro de Ciudad de Guatemala, furiosos partidarios de Arévalo rompieron una línea de policías antidisturbios cerca del Congreso para aproximarse y exigir que los legisladores permitieran que se llevara a cabo la ceremonia.
Durante gran parte del día, la nación pareció estar al borde de una crisis constitucional, ya que el Congreso se negaba a tomar juramento a legisladores para el período 2024-2028, insistiendo en que los miembros del Movimiento Semilla de Arévalo deben prestar juramento como independientes debido a las investigaciones sobre su partido.
Un nuevo retraso fue causado por una fuerte disputa entre dos listas opuestas de candidatos para encabezar la junta que fija la agenda legislativa, que finalmente eligió a Samuel Pérez, diputado de Semilla, como presidente del Congreso para el próximo año.
La ceremonia de juramento prevista para las 2:00 p.m. tuvo lugar finalmente pasada la medianoche.
El Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos habían respaldado a Arévalo mientras éste enfrentaba reiterados intentos de impedirle asumir el cargo después de su aplastante victoria electoral. Pero la Fiscalía todavía tiene una serie de casos legales pendientes contra él y su partido, que amenazan con perseguir su presidencia entre los años 2024 y 2028.
Arévalo se comprometió a crear una comisión anticorrupción e impulsar el gasto en obras públicas, mientras que su ministro de Economía dijo que el nuevo Gobierno apuntará a una calificación crediticia de grado de inversión dentro de dos años. Pero en una presentación de gabinete el lunes, Arévalo acusó a sus oponentes de una “política de tierra quemada”, diciendo que sabotearían su Administración y le dificultarían gobernar.
Arévalo ha enfrentado reiterados intentos por parte de los fiscales de anular su aplastante victoria en las elecciones del 20 de agosto. En diciembre, EE.UU. impuso sanciones contra casi 300 funcionarios guatemaltecos, incluidos líderes del sector privado y más de 100 miembros del Congreso por “socavar la democracia y el Estado de derecho”.
La Fiscalía alega que su partido, Movimiento Semilla, falsificó firmas y lavó dinero durante su fundación en 2017. También afirman que él y su vicepresidente tenían conocimiento de una toma violenta del campus de una universidad pública, acusándolos de sedición y vandalismo.
La Corte de Constitucionalidad de la nación dictaminó que Arévalo podría asumir el cargo, pero que los fiscales también podrían continuar con sus investigaciones.
Inmunidad presidencial
La Procuraduría General solicitó a los tribunales revocar la inmunidad procesal de Arévalo que se otorga a los funcionarios electos. La solicitud también requeriría 107 votos en el Congreso de 160 miembros, donde su partido tendrá 23 escaños, según Aquiles Faillace, un abogado que ayudó a redactar la Constitución. Si se revoca, el presidente podría ser arrestado y enfrentar cargos.
Los casos probablemente obstruirán la agenda legislativa de Arévalo, dijo la analista política guatemalteca Marielos Chang.
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Grado de inversión
La economía de Guatemala, que tiene un bajo nivel de endeudamiento demostró ser resiliente a la agitación política y se expandirá un 3,5% este año, sin cambios frente al año pasado, según el banco central.
Arévalo nombró al economista Jonathan Menkos como su ministro de Finanzas Públicas. Durante la campaña, Menkos dijo que la Administración apuntaría a mejorar la calificación crediticia de Guatemala fortaleciendo el estado de derecho y combatiendo la corrupción para mejorar la calificación de gobernabilidad del país.
S&P Global Ratings y Fitch Ratings elevaron la calificación del país a BB el año pasado, dos escaños por debajo del grado de inversión. Moody’s Investors Service califica al país con un escaño por encima de Ba1.
Traducido por Bárbara Briceño.
