Los tenedores de bonos provinciales y corporativos de Argentina esperan claridad por parte del gobierno o noticias sobre pagos de deudas que lleguen a cuentas en el extranjero para poder comprender mejor el impacto de los controles de capital implementados este mes.
A última hora del lunes, el Banco Central emitió una resolución para dejar en claro que ningún pago de deuda del gobierno con acreedores en el extranjero tendrá restricciones. Sin embargo, los comentarios no dejaron clara la situación para los inversores de bonos cuasisoberanos y de empresas, lo que aumenta la angustia.
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El Banco Central y la Secretaría de Finanzas continúan en discusiones por la situación de las empresas y los gobiernos provinciales, dijo una persona con conocimiento directo de las conversaciones que no está autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.
"Las provincias y las empresas todavía no tienen suerte", escribió en una nota Florencia Mayorga Torres, analista corporativa de la corredora local TPCG. "Esperamos que el banco central haga cualquier aclaración para evitar que los controles de capital existentes afecten a las empresas que necesitan pagar sus bonos", indicó Torres.
Las provincias de Buenos Aires y Salta tienen pagos de deuda que vencen esta semana, mientras que cerca de US$80 millones depositados la semana pasada por la firma de bienes raíces IRSA para acreedores en el extranjero todavía están en manos de la cámara de compensación local, ya que los controles impiden que los fondos se transfieran.
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Los inversores en deuda en Argentina se han visto muy afectados desde las elecciones primarias del 11 de agosto, donde el candidato promercado Mauricio Macri fue superado por su oponente de izquierda Alberto Fernández por más de 15 puntos porcentuales. Desde entonces, los precios de los bonos se desplomaron a 40 centavos por dólar, las calificadoras de riesgo declararon brevemente al gobierno en incumplimiento debido a una extensión unilateral de los vencimientos de los bonos locales, y ahora los controles de capital complican el movimiento de dinero dentro y fuera del país antes de las elecciones presidenciales del 27 de octubre.
Ley local
En esencia, las transacciones que hasta hace unas semanas eran comunes y rutinarias, ahora son cuestionadas y analizadas tras el regreso de los controles del país.
El otro asunto que los inversores analizan es si el bono en cuestión fue emitido bajo la ley argentina o la legislación extranjera. Las notas bajo la ley de Nueva York, por ejemplo, no deberían enfrentar los mismos problemas que aquellas que rigen los tribunales argentinos.
En el caso de Salta, no debería haber problemas con el pago que se realizó la semana pasada, según una persona con conocimiento directo del asunto. Eso es porque cuando el bono se rige por la ley extranjera y está denominado en dólares, las cajas de valores reciben la moneda extranjera y la pagan directamente, dijo la persona. El bono de Buenos Aires también se rige por la ley de Nueva York.
Todavía no está claro cuándo se pagarán a los acreedores los bonos de IRSA. La empresa de liquidación Clearstream informó a los usuarios que los controles le impedían distribuir los fondos y que hay un límite para las personas no residentes que realizan compras de dólares de solo US$1.000 por mes. Esas notas en dólares se vendieron bajo la ley local.
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Las compañías, sin contar IRSA, tienen US$200 millones en pagos de deuda hasta fin de año, de los cuales menos de US$70 millones están en manos de extranjeros, según una persona con conocimiento directo del asunto.
La agencia local de liquidación Caja de Valores tiene dos mecanismos para transferir pagos en dólares. Los envía a los tenedores locales a través del llamado "dólar MEP". En el caso de los tenedores extranjeros, transfiere los dólares al banco central y luego solicita que este entregue los dólares a las agencias de liquidación. Luego, el banco central debe autorizar la transferencia, llamada "dólar divisa", según la persona.
En este momento, el banco central no permite esa transferencia, agregó la persona. Esto se debe a que el gobierno está preocupado de que una autorización para que esos fondos se transfieran al extranjero pueda permitir la fuga de capitales a través de pagos futuros y afectar las reservas del banco central que se han desplomado desde las primarias.
En tanto, los inversores que necesitan convertir pesos a dólares han recurrido a una operación conocida como “contado con liquidación", que consiste en comprar títulos en pesos para venderlos en dólares en el extranjero.
MS/MC
