Un equipo del gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido conferencias telefónicas con acreedores locales de su deuda en las últimas semanas, así como con tenedores de bonos de Colombia, Argentina y Europa, según personas con conocimiento del asunto.
Importantes inversionistas como Fidelity Investments, con sede en Boston; Goldman Sachs Group Inc. y BlackRock Inc., en Nueva York; y Pacific Investment Management Co., con sede en Newport Beach, California, no están incluidos en las conversaciones debido a las restricciones impuestas por la administración Trump. Portavoces de esas empresas declinaron hacer comentarios.
Las nuevas discusiones reflejan un intento de evitar una ola de demandas de acreedores que exigen el reembolso de los pagos atrasados, junto con la esperanza de que un potencial gobierno de Joe Biden reevalúe las sanciones estadounidenses que han paralizado una reestructuración de deuda de US$ 60.000 millones.
Casi tres años después de incumplir, Maduro comenzó a alejarse de su estilo de socialismo del siglo XXI para adoptar el capitalismo mientras el país se tambalea por la campaña de “máxima presión” de la administración Trump. A principios de este mes, la Asamblea Constituyente —formada por los aliados de Maduro en 2017 para rivalizar con la Asamblea Nacional liderada por la oposición— aprobó la Ley Antibloqueo para abrir más industrias a la inversión privada.
Las nuevas discusiones reflejan un intento de evitar una ola de demandas de acreedores que exigen el reembolso de los pagos atrasados
Una cambiante realidad
Las medidas coinciden con una cambiante realidad en el extranjero: si bien Estados Unidos reunió a docenas de naciones detrás del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a principios del año pasado, la posición del líder de la oposición entre la comunidad empresarial internacional se está debilitando. Gestores de dinero, ejecutivos de negocios y empresarios tecnológicos con dinero en juego en Venezuela están confraternizando cada vez más con el sector de Maduro, según personas involucradas en las conversaciones.
Además, tres de los principales asesores de Guaidó —Ricardo Hausmann, Alejandro Grisanti y José Ignacio Hernández— se han hecho a un lado. Su equipo sufrió una derrota el viernes, cuando un juez federal en Nueva York dictaminó que PDVSA debe perder su participación en la estadounidense Citgo Holding Inc. como resultado de su impago de deuda el año pasado.
Un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela dijo que no había nadie disponible para hacer comentarios. Representantes de la estatal Petróleos de Venezuela, la oficina de prensa de Guaidó y el Comité de Acreedores de Venezuela no respondieron a las solicitudes.
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Una discusión de los tenedores de bonos con el gobierno socialista podría atraer la atención de las autoridades estadounidenses, que han amenazado con sanciones secundarias. De haber nuevos contratos, estos también podrían ser rechazados por una futura administración en Caracas.
Una reestructuración de deuda no es práctica si algunos de los principales acreedores del país, con sede en Estados Unidos, se quedan fuera de las conversaciones debido a las sanciones.
“El universo de empresas, tanto locales como extranjeras, que estarían dispuestas a profundizar lazos con Maduro es probablemente bastante limitado”, escribieron en un informe Risa Grais-Targow y Laura Duarte, analistas de Eurasia Group.
