En el programa “Bienvenido al tren” de Bravo TV, Juan di Natale abrió el debate sobre la reciente desregulación del mercado del gas en garrafas. “La desregulación ya asusta, ¿no? Es una palabra que nos da miedo”, planteó el conductor al presentar a Darío Simonetti, presidente de CAFADIGAS, la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado.
Simonetti describió un panorama crítico para el sector tras la modificación del esquema regulatorio. Según explicó, la medida generó “la proliferación de distribuidores clandestinos”, situación que, además de afectar a más de 220 pymes, deriva en un grave problema de seguridad. “Cualquiera que ponga una camionetita está saliendo a repartir garrafas, lo que lleva a una terrible inseguridad pública”, advirtió.
El dirigente detalló que antes existía una cadena de comercialización controlada —productor, fraccionador, distribuidor—, pero que hoy “cualquiera puede vender el gas”, incluso por debajo del costo del distribuidor habilitado. Esto fomenta la competencia desleal y deja al borde del cierre a empresas familiares del sector. “Corren riesgo más de 3.500 puestos de trabajo”, señaló.
La problemática afecta directamente a los usuarios. Simonetti remarcó que el beneficio económico no llega a los hogares: “Los usuarios no se van a beneficiar, no vamos a pagar más barata la garrafa”. Por el contrario, alertó que la ausencia de controles abre la puerta a acopios ilegales “en lugares indebidos, cercanos a jardines y escuelas”, donde se manipula un producto explosivo sin medidas de seguridad.
CAFADIGAS ya realizó “más de 200 denuncias ante la Secretaría de Energía y distintos municipios”, además de presentar una acción judicial para declarar la inconstitucionalidad del decreto que habilita estos cambios. Sin embargo, aseguran que aún no obtuvieron respuestas efectivas. “No queremos esperar a que haya una tragedia”, insistió Simonetti, recordando casos recientes de explosiones en depósitos clandestinos que pusieron en riesgo a vecinos.
Consultado sobre quiénes se benefician con este nuevo escenario, fue contundente aunque cauto: “Hay tres empresas… por mi gestión no las puedo nombrar”, afirmó, asegurando que la posición dominante queda concentrada en muy pocos jugadores.
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Finalmente, subrayó que la solución sería simple si hubiera decisión estatal: “Es muy fácil poner un inspector en cada planta fraccionadora y se termina muy rápido el tema”. Mientras tanto, el sector advierte que el mercado formal se vuelve cada vez más inviable.
LB/DCQ
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