La alarma llegó a la Justicia de la mano de la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado y sus Componentes (Cafadigas), que reúne a buena parte de la cadena formal y que preside Darío Simonetti. “Modificaron la ley para darle más competitividad al negocio y que ingresen nuevos actores, pero el efecto fue adverso”, sostuvo el titular de la Cámara en diálogo con PERFIL.
En una acción declarativa de inconstitucionalidad, la entidad sostiene que el decreto desarmó de un día para el otro los mecanismos de control que regían sobre un producto inflamable y esencial para millones de hogares sin gas por red, y que el vacío regulatorio habilitó un “descontrol” que habilita posibles accidentes, un escenario que ya se ve en territorio.
A la par de la presentación judicial, la Cámara empezó a documentar un mapa de irregularidades que se extiende por el Gran Buenos Aires conurbano bonaerense, el interior provincial y otras jurisdicciones como la provincia de Corrientes. En cada expediente se repite una escena parecida: garrafas vencidas, cilindros sin trazabilidad, acopios improvisados en viviendas particulares y operadores que ingresaron al negocio sin matrícula ni inspecciones técnicas.
El contexto sensibiliza mucho más el tema: el viernes 14 de noviembre una impactante explosión en un parque industrial en Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas y produjo un incendio de gran magnitud que afectó varias plantas en el llamado “Polígono Industrial Spegazzini”.
“El 47% usa garrafa, el resto Gas Natural. Un auditor de seguridad e higiene nos dijo que para Gas Natural hay cuatro mil inspectores. Para la Garrafa, no llegan a 7. ¿Quién controla? ¿Quién controla la venta a clandestinos? El peligro es ese, hacia la población. No es sólo que explote una casa, hay desgracias terribles, pero ¿vamos a esperar a eso para legislar?”, manifestó Simonetti.
Del DNU al descontrol. Hasta la firma del DNU 446/25 y la Resolución 833/2023, que alteran el sector y modifican la Ley 26.020, que estableció el régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo, la actividad del gas licuado envasado estaba atravesada por un entramado de resoluciones técnicas, registros, inspecciones periódicas y estándares de seguridad que alcanzaban a toda la cadena: fabricantes de envases, plantas fraccionadoras, depósitos, flotas de transporte y bocas de expendio. Esos requisitos implicaban costos adicionales, pero también definían un piso mínimo de seguridad sobre cómo se llenaba, se almacenaba y se distribuía un producto inflamable.
Con la desregulación, buena parte de esa arquitectura quedó desdibujada. El decreto buscó “liberar” el sector y habilitar la competencia plena, en una línea coherente con otras medidas de la gestión Milei. En la práctica, Cafadigas sostiene que ese movimiento dejó un hueco que el Estado no reemplazó con ningún sistema alternativo y que la ausencia de controles fue rápidamente ocupada por operadores informales.
En la Cámara remarcan que el gas envasado no funciona como un mercado de bienes comunes, porque combina un insumo estratégico para los sectores más vulnerables con un producto que exige protocolos de seguridad estrictos. “No es lo mismo vender gaseosas que vender garrafas”, apuntan en el sector cada vez que explican por qué consideran que el decreto fue una “desregulación a ciegas”.
La propia presentación judicial subraya que el Estado renunció a su rol de fiscalizador en un ámbito que, por su naturaleza, requiere intervención: autorizaciones, auditorías, revisiones de válvulas, pruebas hidráulicas periódicas, control sobre depósitos y transporte de cargas peligrosas. Sin ese entramado, advierten, se abrió la puerta a que cualquiera pueda comprar y revender garrafas sin acreditar conocimientos técnicos ni condiciones mínimas de seguridad.
La amenaza de dumping. Frente a ese escenario, Cafadigas decidió plantear el conflicto en sede judicial. La acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Cámara apunta directamente contra el DNU que desreguló el gas envasado y pide que la Justicia declare inválidas aquellas disposiciones que desmantelaron el sistema de control sobre la actividad.
La argumentación tiene varios niveles. El primero es jurídico: la entidad sostiene que el decreto avanzó sobre materias que deberían ser discutidas por el Congreso y que tocó un área que exige un tratamiento legislativo específico. El segundo es técnico: el escrito enumera normas, resoluciones e instructivos que fijaban estándares mínimos y que, tras el DNU, perdieron vigencia o quedaron en un limbo.
La Cámara advierte que, al liberar por completo la actividad y desactivar el control sobre los operadores, el Gobierno generó condiciones de competencia desleal entre las empresas que siguen cumpliendo con exigencias técnicas y los nuevos actores que operan sin esos costos. En los hechos, se configuró un escenario de dumping interno: fraccionadoras que venden a distribuidores informales a precio de dumping y que estos a su vez venden más barato porque no pagan habilitaciones, no realizan inspecciones periódicas, no mantienen flotas reglamentadas y no invierten en depósitos seguros.
La industria calcula que la continuidad del esquema podría derivar en el cierre de plantas fraccionadoras y centros de almacenamiento, con un impacto directo sobre el empleo formal. En Cafadigas estiman que unos 3.500 puestos de trabajo directos vinculados a la cadena del gas licuado podrían verse comprometidos si se consolida la competencia de operadores clandestinos.
“El dumping es que queden dos o tres empresas manejando el mercado y después cobran lo que quieren ¿Como competis? Poniendo más empresas que produzcan. Acá es lo contrario. Donde no hay competencia, los precios siempre son altísimos. El estado debe fijar los precios mínimos y máximos para garantizar la seguridad”, precisó el titular de Cafadigas.
Depósitos truchos y garrafas vencidas. La dimensión territorial del problema se ve con nitidez en el paquete de denuncias que Cafadigas impulsó en municipios de la provincia de Buenos Aires y en Corrientes. Cada expediente reúne actas, fotos e informes elaborados por áreas locales de Inspección, Defensa Civil o Seguridad, y todos coinciden en un punto: después del DNU, aumentó la presencia de operadores que no figuran en los registros formales.
En el conurbano bonaerense, los focos se multiplican. En Moreno, por ejemplo, los inspectores encontraron un punto de venta que operaba en la planta baja de una vivienda, con decenas de garrafas almacenadas junto a materiales combustibles y sin ventilación adecuada. Las garrafas no tenían respaldo de documentación ni certificaciones visibles. En San Miguel, se detectaron camionetas que transportaban cilindros sin ninguna identificación, sin matafuegos y sin habilitación para llevar cargas peligrosas.
En Tigre, la denuncia de la Cámara describe un depósito “camuflado” en una zona residencial, donde se acopiaban más de un centenar de envases en un espacio sin salidas de emergencia ni sistemas antiincendios. En Navarro y Roque Pérez, los informes hablan de comercios que comenzaron a vender garrafas sin haber sido nunca parte del circuito formal, con cilindros de origen desconocido y sin control de pesaje al público.
En el interior bonaerense la escena se repite. En Junín, los inspectores secuestraron garrafas que llevaban más de diez años sin revalidación y sin constancia de pruebas hidráulicas. En Cañuelas, se detectó el uso de un galpón industrial como depósito clandestino de gas envasado, sin habilitación específica para ese fin. En Baradero, las fotos muestran filas de garrafas con signos de corrosión, pintura descascarada y válvulas dañadas a la espera de ser comercializadas.
El mapa se completa con denuncias en Corrientes, donde se señaló la irrupción de distribuidores no habilitados que ingresan garrafas sin documentación, al margen de los circuitos formales.
La defensa del gobierno de la desregulación. La presentación judicial de Cafadigas y el mapa de denuncias municipales abrieron un nuevo capítulo en la discusión sobre la desregulación. Hasta aquí, el Gobierno defendió el DNU bajo el argumento de que la competencia tiende a mejorar precios y eficiencia. Así lo manifestaron a PERFIL, desde Casa Rosada, mientras que desde la Secretaría de Energía negaron los riesgos desatados por la desregulación. La Cámara, en cambio, plantea que el gas envasado no puede ser tratado como un rubro más del comercio minorista, porque involucra seguridad pública, protección de los usuarios y responsabilidad estatal.
