En diálogo con Canal E, Juan Sola, abogado constitucionalista, advirtió que las recientes leyes votadas en el Senado podrían ser vetadas por el presidente por “vicios de forma y de contenido” y que su eventual judicialización no representa una contradicción.
Veto presidencial y legalidad: "No hay contradicción"
En medio de las tensiones políticas y económicas por las leyes aprobadas en el Senado, el constitucionalista Juan Sola dejó en claro que “el veto presidencial no legitima una norma irregular, por el contrario, la desautoriza”. Según explicó, el presidente puede vetar leyes por razones “de política general, por inconstitucionalidad o por irregularidades en su procedimiento”.
“Estamos hablando de una norma que aún no existe como tal. Es apenas un proyecto con media sanción”, advirtió, y explicó que cualquier análisis parte de una hipótesis aún no consumada. Sin embargo, consideró pertinente discutir los posibles caminos. En ese sentido, sostuvo que “el veto no excluye la vía judicial, sino que puede ser parte del mismo razonamiento jurídico y político”.
Además, indicó que “el procedimiento legislativo fue viciado, según los reglamentos de ambas cámaras”, y que, si bien el veto podría ser revertido por mayoría calificada, “el Ejecutivo tiene la posibilidad de acudir a la justicia para declarar inconstitucional la norma”.
Impacto fiscal, coparticipación e inestabilidad monetaria
Sola también cuestionó el contenido de las reformas: “Hay normas que comprometen la estabilidad económica del país, lo cual también es inconstitucional”, advirtió. Señaló que “toda ley con impacto presupuestario debe prever de dónde saldrán los fondos”, tal como establece la ley de contabilidad nacional. En su opinión, “estas leyes aumentan el gasto sin definir una fuente clara de financiamiento”.
En relación a los impuestos, apuntó al intento de coparticipar el impuesto a los combustibles como un ejemplo de desequilibrio: “Es un tributo que afecta más a provincias con mayor actividad económica y que terminaría subsidiando a otras que no lo generan”, explicó. También alertó sobre el uso discrecional de los adelantos del Tesoro Nacional: “Ese mecanismo fue pensado para emergencias, no para generalizarse”.
Según el jurista, todo el proceso responde a una lógica política más que institucional: “Estamos en un escenario electoral y hay un apuro por parte de algunos legisladores por tomar decisiones antes de octubre”. Por eso, remarcó que “aunque los argumentos jurídicos para judicializar existen, los jueces suelen ser renuentes a intervenir en disputas de procedimiento entre poderes”.
“No es una cuestión de debilidad en los fundamentos, sino de prudencia judicial”, aclaró, aunque admitió que “en última instancia, la Constitución obliga al Poder Judicial a intervenir cuando está en juego su supremacía”.
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