Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) proponen incorporar el artículo 184 bis al Código Penal ante una ola creciente de delitos rurales. En este sentido, este medio se comunicó con Adrián Luna Vázquez, secretario general de la entidad, quien advirtió sobre vacíos legales, desprotección de los productores y la necesidad de una respuesta legislativa integral.
Según Adrián Luna Vázquez, la iniciativa apunta a cubrir un vacío legal. “Nosotros lo que proponemos son plantaciones, llámense ganado, que hacía referencia en la instrucción, llámense elementos de labranza en definitiva, cultivos, acopios, etcétera”, explicó. Y agregó: “Todo esto es lo que pasa habitualmente, la gente a veces entra a los campos, destruye y rompe, a veces rompe para robar, por eso está el concepto de para poder causar daño y nada más que por eso”.
Se pretende que la sanción contra los delitos rurales se incorpore al Código Penal
Desde CRA sostienen que muchos de estos hechos no están correctamente tipificados en la legislación vigente. “Todo esto consiste en un vacío legal que nosotros pretendemos que se incorpore, ya sea como incorporación en el Código Penal viejo o aprovechando también que se habla de la del impulso y el Presidente así lo ha mandado al Congreso, del vacío legal, toda esta figura”, señaló.
La propuesta concreta es la incorporación del artículo 184 bis, que contempla penas de prisión. “Tendría prevista la pena de dos o cinco años de prisión”, precisó Luna Vázquez, al detallar el esquema sancionatorio pensado para esta nueva figura penal.
Preocupación por el desamparo de los productores
Más allá de los daños económicos, advirtió que la inseguridad rural pone en riesgo la vida de los productores. “En el medio del campo esto es imposible, la persona que vive en el campo vive prácticamente en una situación de desamparo y a la buena de Dios frente a la acción delictual de este tipo de personas que ingresa de manera intempestiva dentro de los campos y avanza sobre la propiedad y muchas veces sobre la vida”, remarcó.
Para el entrevistado, el problema no se limita a la prevención policial. “En los delitos o en el tratamiento del delito existen distintas instituciones involucradas”, explicó, y detalló que además de la policía intervienen el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
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