La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional entra en una semana decisiva, pero lejos de un escenario despejado. Para el analista político, Carlos Fara, el principal escollo no es estrictamente laboral, sino fiscal. “Sigue habiendo un ruido importante con los gobernadores por un capítulo fiscal que tiene una ley laboral que no tiene nada que ver con la ley”, afirmó, al remarcar que se trata de una ley ómnibus con múltiples temas y fuerte impacto presupuestario.
Fara subrayó que las provincias atraviesan un momento delicado. “Las provincias vienen complicadas en los últimos meses porque se viene cayendo la recaudación nacional”, explicó, y agregó que un nuevo recorte de recursos en este contexto vuelve casi inevitable el conflicto político. Desde su mirada, sin acuerdos ni compensaciones, el desenlace es previsible: “Lo más probable es que ese capítulo de la reforma laboral se caiga aunque se apruebe la ley en general”.
Gobernadores en alerta y negociación abierta
Fara consideró que los mandatarios provinciales adoptarán una postura firme. “Pensar en la posibilidad de que haya un nuevo recorte este año, en estas circunstancias, para los gobernadores es muy complicado”, señaló, marcando el límite político que enfrenta el oficialismo. Aunque no descartó nuevas reuniones, insistió en que el tiempo apremia y que el margen de maniobra es reducido.
Aun así, dejó abierta la puerta a un entendimiento. “Todavía tenemos exactamente una semana hasta que supuestamente trate el recinto, creo que en el medio pueden pasar cosas”, sostuvo, aunque volvió a enfatizar que la tendencia negativa de la recaudación condiciona cualquier negociación.
Un Senado sin números asegurados
De cara al debate en sesiones extraordinarias, Fara fue categórico sobre la debilidad parlamentaria del Gobierno. “Hoy no puede asegurar que tenga primero el quórum y a partir de eso la aprobación”, advirtió. Según su análisis, resulta llamativo que el Ejecutivo confíe en reunir los votos cuando ni siquiera logró avanzar con el Presupuesto meses atrás.
El punto más sensible, para el analista, es la falta de definiciones claras. “Cualquier gobernador va a querer ver esa letra en el papel antes de mandar a sus senadores a dar quórum”, afirmó, anticipando que la discusión será “dura” y que el escenario sigue siendo incierto.
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