Las irregularidades del Fondo Indígena comenzaron a investigarse en 2015. Ese año, la Contraloría detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes. El daño económico inicial se estimó en 71 millones de bolivianos, unos 10 millones de dólares.
Auditorías posteriores elevaron el número de proyectos observados a más de 1.000. El perjuicio total superó los 182 millones de dólares, según informes oficiales.
Patrones de pagos irregulares y falta de controles
Los reportes detectaron desembolsos sin respaldo técnico, pagos a cuentas personales de dirigentes y fraccionamientos contrarios a norma. También se aprobaron proyectos sin documentación básica o sin verificación de avance.
Este esquema debilitó el control público y afectó la credibilidad del Fondo Indígena, que debía financiar iniciativas productivas en áreas rurales.
El año electoral que agravó el colapso
En 2014, un año electoral crucial, el Fondo tenía deudas por más de 310 millones de bolivianos. Aun así, se aprobaron desembolsos por 575 millones. Denuncias posteriores afirmaron que parte de esos recursos habría sido usada para actividades políticas.
La presión pública llevó a la intervención del organismo en 2015.
La denuncia de Aramayo y su impacto nacional
El caso tomó fuerza tras la denuncia interna de Marco Antonio Aramayo, entonces director del Fondo. Él alertó sobre proyectos fantasma y presuntos desvíos sistemáticos.
Su procesamiento y su muerte bajo custodia generaron un debate nacional sobre responsabilidades institucionales y sobre el uso político de la justicia.
La investigación que involucra a Arce
La causa que hoy alcanza a Luis Arce deriva de su rol en el directorio del Fondo cuando era ministro de Economía. La Fiscalía investiga si existieron omisiones o autorizaciones que facilitaron los desvíos.
Según fuentes judiciales citadas por medios locales, Arce habría autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares. Entre ellas, la de la ex diputada Lidia Patty, hoy detenida.
Uno de los mayores escándalos de corrupción del país
El Fondo Indígena administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Entre 2006 y 2014 manejó más de 3.197 millones de bolivianos, unos 460 millones de dólares.
Su directorio incluía varios ministerios, entre ellos el de Economía, además de organizaciones sociales afines al MAS. Ese diseño buscaba integrar a sectores indígenas, pero terminó generando un sistema con controles débiles y alta discrecionalidad.
Un arresto que profundiza la crisis interna del MAS
La detención ocurre mientras el Movimiento al Socialismo enfrenta una fractura interna entre los sectores de Evo Morales y Luis Arce.
La ofensiva judicial amplifica la tensión política y reconfigura el escenario en un momento de fuerte incertidumbre institucional en Bolivia.
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