En entrevista con Canal E, el especialista en economía de la salud Dr. Martín Morgenstern analizó los alcances de la Ley 27.797, denominada Ley Nicolás o Ley de Calidad y Seguridad Sanitaria, promulgada recientemente y que entrará en vigencia el 6 de abril del próximo año.
“Esta ley promueve una visión sistémica y define conceptos relacionados con los servicios de salud, como calidad de atención, seguridad del paciente y gestión de calidad sanitaria”, explicó Morgenstern. Según indicó, la norma distingue entre eventos adversos evitables y no evitables, con el objetivo de reducir la mala praxis y mejorar los estándares de atención.
Más educación sanitaria y control de calidad
El especialista destacó que uno de los ejes centrales de la norma es fomentar la educación sanitaria para que los ciudadanos puedan tomar un rol más activo en el cuidado de su salud. “La ley compromete a los prestadores a brindar información para que las personas puedan tomar control de su propia salud”, señaló.
Además, el texto impulsa la creación de protocolos de atención que estandaricen la respuesta de médicos, enfermeros y personal sanitario frente a distintas patologías. “También trabaja sobre la dotación y las guardias, que deben tener racionalidad y asegurar que los profesionales estén en condiciones óptimas para atender a los pacientes”, agregó Morgenstern.
Selección del personal y registro nacional de incidentes
Otro punto clave que subrayó el economista es el fortalecimiento de los procesos de selección del personal de salud. La ley establece que se consulten bases de datos de antecedentes de prestadores y se crea un Registro Único de Eventos Adversos (RUDEC).
“Este registro permitirá identificar a quienes tengan antecedentes por eventos sentinelas, lo que representa un control mayor de calidad sobre quienes brindan servicios de salud”, explicó el especialista.
El desafío de la implementación: ¿adhesión de las provincias?
Morgenstern advirtió que la aplicación real de la norma dependerá en gran medida de la adhesión de las jurisdicciones subnacionales. “Todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deben adherir a la ley. Si no lo hacen, no aplicará en casi ningún lado”, puntualizó.
En esa línea, consideró que aún persisten dudas sobre si habrá capacidad para regular y fiscalizar lo que la ley propone. “Hay quienes sostienen que sin una norma reglamentaria que la ponga en marcha, esta ley podría quedar en un papel de buenas intenciones”, reconoció.
Riesgos legales y perspectivas a futuro
El especialista advirtió, sin embargo, que la ley podría tener efectos judiciales incluso antes de su aplicación plena. “Los jueces pueden usar el contenido de esta ley para fallar en contra de instituciones que no cumplan sus disposiciones. Es como una espada pendiente”, señaló.
Para Morgenstern, el impacto real dependerá de si se logra convertir las buenas intenciones en mejoras concretas. “Veremos si se trata solo de un listado de buenas intenciones o si realmente llega a algo práctico, útil para los pacientes y el sistema de salud en su conjunto”, concluyó.
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