La ley de inocencia fiscal surge como una herramienta para incentivar la regularización de ahorros no declarados, en un contexto donde el Gobierno busca que los llamados “dólares en el colchón” ingresen al circuito formal. Según explicó la tributarista Fernanda Laiún, “lo que busca la ley de inocencia fiscal es facilitar a aquellos que hayan tenido algún ahorro en el pasado”, especialmente cuando esos fondos provienen de ingresos que ya tributaron pero quedaron fuera del sistema por presión impositiva.
Laiún detalló que durante años, el impuesto sobre los bienes personales generó un incentivo a retirar activos del sistema: “eso fue generando un drenaje hacia afuera del sistema de ahorros de fondos que habían pagado impuestos cuando se cobraron”. En ese marco, la nueva normativa intenta revertir esa lógica.
Un “tapón fiscal” de tres años
El punto central del régimen es el llamado “efecto liberatorio del pago”. Si el contribuyente presenta correctamente su declaración jurada 2025 —incluyendo ingresos, gastos y sin inconsistencias— y paga en término, obtiene un beneficio clave: “no te la pueden venir a revisar”, afirmó Laiún.
Esto implica que el fisco solo podrá reabrir esa declaración si detecta inconsistencias relevantes. Incluso en caso de diferencias, si no superan el 15%, “no tenés que pagar la diferencia y se da por buena la del año 2025”. Además, el esquema genera un efecto retroactivo: “no te pueden revisar ni 2024 ni 2023, te hace como un efecto tapón de tres años”.
Otro aspecto relevante es la simplificación: el contribuyente declara ingresos y gastos, pero no detalla patrimonio ni consumo. Esto abre la puerta a blanquear indirectamente activos: “nadie te puede venir a preguntar de dónde sacaste esa plata”, explicó.
Confianza fiscal y límites del sistema
Laiún definió el espíritu del régimen como un cambio de paradigma: “es ir a un esquema un poco más de confianza hacia el contribuyente”, donde el foco está en el flujo de ingresos y no en el stock de riqueza. Sin embargo, aclaró que esta flexibilidad tiene límites: montos desproporcionados podrían activar controles por otras vías.
Respecto a la seguridad jurídica, sostuvo que el esquema tiene mayor solidez que blanqueos anteriores: “este sistema de la parte legal no tiene objeciones”, lo que podría generar mayor confianza entre los contribuyentes.
En cuanto a los montos, la especialista reconoció que el tope de beneficios previos —como los USD 100.000 sin penalidad— puede resultar insuficiente para grandes patrimonios. “Para cifras grandes tenemos que estar pensando en un próximo blanqueo”, señaló, y agregó que este tipo de medidas suele repetirse en la historia argentina.
En definitiva, la ley de inocencia fiscal busca equilibrar dos objetivos: ampliar la base tributaria y reducir la litigiosidad. Como sintetizó Laiún, “si vos me declarás bien tus ingresos y tus gastos, yo cierro los ojos y dejo que tu patrimonio se mueva sin explicaciones”.
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