El debate sobre la Ley de Lobby comenzó a instalarse en la agenda pública con el objetivo de regular la representación de intereses ante las autoridades. Para el contador y socio de consultoría de BDO Argentina, Carlos Rozen, la discusión constituye un avance institucional que acerca a la Argentina a los estándares de los países con mayor transparencia.
"Lo primero que vamos a decir es que bienvenidos a este debate en Argentina porque, al igual que otros temas que caracterizan a los países más desarrollados y con menos niveles de corrupción, el lobby es una de esas actividades que, aunque mucha gente tal vez asocia la palabra con algo negativo, es eminentemente positivo cuando está bien articulado”, explicó
La importancia de regular la representación de intereses
Rozen explicó que el lobby cumple una función clave al permitir que distintos sectores de la sociedad acerquen información especializada a quienes toman decisiones públicas. En ese sentido, remarcó que los legisladores no pueden conocer en profundidad todas las actividades económicas, sociales o científicas.
"El lobby que viene a representar la representación de intereses... cuando resulta necesario explicar algo para gestionar algún interés, ahí está el lobby, que tratado de manera transparente, honesta e íntegra, es una muy buena herramienta a nivel mundial”, sostuvo.
El especialista señaló que esta interacción puede ser fundamental para abordar temas complejos, como nuevos medicamentos, proyectos de infraestructura o regulaciones específicas, siempre que exista un marco de transparencia.
Los desafíos del proyecto de ley
Respecto del texto enviado al Congreso, Rozen advirtió que todavía existen aspectos que requieren mayor precisión. Entre ellos, mencionó la necesidad de diferenciar la representación de intereses comunitarios de aquella vinculada a empresas con fines comerciales.
"Argentina presenta muchos desafíos... no está bien definido el concepto del lobby, entonces pareciera ser igual la representación frente a las autoridades públicas de una comunidad... que de una empresa que tiene un interés comercial”, mencionó.
También cuestionó algunos puntos de la iniciativa, como el sistema de inscripción de los lobbistas y la exclusión del Poder Judicial del alcance de la norma. "Lo ideal es que exista un doble registro y que haya algo de tecnología para hacer cruzamiento automático”, aclaró.
Finalmente, consideró que existen inconsistencias regulatorias en el proyecto, especialmente respecto de la posibilidad de aplicar sanciones penales por incumplimientos administrativos. "La falta de registración de un lobbysta merezca una sanción penal... está bastante reñido con los usos y costumbres regulatorios”, concluyó.
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