El sociólogo Roberto Corne analizó en diálogo con Canal E los posibles indultos que trascendieron en el entorno del presidente Javier Milei. Según explicó, el instrumento ya fue utilizado en el pasado y tuvo consecuencias profundas en materia de derechos humanos.
En ámbitos legales y técnicos del Gobierno se estaría evaluando la utilización del indulto presidencial, en una fecha cercana al 24 de marzo, cuando se conmemoran 50 años del golpe militar.
Antecedentes históricos del indulto en Argentina
Corne realizó una síntesis histórica desde el retorno de la democracia en 1983, tras la derrota en la Guerra de Malvinas. Recordó que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se impulsaron juicios a las Juntas militares y se establecieron distintos niveles de responsabilidad.
En ese contexto se dictaron normas como la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, que limitaron el alcance de los procesos judiciales por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.
Según explicó el sociólogo, cuando Carlos Menem asumió la presidencia, avanzó con indultos que beneficiaron tanto a integrantes de las Fuerzas Armadas procesados como a los denominados “carapintadas”.
El indulto como herramienta política
Para Corne, el indulto fue el mecanismo que terminó de interrumpir procesos judiciales en marcha, ya que “borra el cumplimiento de la pena”, incluso cuando existían condenas firmes.
El sociólogo sostuvo que el instrumento no representó una solución estructural y que su aplicación en el pasado generó fuertes debates en la sociedad argentina.
El 24 de marzo como fecha simbólica
En la entrevista se mencionó que la eventual medida podría anunciarse en torno al 24 de marzo, fecha que conmemora el inicio de la última dictadura militar. Corne calificó esa posibilidad como una “provocación” por la carga histórica y simbólica que representa.
Críticas al actual Gobierno
Corne cuestionó duramente al actual oficialismo y afirmó que la utilización del indulto no sería una novedad en la política argentina, sino la reedición de una herramienta aplicada en los años noventa.
Además, señaló que el debate no se presenta como una discusión jurídica aislada, sino como parte de una disputa más amplia sobre la memoria, los derechos humanos y el legado del terrorismo de Estado.
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