Es uno de los referentes de los equipos técnicos del Frente de Todos y uno de los candidatos a integrar el próximo gabinete del presidente electo Alberto Fernández. Es que su nombre suena como ministro de Salud, junto al de sus ex alumnos Pablo Yedlin y Arnaldo Medina. Ginés González García dirigió la cartera sanitaria durante el gobierno de Néstor Kirchner. Durante su gestión se publicó la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que luego se actualizó en 2010 y 2015, ya bajo el nombre de Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
La actualización 2019 del Protocolo fue publicada el último miércoles en el Boletín Oficial. Sin embargo, en medio de una polémica, el Ejecutivo nacional derogó ayer por decreto la Resolución 3158/2019 porque había sido publicada por la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, “sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos”. La medida motivó la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, a solo 18 días del traspaso de mando.
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Consultado sobre si el gobierno de Fernández piensa avanzar en un Protocolo similar al derogado por Macri, González García –presidente honorario de la Universidad Isalud– aseguró que no tiene ninguna duda. “Nosotros queremos transparencia en la Argentina, que la información llegue a quien tiene que llegar. Esto (el Protocolo) es explicitar cómo debe proceder el equipo de salud y cómo se deben respetar los derechos de las personas. Lo de Macri es oscurantismo, una fantochada, un mamarracho”.
—¿Cuál es su opinión sobre la derogación del Protocolo?
—Es una cosa insólita. El Ejecutivo argentino, desde el presidente hasta los ministros, no quiere que se cumpla con la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La actualización del Protocolo de atención de las personas con derecho a la ILE es un tema que viene desde hace años. Los protocolos son normas de procedimiento para determinadas cuestiones que tienen que ver con la salud de las personas. Es una guía exclusivamente para que los equipos de salud sepan qué hacer. Se actualiza porque aparece nuevo conocimiento, en el caso de este protocolo, algunas drogas nuevas de acuerdo con lo que determina la OMS para la ILE por medicamentos. Y, por supuesto, como el último Protocolo se había hecho en 2015, anterior al Código Civil y Comercial, lo que se incorporaba son algunos aspectos de ese Código vinculado a la protección de la salud de las menores y de las mujeres con discapacidad, las cuales están incluidas dentro de la Ley.
—Se mencionó cierta controversia con la inclusión de la objeción de conciencia...
—Van a buscar alguna excusa de ese tipo. Pero la actitud de este Gobierno siempre fue en contra del Protocolo. El anterior no tiene ninguna de esas cosas y la gobernadora (María Eugenia) Vidal echó a su ministra de Salud (Zulma Ortiz) simplemente por adherirse al Protocolo nacional. La derogación repite un gesto de este Gobierno, que está en contra de que una Ley de hace 100 años sea de pleno ejercicio y que sea aplicable en todos los casos. Porque hay provincias que tienen dificultades para que la Ley se cumpla. Esta actitud del Ejecutivo naturalmente incrementa eso, porque le genera miedo a todo el equipo de salud de cómo proceder ante una ILE.
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—¿Cree que fue una decisión unilateral de Rubinstein, como dijo Macri?
—He sido ministro de Salud y nunca se me ocurrió preguntarle a nadie cuando saqué una resolución. Una resolución es atributo de los ministros. Un Gobierno que se ha caracterizado por su incompetencia e ineptitud, imáginese si hay que preguntarle al Presidente cada resolución. Cuando hice el Protocolo en 2007 no le pregunté a nadie porque era simplemente un instrumento para hacer cumplir la Ley. No era que estaba cambiando la Ley o agregando nuevos derechos, ni incluyendo ninguna otra innovación que mejorar la información para que los equipos de salud procedieran de acuerdo con la Ley.
—¿El gobierno de Alberto Fernández piensa avanzar con un Protocolo similar?
—No tenga ninguna duda. Nosotros queremos transparencia en la Argentina, que la información llegue a quien tiene que llegar. Esto (el Protocolo) es explicitar cómo debe proceder el equipo de salud y cómo se deben respetar los derechos de las personas. Lo de Macri es oscurantismo, una fantochada, un mamarracho. Convertir una práctica de salud y el acceso a un derecho –nada menos que a mujeres violadas– en un combate de este tipo es una cosa inconcebible.
—Los últimos días salieron publicadas en el Boletín Oficial resoluciones que incorporan al PMO varias prestaciones como anticonceptivos de larga duración y tratamiento hormonal para personas trans. ¿Esto condiciona al próximo gobierno?
—Nadie puede estar en desacuerdo con la incorporación de nuevas prestaciones. El problema de este Gobierno es que hizo un desastre de la economía argentina, por lo cual el sistema de obras sociales y el PAMI están desfinanciados. No pueden pagar hoy lo que deben pagar y están acumulando deudas graves. Después de no haber hecho nada y no haber cumplido con cosas tan esenciales como las vacunas, se les ocurre dinamitar el PMO agregando los últimos 15 días una cantidad de prestaciones que no tienen asegurado financiamiento. Ya lo que tiene que dar el sistema, no tiene cómo pagarlo. Con lo cual si no es mala intención o no es entorpecer el futuro, es irresponsabilidad absoluta de los gobernantes.
—¿Le propuso Fernández ser ministro de Salud?
—No. Yo voy a estar seguro pero no sé donde.
—¿Qué medidas urgentes se deberían tomar?
—Cómo recomponer la idea de salud pública, pero sobre todo cómo hacer que el sistema no se caiga. El sistema está en un momento muy grave, está al borde de un colapso, está dejando de pagar en tiempo, está dilatando los pagos, está no comprando. Esta maniobra que están haciendo de incorporar nuevos prestaciones –muy loable pero que no hay cómo pagarlas– o es una irresponsabilidad o es una incompetencia o es una mala intención para entorpecer aún mas al próximo gobierno.
Piden ‘urgente’ aprobación
El decreto publicado ayer que deroga la resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud N°3158/2019 detalla que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) no fue consultado al respecto del contenido de la misma.
Ante la información, la titular del INAM, María Fabiana Tuñez, aclaró: “Si bien es cierto que formalmente el INAM no fue consultado, ello no implica oposición de fondo en cuanto a su contenido. En virtud de ello, solicito al jefe de Gabinete que arbitre los medios necesarios en forma urgente para garantizar la aprobación del Protocolo contenido en la citada Resolución, el cual consagra derechos a todas las mujeres, niñas y adolescentes. Toda vez que la cuestión de fondo no ha sido observada, entiendo que las inconsistencias de forma pueden resolverse sin más dilaciones”.
“El Protocolo en cuestión se basa en lo que ya es legal en Argentina desde 1921 y en los fundamentos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L de 2012”, aseguró.
Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el colectivo Socorristas en Red y profesionales médicos repudiaron la derogación de la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tras considerar que dicha resolución “era un paso adelante para subsanar desigualdades en las provincias”, además de “actualizar normativas nacionales e internacionales”.
También desde la Fundación Húesped lamentaron la anulación de la resolución. “Esta contramarcha resultaría una provocación que no hace más que amedrentar a los efectores de salud y estimular los abortos clandestinos. Un manoseo de esta magnitud resulta inadmisible cuando lo que está en juego son muertes evitables. El derecho a la salud no acepta retrocesos”.
