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Acelerar en la curva

Alberto Fernández y Martín Guzmán.
Alberto Fernández y Martín Guzmán. | CEDOC

A diferencia de lo que ocurre con las encuestas que proyectan resultados, las elecciones los muestran desnudos, pero las interpretaciones de las causas del comportamiento de la ciudadanía pueden ser diversas. Detrás de cada voto hay más o menos intensidad en la decisión o factores que terminan empujando la decisión de votar una lista en lugar de otra.

Eso ocurrió con la derrota electoral que en casi todo el país sufrió la coalición gobernante: más que un cómodo triunfo de la oposición, lo que más llamó la atención fue la poda de votos que tuvo en sus principales bastiones electorales comparado con 2019 y 2017. Si eso fue un voto castigo o al menos la escudería del Frente de Todos dejó de ser un imán para “poner a la Argentina de pie”, tal como rezaba el eslogan de la última campaña presidencial, las explicaciones van desde la pandemia a la brutal recesión que se profundizó en 2020. De todos modos, en el primer caso el avance en el proceso de vacunación al menos actuó sobre el último eslabón de esa cadena de dilaciones en que quedó envuelto algo que demostró ser la forma más eficaz de bajar los contagios y la mortalidad. Pero en el banquillo de los acusados, parte del oficialismo, expresado a través de las cartas misiles de la vicepresidenta y los audios de la economista y diputada Fernanda Vallejos, prefirió sentar a la política económica ejecutada por el equipo económico “albertista”. Esta suerte de “fuego amigo” ponía como motor de la pérdida del caudal electoral haber optado por una política restrictiva en el gasto, una suerte de traición a la muletilla de “poner plata en el bolsillo de la gente”.

En términos de política económica, el malo de esta película con final triste fue la corrección del rumbo que tuvo que hacer Martín Guzmán en noviembre del año pasado, cuando el dólar blue tocó los $ 190 y la brecha cambiaria llegó a ser del 120%, con una inflación creciente y casi sin reservas para contener un espiral inflacionario y una eventual corrida cambiaria-bancaria. La inflación, que alcanzó este verano picos de 4,8% mensual (60% en proyección anual) pudo irse morigerando hasta terminar el mes pasado en 2,5% (todavía en 50% interanual) y que apuntaba a un 43% para todo 2022 en las proyecciones de los economistas.

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Si había algún atisbo de resistencia por parte del Gobierno para no volcar a la calle más pesos para revertir el resultado electoral, pareció diluirse en medio de las pujas internas por el poder de esta semana. No hay mucho tiempo para corregir el rumbo, pero lo más efectivo es un paquete de medidas que abarquen una resurrección del IFE, auxilios a empresas en dificultados, bonos para jubilados, subas en el salario mínimo y continuar con tres anclas inflacionarias: el control de precios, el retraso del tipo de cambio oficial y la no actualización de las tarifas de los servicios públicos.

Los agentes económicos ya tomaron nota y en la semana el Banco Central apagó el fuego incipiente del mercado cambiario con US$ 140 millones, llevando a más de US$ 900 millones en el último mes, cuando, casualmente la política expansionista previa a las PASO era un hecho. Porque a diferencia de lo que sostienen los detractores de las “recetas neoliberales” de Guzmán, en este trimestre, el Gobierno abandonó la política restrictiva con que pudo domar el fantasma de un desborde financiero general. Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral, calcula que la política expansionista actual ya alcanzará los $ 700 mil millones y el pago de la deuda remunerada a los $ 370 mil millones, lo que equivaldría a 9,9% del PBI del tercer trimestre, contra 9,6% del mismo período del año pasado. ¿Alcanzarán las reservas internacionales para alimentar la sed de dólares provocada por semejante expansión, ahora reafirmada por la nueva épica electoral?

Por si acaso, el Gobierno ya abrió el paraguas. En una resolución de la AFIP y la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa (SIECyGCE), que entró en vigencia el viernes 17 de septiembre, se amplió de 10 a 60 días el plazo en el cual los organismos competentes podrán pronunciarse respecto a la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Es decir, como ocurría con el eufemismo de las Dejai, se pisan las importaciones justo en el tiempo en que las divisas empezarán a drenar con mayor rapidez.

Un límite que la política intenta eludir, pero cuando lo choca conoce su fuerza inapelable. Sin audios, sin cartas, a puro cliqueo, la memoria activa rápidamente los mecanismos de defensa de ahorros y patrimonios que esta semana ya se activaron.