1. Las Fuerzas Armadas
La leva de anclas inicia la navegación. Si no hay timonel ni capitán, el barco va a la deriva. Imagen ordinaria y elemental para indiciar el modo en que se percibe con frecuencia a nuestro país. Es un lugar común decir que el país está a la deriva.
Hablar de deriva puede hacerse de múltiples maneras. No me refiero a una falta de conducción debida a políticas erradas, sino a una realidad de otra índole. Es una deriva estructural que se debe a una falta de anclaje –para seguir con la imagen naútica–. Se trata de la formación del Estado nación.
Nuestra nación se constituye como tal desde 1880. Marca su territorio, impone sus fronteras y asume el control de la fuerza pública. Lo hizo a partir de la acción del Ejército que, después de la Guerra del Paraguay y de la Campaña del Desierto, diagrama los límites de la república con la superficie que conocemos hasta hoy.
El orden conservador no es democrático, no incluye a las mayorías, se constituye por un acuerdo entre las elites. El yrigoyenismo es el primer intento democratizador que es abortado rápidamente. No supera los 14 años de ejercicio. Desde ese momento, la política en la Argentina se administra bajo la tutela militar hasta el gobierno de Alfonsín. Uriburu, Justo, Perón fueron militares y siempre tuvieron la protección de las Fuerzas Armadas. Desde 1955, el Ejército siguió activo, a veces gobernando y otras interviniendo cuando el conflicto entre fuerzas políticas llevaba a un callejón sin salida.
El Ejército fue la válvula de escape de dilemas irresueltos que paralizaban a la sociedad argentina con mayor o menor violencia. Se hablaba de las Fuerzas Armadas como la “reserva moral” del país, y en otras ocasiones se garantizaba que las urnas estuvieran bien “guardadas”. Siempre hubo sectores de la sociedad civil que golpeaban a la puerta de los cuarteles, los mismos dirigentes políticos lo hicieron. Desde los radicales, en tiempos de la proscripción del peronismo, hasta los peronistas enamorados de los carapintadas.
Las Fuerzas Armadas dejan de ser un factor de poder después de la derrota de Malvinas, y son apartadas de cualquier intento de rearme y retorno con la acción de Carlos Menem al anular el servicio militar obligatorio después de la muerte del soldado Carrasco y la represión del levantamiento de un sector del Ejército liderado por Mohamed Seineldín.
El gobierno de Raúl Alfonsín fue el primer intento de modificar el anclaje del Estado nación antes sostenido por las Fuerzas Armadas. Se constituye desde el año 1984 como autoridad política en el marco de un gobierno y una república organizados por tres poderes autónomos protectores de garantías y derechos de los ciudadanos. En su discurso, Alfonsín recita el Preámbulo.
Duró no más de tres años, momento en que perdió el monopolio de la fuerza pública y dependió del beneplácito de las Fuerzas Armadas. Esta corrosión en el mando civil debilitó la posibilidad de gobernabilidad bajo leyes constitucionales y forzó la salida del presidente antes de tiempo.
2. República parlamentaria.
Carlos Menem y Néstor Kirchner son investidos como presidentes luego de que gobiernos elegidos constitucionalmente fueran derrocados. El anclaje estructural que intentó mantener la unidad del Estado nación en sustitución de las Fuerzas Armadas, basado en la división de poderes bajo ley constitucional, estaba severamente dañado.
Carlos Menem y Néstor Kirchner gobernaron bajo un orden republicano con el respaldo inesperado de recursos financieros; uno bajo ingresos de capitales golondrina y préstamos del FMI, que se tradujeron en una ingente deuda externa, el siguiente por el abaratamiento sideral del gasto fiscal luego de la crisis de 2001 y del aumento del precio de las materias primas a nivel global. El primero con el dominio financiero de los EE.UU luego de la caída del Muro, en 1989, y Kirchner con el crecimiento del megamercado chino necesitado de alimentos. Dos poderes, dos fuentes de financiación, que permitieron políticas distributivas sin por eso anular los bolsones de pobreza ni sentar las bases de un modelo productivo sustentable.
No puede haber neoliberalismo ni populismo sin la financiación dependiente de un orden mundial dominado por las principales potencias. Nuestro país siempre estuvo integrado al mundo de una o de otra manera, más allá de cómo se entienda el significado de la palabra soberanía.
Tampoco pudo haber existido el peronismo sin el capital acumulado por la Segunda Guerra Mundial, ni menemismo sin el Consenso de Washington, ni kirchnerismo sin necesidad de alimentos. Es la realidad de los países periféricos con o sin delirios de grandeza.
La escasa posibilidad de que un gobierno republicano sea el ancla de la unidad que posibilita la existencia de un Estado nación no es una exclusividad argentina. Lejos de serlo, la existencia de gobiernos republicanos con un poder legislativo activo es una rareza histórica de la modernidad.
Invento anglosajón del siglo XVII organizado contra la monarquía absoluta para limitar la codicia de los poderes centrales, adaptado por Francia luego de la derrota de 1870, manteniendo la tradición de una fuerte presencia del Ejecutivo, ha sido un sistema nunca del todo aceptado ni por los alemanes desde Bismark a Adenauer, ni por otras culturas políticas ajenas a su sello de origen, desde la Rusia de Putin a la Italia de Berlusconi.
Con la reforma constitucional de 1994, nuestro país pretendió darle a la figura presidencial una tela de protección ante los vaivenes de la política y el rápido desgaste de su investidura, con la figura del jefe de Gabinete, inspirada en el papel del primer ministro en las repúblicas parlamentarias. El problema que impidió que esta figura pudiera funcionar en nuestra tradición política se debe a que un primer ministro –protagonista principal de la política y coordinador del programa de gobierno– no deja de ser una figura contingente, transitoria, que depende del visto bueno de congresales que, si votan en contra de sus propuestas o le retiran la confianza, debe llamar a elecciones. De perderlas, se retira. En nuestro país, la primera figura de la política no parece aceptar estas condiciones limitativas y, por lo general, pretende no solamente ser reelegido sin fecha de vencimiento sino una especie de inmortalidad en vida.
Por eso los jefes de Gabinete son, al decir de Mao, tigres de papel. En nuestro país, el fuerte de la política nacional no se va y, si es débil, lo van.
3. Estados débiles y/o fracasados.
¿Qué es lo que mantiene unido al Estado nación argentino? No fueron las Fuerzas Armadas las que durante el siglo XX mantuvieron la existencia del Estado nación –apenas una válvula de escape que terminaba en un nuevo encierro– sino un país del que ellas formaban parte que, hasta 1920, tuvo un ímpetu productivo excepcional y luego prosiguió, por inercia, con momentos de alza y otros de baja, en una curva descendente que se aceleró después de la experiencia desarrollista.
Fuerzas Armadas poderosas tampoco aseguran que un Estado nación con el monopolio de la fuerza pública controle los focos de violencia. En América Latina, hay países en que las Fuerzas Armadas siguen siendo un factor de poder, se las toma en cuenta; cuando hay climas de desestabilización, se las consulta, pero la violencia urbana, las guerrillas serranas y el narcotráfico no son fenómenos azarosos sino resultado de la existencia de grupos organizados.
Durante los años 90 se hablaba de Estados débiles, con referencia a los Estados que no podían asegurar sus propias fuentes de financiamiento por tener una moneda de circulación solo local, sujeta a hiperinflaciones, y una economía exportadora de bienes primarios de naturaleza extractiva. Fue un leitmotiv del menemismo para legitimar las relaciones carnales.
Después de las Torres Gemelas, se rebautizó el esquema con el nuevo nombre de Estados fracasados; son aquellos que no pueden controlar sus fronteras y no tienen el monopolio de la fuerza pública. Están a merced de grupos terroristas y del narcotráfico. Un gobierno parlamentario con ejércitos débiles, que no controla la violencia interior, con una policía corrupta, fronteras porosas, un Estado desfinanciado, no tiene un problema de “grieta”, ni solo de una ausencia de “hegemonía” a la Gramsci, ni lo tiene por la existencia de la presión y de los intereses de las corporaciones y otros oligopolios, sino por un peligro de desestructuración del Estado nación.
¿Por qué es importante que el estabilizador del Estado nación sea una república parlamentaria como garante de un proceso democrático? La democracia es un invento político que tiene la función de neutralizar en lo posible el poder de los dos elementos que deciden la vida de los individuos y la propiedad de las cosas: las armas y el dinero. A quien tiene ambos le es fácil elaborar un relato que legitime su dominación porque puede comprar voluntades, amedrentar infieles y hacer callar disidentes.
El problema de la seguridad no se resuelve con políticas distributivas progresivas porque la violencia no parte de la pobreza sino que llega a ella por medio de organizaciones armadas con fuerte financiamiento. El ilegalismo clandestino en la actualidad ya interviene activamente y no espera que un nuevo Estado de bienestar se instale para beneficio de amplias mayorías.
Ni se resuelve con una mano dura que crea un clima de terror, fusila y emplea la tortura. La tolerancia cero no sirve, es un espejismo. En nada daña a los grandes grupos delictivos que actúan impunes mientras se patrullan las calles. No hay otra salida que un orden constitucional sólido que a su vez controle fuerzas de seguridad profesionales con el imperio de la ley.
En nuestro país se ataca este tipo de orden con una violencia verbal de amplio espectro. Desde la prédica del lawfare, sostener que el Poder Judicial no sirve para nada, que la Corte Suprema es una vergüenza, que los políticos roban, que la prensa es mercenaria, que las redes sociales son un cúmulo de bulos y fraudes, que tenemos un Congreso de parásitos, todo esto contribuye a que armas y dinero sean invitados al ágape y se lleven lo que queda.
Me refiero a un fenómeno anarquizante que no es el de la anomia, menos el del negacionismo o el de la desobediencia civil, no atañe solo a la vigencia de la ley ni a la conducta de los individuos, sino a la estructura misma del Estado nación. En nuestro país, entre los clubes de fútbol que tienen barras bravas armadas, sindicatos que tienen sus propias falanges, fuerzas de seguridad privadas de decenas de miles de agentes armados dispuestos a horas extras, policías provinciales y federales que hace tiempo son un problema sin solución y un narcotráfico cuya dimensión y acción cada día se descubre a pesar del ocultamiento oficial, la relación entre armas y dinero es una bisagra cada vez más cerrada.
La pregunta es: ¿quién gobierna? ¿Quién garantiza la unidad nacional y la estructura consolidada del Estado nación? El ritual de votar cada dos años no garantiza la solidez de una estructura Estado nación, ni siquiera su gobernabilidad.
Se dice que el kichnerismo tiene la función de dique de contención de los millones que habitan el conurbano bonaerense, en donde reside casi con exclusividad su poder. De rajarse esta estructura de contención, se puede llegar a desnudar ese frágil andamiaje que por ahora impide lo que se llamaba un fenómeno de libanización o balcanización. El dicho de que “solo el peronismo puede gobernar en nuestro país” ha sido resignificado por el kirchnerismo. De la reconocida pericia de saber negociar con los poderes vigentes pasa a controlar las organizaciones de los excluidos del sistema salarial.
Después de dos presidentes derrocados, y un actual mandatario que oficia por delegación no del pueblo sino por obra y gracia de una jefa política que solo formalmente lo secunda, y no siempre, el ancla del que hablamos, el estabilizador institucional en sus variantes históricas, no parece estar en la nave llamada Argentina.
*Profesor emérito de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires.
