Esta semana estuvo plagada de actividades alrededor del 28 de septiembre, día de acción por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. En Argentina, es el primer año que lo celebramos con la ley de IVE. Algo importante y trascendental pero que nos mantiene en lucha, porque la ley es un gran paso pero debe ser una realidad para todas las mujeres, niñas y personas gestantes que lo requieran, y eso todavía no se logró.
Aún existen múltiples y diversas formas de resistencia, desde la de las autoridades provinciales que no la reconocen plenamente hasta la de los profesionales que tampoco la acatan y hacen diferentes maniobras para evadirla. Pasando por los distintos niveles de autoridades y funcionarios hasta las distintas unidades del sistema de salud que la evaden. Por eso el activismo no cesa. Porque sabemos que las leyes llevan su tiempo para lograr ser implementadas plenamente.
Pero para lograrlo necesitamos que quienes son responsables de las políticas públicas, especialmente de salud, asuman esa responsabilidad. Esto abarca a los tres subsectores del sistema de salud: el público, el de la seguridad social u obras sociales y el privado. Esto hay que recordarlo porque hay algunos que parecen olvidar o no entender que una política publica es de cumplimiento en todos los efectores, sin importar a qué subsector pertenezcan.
Y esto llega a los profesionales de la salud, especialmente los médicos, que actúan en los distintos subsectores y que son los últimos eslabones de la cadena de responsabilidad. Ellos son piezas claves porque actúan en uno y/o los tres subsectores y no pueden tener formas diferentes de atención. El desafío es quién controla esta atención. En un sistema fragmentado como el del país, las personas usuarias son las principales en las que recae este control. Por eso difundir el derecho en el público en general, y en especial en mujeres, niñas y personas con capacidad de gestación, es fundamental.
En estos días de septiembre se realizaron campañas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Este año la campaña #puedodecidir, impulsada por once organizaciones de la sociedad civil lideradas por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, junto al Ministerio de Salud de la Nación y el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), fue un aporte, uno de los cinco videos informa sobre la IVE.
Destinada especialmente a adolescentes y fundamentalmente realizada en forma virtual por la situación de la pandemia, llegó a todo el país y fueron los propios adolescentes y jóvenes los que la difundieron, como señala la nota el domingo, en 50/50, de Clara Fernández Escudero. Porque, por año, alrededor de 72 mil nacimientos son de madres adolescentes y, si bien se observa una disminución, no ocurre en las menores de 15 años, algo muy preocupante porque en la mayoría de los casos son resultado de abusos sexuales.
Otra campaña que se lanzó esta semana fue la “Campaña regional de la semana de prevención del embarazo no intencional en niñas adolescentes menores de 15 anos”, que promueven agencias de Naciones Unidas de la región junto al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Esta campaña señala las uniones tempranas de las niñas de la región, que favorecen el embarazo precoz, además de ponerlas en riesgo de mayor violencia de género y otros impactos negativos de estas uniones tempranas.
La conclusión de ambas campañas que se basan en estudios e información oficial de los países es la necesidad de asegurar el acceso a la información de chicas y chicos; para eso, la Educación Sexual Integral en las escuelas y los servicios de salud accesible para adolescentes es imprescindible, además de otras condiciones. Esta deuda se debe saldar en el país, esperemos que los cambios de gestión no afecten estos programas.
