Detrás del repliegue oficialista con la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego, se encuentra una secuencia política más profunda.
La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar ambos capítulos constituye mucho más que un repliegue táctico frente a la falta de votos en el Senado. Expresa el momento en que una iniciativa que parecía avanzar con relativa fluidez encontró un límite político impuesto por una resistencia social que logró alterar la correlación de fuerzas.
En términos institucionales, la explicación inmediata es conocida: el oficialismo no reunía los apoyos suficientes para aprobar uno de los capítulos más controvertidos del proyecto y optó por retirarlo para preservar el resto de la ley. Sin embargo, esa explicación resulta incompleta.
La pérdida de respaldo parlamentario no surgió en el vacío, sino que fue precedida por un proceso de politización que se desarrolló principalmente fuera de los canales tradicionales de la representación institucional y política tradicional.
Toda resistencia colectiva posee un momento de condensación, un hecho capaz de articular demandas dispersas y convertir preocupaciones latentes en una causa común. En este caso, ese punto de inflexión puede identificarse en el enorme impacto simbólico que produjo la bandera «Las Malvinas son Argentinas» desplegada por la selección nacional durante el Mundial.
Aquel gesto, surgido por fuera de la dinámica partidaria y parlamentaria, reintrodujo en el centro del debate público la cuestión de la soberanía nacional en un momento en que el Gobierno impulsaba una profunda desregulación sobre un recurso estratégico como la tierra.
A partir de ese acontecimiento comenzaron a multiplicarse los pronunciamientos de organizaciones sociales, sindicatos, movimientos campesinos, organismos ambientalistas, centros de excombatientes de Malvinas, universidades y distintos actores políticos que rechazaron la eliminación de la Ley de Tierras.
La discusión dejó de ser un asunto técnico sobre inversiones para transformarse en un debate acerca de quién controla el territorio, los recursos naturales y la renta agraria. Esa acumulación de rechazos elevó el costo político de la iniciativa y terminó repercutiendo sobre numerosos gobernadores y legisladores que comenzaron a revisar el respaldo inicialmente previsto al proyecto.
La bandera de Malvinas puede interpretarse como un acontecimiento político en la medida en que desbordó el significado deportivo para transformarse en un símbolo
Desde esta perspectiva, la marcha atrás del oficialismo no puede reducirse únicamente a una derrota parlamentaria. El Parlamento fue el lugar donde finalmente se expresó una modificación de la correlación de fuerzas cuyo origen se encontraba en la sociedad. La secuencia confirma que, en determinadas coyunturas, la política institucional deja de ser el espacio donde se produce la iniciativa y pasa a registrar transformaciones generadas previamente por la movilización social.
Esta lectura encuentra un interesante punto de contacto con la noción de acontecimiento desarrollada por Alain Badiou. Para el filósofo francés, los grandes cambios políticos no emergen de manera lineal ni como simple resultado de la administración institucional del conflicto. Surgen a partir de un acontecimiento inesperado que rompe las coordenadas existentes, inaugura nuevas posibilidades y obliga a los actores políticos a redefinir sus posiciones. El acontecimiento no crea automáticamente una nueva realidad, pero abre una secuencia en la que aparecen sujetos colectivos capaces de sostener una verdad política antes impensada.
La bandera de Malvinas puede interpretarse como un acontecimiento político en la medida en que desbordó el significado deportivo para transformarse en un símbolo alrededor del cual se reorganizó una resistencia social que excedió ampliamente los circuitos tradicionales de la política. La movilización no nació en el Congreso: llegó al Congreso después de haber ganado legitimidad en el espacio público.
El conflicto tampoco se limita a la nacionalidad de los propietarios. Lo que se encuentra en disputa es el control de un recurso estratégico cuya renta constituye una fuente central de poder económico y político. La tierra no es una mercancía cualquiera: concentra agua, biodiversidad, minerales, infraestructura, producción agropecuaria y capacidad de planificación territorial.
La apertura irrestricta al gran capital internacional supone fortalecer procesos de concentración patrimonial y reducir los márgenes de intervención pública sobre activos fundamentales para el desarrollo nacional.
Por ello, la retirada de ambos capítulos representa una derrota táctica del Gobierno, y que, como advierte Gramsci al que la ultraderecha lee con fervor, la dirección política depende de la capacidad para construir consenso en la sociedad civil antes que de la posesión del poder institucional.
Cuando ese consenso se fractura, incluso gobiernos con fuerte iniciativa legislativa se ven obligados a retroceder.
Adicionalmente, la experiencia deja una enseñanza política de alcance más general: las transformaciones decisivas rara vez comienzan en los recintos parlamentarios ni bajo los formatos de representación política tradicionales.
Suelen nacer de acontecimientos imprevistos que logran condensar demandas dispersas, producir nuevas identificaciones colectivas y desplazar el sentido común dominante. Sólo después de ese proceso la política institucional registra, muchas veces con retraso, una correlación de fuerzas que ya ha comenzado a modificarse en la sociedad.
* Director de Consultora Equis.
