En medio de tantas denuncias y videos que muestran la corrupción que rodea a personas políticas e influyentes dentro y fuera del gobierno, perdemos la capacidad de visualizar otras noticias que no son de índole policial, ni están vinculadas a las fuerzas de seguridad, pero son mucho más graves y afectan aún más la estructura social. Estas son la evolución de la pobreza y de la desigualdad.
Según el Indec, en el primer trimestre del 2026 se registra un deterioro de la situación social, con un leve aumento de la desigualdad. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre se amplió 15 veces. A su vez, el coeficiente de GINI, que mide la desigualdad, aumentó 15 veces alcanzando el valor de 0,442. En el periodo anterior fue de 0,435. Este indicador se caracteriza por su cierta estabilidad sin cambios bruscos, por eso el Indec publicó una serie considerando el cuarto y el primer trimestre desde el 2023. Los datos fueron: en el cuarto trimestre del 2025 fue de 0,427 y en el del 2024 de 0,430. Si se consideran los primeros trimestres del año, fue de 0,442 en 2026, de 0,435 en el 2025, de 0,467 en el 2024 y de 0,446 en el 2023. La desigualdad no mejora en estos años, registra oscilaciones, pero persiste en valores similares.
En el primer trimestre del 2024 se registró el valor más alto, que corresponde a los cambios realizados por el nuevo gobierno al comienzo de su gestión. Luego no consigue mejorar la desigualdad. Esto se debe a diferentes causas vinculadas a la estructura laboral, la elevada informalidad, que no solo es alta en las mujeres, sino que aumentó debido a la destrucción de empleo que se registró junto al cierre de empresas desde diciembre del 2023, que se acompañó del aumento del trabajo informal donde se refugiaron los desempleados.
La dificultad de generar trabajo formal se potencia frente a un gobierno que promueve el desarrollo de la minería y de empresas que no generan empleo masivo. Esto frente al cierre de industrias como la construcción y el comercio, generadoras de empleo masivo. Lo más preocupante es que esto se está constituyendo en una situación estructural y no una crisis transitoria. Si bien se observa una recuperación de los ingresos medios de los hogares es muy desigual. La mayor proporción la captaron los hogares de ingresos medios y altos, mientras que los de menores ingresos captaron mucho menos. Por eso algunos especialistas señalan que el género y la precariedad laboral son los principales determinantes de la desigualdad.
Cabe entonces atender a la información sobre la pobreza en el país. Esta se mide en relación con la capacidad de las personas y las familias de cubrir las necesidades básicas y es evaluada por el Indec semestralmente, no por trimestre. El Indec publicó el ingreso promedio que aumentó en el primer trimestre de este año. En base a esto en la Ciudad de Buenos Aires, según la información oficial, el porcentaje de personas que no pueden cubrir las necesidades básicas aumentó del 19,9% en el 2025 al 21,1% en primer trimestre 2026. La indigencia pasó del 6,2% al 8,9 %. Esto implicó una nueva contracción de la clase media. El 39,6% de los hogares pobres no tiene ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos, mientras que en los no pobres alcanzó el 50,8%, en los sectores medios y el 13,8% en los con ingresos altos. Esta diferencia evidencia el impacto que la desigualdad refleja en la pobreza.
Mientras esta última es posible equilibrarla con aportes complementarios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros subsidios, la desigualdad requiere políticas públicas que deben adoptarse para que desaparezcan las causas que la perpetúan. Este es el desafío que el Gobierno nacional debe enfrentar, pero no vemos que haya por ahora ninguna voluntad de hacerlo.
Por el contrario, las políticas económicas que plantea tienden a profundizar la desigualdad basadas en el género y en la estructura laboral. En tanto continua el cierre de empresas y el aumento de la pérdida de empleos formales y crece el trabajo informal como refugio de los nuevos desempleados. Y en simultáneo se promueven solo el desarrollo de empresas en el área energética y extractivista y se eliminan impuestos a los grandes inversores. La situación de desigualdad se agravará. La eliminación de impuestos a estos inversores es lo propuesto en los foros de desarrollo, donde se plantea la conveniencia de aumentar los impuestos a estos grandes inversores como mecanismo de equilibrar la balanza y permitir una mejor distribución de la riqueza. El sistema tributario es una gran ayuda para construir un país más equitativo.
En nuestro país avanzamos profundizando la desigualdad. El camino hacia la equidad no necesariamente atenta contra el equilibrio fiscal como lo plantea el gobierno. Este es el gran desafío pensando en la elección del 2027.
