Cuando usamos la expresión “viva la Pepa”, nos referimos a un estado de desorden o descontrol, pero en realidad esta frase se origina en los liberales españoles que promovían la adhesión a la Constitución de Cádiz, la que se conocía como “la Pepa” por haber sido promulgada el día de San José.
Aquí, ambos sentidos pueden ser aplicados, ya que hay desorden en la educación y en ese desgobierno pierden el estudiantado y la sociedad toda. Pero también es cierto que la propuesta de ley ómnibus nos lleva a considerar planteos que afectan premisas constitucionales.
Los postulados constitucionales de autonomía y autarquía universitaria son pilares sobre los que se funda la idea de universidad, por ser una garantía frente a la posibilidad de intromisión en la universidad, particularmente en el dictado de sus propias normas políticas, organizativas y especialmente en actividades académicas y científicas. La autarquía supone la posibilidad de autoadministrarse. Si la autonomía es una victoria del liberalismo, ya que fomenta libertades y pensamiento crítico, verla como amenaza es un error.
La legislación adopta –y se sostiene en– que toda persona con título secundario puede ingresar a la universidad, y la universidad entonces debe nivelar sin excluir, pero una ley no puede decirle a la universidad si tiene o no que tomar un examen o a quién. Eso es inconstitucional.
Nuestra universidad precisa una nueva ley, pero no cambios antojadizos
Esta propuesta pareciera no considerar que en el mismo proyecto se promueve un examen final en el secundario. La ausencia de unidad en la propuesta general es llamativa. ¿Qué sentido tiene un examen para salir y otro para entrar al nivel educativo siguiente? Claramente no hay una mirada del sistema educativo como tal, en donde la educación media debe tener por lo menos tres premisas básicas: construir ciudadanía, formar para el trabajo y habilitar la prosecución de estudios superiores.
Otro tema crucial vinculado a la autonomía son los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad. En el mundo la tensión entre la autonomía y el aseguramiento de la calidad se resolvió con la incorporación de procesos de autoevaluación, como instancias previas a la mirada externa. Esto permitió consolidar la evaluación institucional y hoy se propone eliminarlo. Grueso error, porque para las comunidades la autoevaluación es decisiva para la mejora.
Además, se pasa de períodos de seis a diez años, lo que carece de referencia internacional, evidenciando la voluntad de facilitar las cosas a quienes, en períodos razonables, no pueden acreditar mejora y calidad. En la línea de pérdida de rigor se plantea la posibilidad de evaluación por comisiones de pares, sin mayores detalles ni precisiones, como vía paralela a la Coneau, la que debe mejorar, pero en su haber tiene más de veinte años de experiencia.
En términos presupuestarios, se proyecta establecer criterios para la distribución del aporte estatal. Hay que recordar que el Consejo Interuniversitario Nacional desde hace décadas cuenta con pautas para el presupuesto coincidentes con algunos indicadores propuestos, por lo que su participación es necesaria.
Aquí el tema es el Gobierno ya que, mientras propone el presupuesto, con la llamada planilla “B” otorga suplementos caprichosos a algunas universidades. A esto se suma la discrecionalidad en la asignación de fondos extrapresupuestarios, permitiendo disciplinamiento o condena, como el caso de Formosa, por osar disentir con Insfrán.
La universidad argentina precisa una nueva ley que permita potenciar la academia, investigación, extensión e internacionalización en un marco de autonomía, democracia, responsabilidad social, planeamiento estratégico y rendición de cuentas, y vaya de la mano con las transformaciones que está teniendo el mundo del conocimiento, siempre dentro de la Constitución, y no cambios antojadizos, si no es un viva la Pepa.
*Miembro del Consejo de Gobierno de Unesco-Iesalc.
