En medio de una recesión que no cede, el Gobierno clama por alguna buena noticia de la economía. Se la generará el freno al aumento de las tarifas, que le dará un respiro temporal al hacer que el índice de inflación se acerque al cero por ciento. Sin embargo, para tener una noción más ajustada a la realidad habrá que esperar a que se computen los nuevos aumentos tarifarios en las mediciones.
La reunión informativa que el vapuleado ministro de Energía, Juan José Aranguren, mantuvo con las asociaciones de consumidores el jueves no terminó bien. Las internas políticas y los intereses cruzados volvieron a agitar viejos fantasmas. Ese es el pensamiento de muchos de los participantes que salieron de ese encuentro convencidos de que el kirchnerismo había metido la cola. El expediente de la audiencia pública se fue completando con la información necesaria para que en la audiencia que se celebrará la semana próxima todos los asistentes tengan los datos para poder tener en ella una participación activa. Las transportadoras y distribuidoras de gas ya respondieron al pedido y aportaron lo que tenían mientras que el Gobierno, por su parte, hizo pública la nueva propuesta tarifaria.
De lo que se anunció se desprende que esa propuesta implica reducir los subsidios, elevando así el precio que pagan los consumidores del gas en boca de pozo, que pasará de 1,30 a 3,42 dólares el millón de BTU, para luego actualizar esa cifra hasta llegar a 6,78 dólares en 2019. ¿Cuál fue el problema, entonces? Al menos tres de las asociaciones de consumidores presentes se quejaron porque consideraban que –de acuerdo con su interpretación del fallo de la Corte– debía quedar explicado en el expediente cómo se llegaba a esos valores de gas en boca de pozo. Esta interpretación no fue compartida por el ministro, quien arguyó que eso no era necesario. Pedro Busetti (titular de Deuco) insistió con el tema y agitó el ya de por sí duro temperamento de Aranguren, quien entonces le preguntó: “¿Usted, qué es lo que quiere?”. La respuesta resultó obvia: “Queremos un tiempo razonable para juntar y analizar toda la información”. En medio de un clima de tensión creciente, el ministro retrucó: “Los tiempos son razonables; si usted quiere impugnar la audiencia, hágalo”. Luego de este cruce, Aranguren se levantó y abandonó la sala. “Le están buscando el pelo al huevo –dijo uno de los representantes de los consumidores–; la información está y la audiencia se tiene que hacer; lo que ocurre es que están operando sectores afines al kirchnerismo que buscan volver a judicializar la cuestión para complicar al Gobierno”. Otros vieron en esta actitud la mano de Patricia Vaca Narvaja, ex subsecretaria de Defensa de la Competencia y ex embajadora en México en la era K.
En cambio, el oficialismo respiró con alivio en el asunto de la tarifa de electricidad. El fallo de la Corte, que no convalidó las cautelares que pusieron freno a los aumentos, no sólo le terminó dando al Gobierno aire político sino que también le va a permitir ahorrar unos 4 mil millones de dólares. El déficit está en la base de la problemática situación económica.
Este es un factor que complica al Gobierno, como también lo complica la dinámica de los hechos que no concuerdan con sus pronósticos ni con sus expectativas. El segundo semestre avanza y todo marcha más lentamente de lo previsto. Un ejemplo de ello es lo que está pasando con el blanqueo de capitales. Ante los 20 mil millones de dólares previstos por alguno de los economistas del oficialismo, lo que se ha blanqueado hasta ahora representa la nada misma. Por eso aflora la necesidad imperiosa de destinar fondos para reactivar la obra pública.
La consecuencia del parate económico es el aumento de la conflictividad social. En el horizonte está ya el anuncio de un paro general convocado por todas las centrales sindicales para octubre. El Gobierno no debería subestimar este hecho.
Sin respiro. Donde tampoco parece no haber resuello es en el affaire que tiene como uno de sus protagonistas a Juan José Gómez Centurión. Nadie en el Gobierno sabe bien por qué el ex titular de la Aduana salió a denunciar, ante la jueza María Servini de Cubría, la existencia de barriles que contenían 250 kilos de pseudoefedrina en uno de los galpones de almacenamiento ubicados en el aeropuerto de Ezeiza. La jugada tuvo un golpe de efecto tan fuerte como efímero ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a desmentir a Gómez Centurión, asegurando que ésa era una información que ya estaba en su poder desde hacía tiempo. La reacción de Bullrich fue cantada. La denuncia de Gómez Centurión la había dejado en una posición desairada.
Lo peor para Mauricio Macri fue que quien quedó en el medio de esta disputa fue él, que había salido a respaldar al ex militar con varios gestos claros. En verdad, el jefe de Estado le hizo saber a su entorno que se sentía arrepentido por haberlo removido de su cargo. En ese sentido, María Eugenia Vidal tuvo una conducta distinta: ante la grave denuncia contra el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, realizada por Elisa Carrió, quien lo vinculó con el narcotráfico, la gobernadora pidió las pruebas que servirían de respaldo y anunció que, si éstas se hacían patentes, procedería a la remoción del funcionario. “Al Presidente no le gustó lo que pasó porque lo hizo quedar muy expuesto”, aseguró una fuente que conoce los detalles de lo ocurrido. Tan fuerte fue el contrapunto entre Bullrich y Gómez Centurión que hizo que lo que debió haber sido un logro resonante para el Gobierno terminara siendo un verdadero papelón.
Fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad y a la AFIP señalaron que no terminaron de comprender la jugada, pero unos y otros coincidieron en aseverar: “La verdad, no estamos acostumbrados a trabajar con estos muchachos. La Aduana era un nido de víboras entre corruptos espías y algunos oportunistas; ahora estamos tratando de que no nos piquen”.
El servicio de inteligencia representa un dolor de cabeza para este y para cualquier otro gobierno. La desvirtuación de sus objetivos y el uso de sus estructuras para llevar adelante tareas de espionaje político de la más baja estofa lo han transformado en una fuente de corrupción y de negociados. Primigeniamente, el Presidente había evaluado la posibilidad de disolver la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Lo cierto es que, así como funciona, la AFI no brinda ningún servicio útil ni para el Gobierno ni para el país.
El episodio entre Bullrich y Gómez Centurión es uno más de la seguidilla de internas que viene complicando la gestión de Macri. Una cosa son los matices; otra, muy distinta, las internas. Los matices enriquecen una gestión. Las internas, la paralizan. El Presidente debería advertirlo cuanto antes.
Producción periodística: Santiago Serra.
