Los efectos de las medidas sanitarias encaradas para atender el avance del coronavirus han venido a profundizar el ya complicado panorama económico general del país y, como cabría esperar, las dificultades que atravesaba su mercado de trabajo. Durante 2019, se acentuó la tendencia declinante de la actividad productiva, ya iniciada un año antes, lo cual impactó sobre el empleo y las remuneraciones. El desmejoramiento del frente laboral durante ese año no se reflejó en la tasa de desempleo ya que era, a fines del mismo, similar a la de un año atrás (alrededor del 9%). A su vez, se produjo un aumento importante del empleo total –algo menos del 3%–. Es, sin embargo, el desmejoramiento de la calidad de la estructura ocupacional el rasgo que denota las crecientes dificultades laborales. A lo largo de 2009 se prolongó y acentuó la caída de la cantidad de puestos asalariados formales, registrados en la seguridad social, mientras que se expandió significativamente la de trabajadores por cuenta propia, incremento que debió concretarse en puestos de baja calificación e ingresos; en menor medida también creció la cantidad de asalariados no registrados. Por lo tanto, todo aquel aumento del empleo correspondió a estos dos últimos grupos de trabajadores entre los que son muy elevadas la precariedad, la rotación laboral y las bajas remuneraciones. Tal deterioro en la calidad del empleo, junto con un nivel de ocupación total creciente, sugiere al menos dos procesos (que ya caracterizaron otros episodios recesivos). Por un lado, algunos de quienes perdieron un empleo formal pasaron a ocuparse informalmente. Por el otro lado, un flujo significativo de personas que no participaban del mercado de trabajo a fines de 2008 habría decidido comenzar una actividad, aun informal, especialmente como cuenta propia, ante la pérdida de empleos, o la disminución de las remuneraciones, que experimentaron otros miembros de su hogar. El mercado laboral de 2009 (y en alguna medida, también en 2008) fue un típico caso en el cual la informalidad actuó como alternativa al desempleo.
La cuarentena y otras medidas sanitarias se dan, entonces, en un mercado laboral con más desempleo que hace dos años y con una estructura ocupacional en la cual solo el 47% corresponde a asalariados formales, un 26% a asalariados informales y un 27% a independientes. De este último conjunto, alrededor del 80% son cuenta propia no profesionales, de oficio. A su vez, las remuneraciones reales han venido deteriorándose y, si se toma en cuenta solo las formales, ellas se contrajeron en 6% en 2019, que se adiciona a la caída del año anterior (5%), lo cual hace que el salario promedio de fines de 2019 sea el más bajo en los últimos diez años. El salario mínimo ha perdido aproximadamente un tercio de su valor real desde su registro máximo a fines de 2011.
El aislamiento social obligatorio ha desnudado y exacerba no solo las significativas dificultades del mercado laboral argentino, sino las enormes desigualdades existentes en su interior. Inicialmente, los menos afectados serían los trabajadores de los sectores exceptuados (alrededor de un tercio del empleo privado) y de los otros sectores que pueden desarrollar tareas desde sus hogares y, en general, los asalariados formales de empresas medianas y grandes. Algunos de ellos, sin embargo, como los trabajadores por cuenta propia de ciertas actividades particulares y/o zonas podrían experimentar una merma en sus remuneraciones en tanto se verifiquen reducciones de las ventas ante las restricciones de movimiento y el comportamiento de los consumidores en un contexto de elevada incertidumbre. En el otro extremo se encontrarían los cuentapropistas y asalariados informales de los sectores no exceptuados, quienes no tienen chances de generar ningún tipo de ingresos. Por lo tanto, el “mecanismo de ajuste” comentado previamente frente a la pérdida de empleo asalariado formal se debilita o desaparece en esta coyuntura. Por su parte, los obreros y empleados formales de las actividades no exceptuados estarían más protegidos (algunas medidas y normas reforzarían la probabilidad de no ser despedidos), pero sus remuneraciones podrían sufrir recortes nominales. Estimaciones preliminares dan cuenta de que alrededor del 40% del total de los ocupados enfrenta algún riesgo de pérdida de empleo.
Pero además de considerar este escenario inmediato, asociado a los impactos de “primera vuelta” del aislamiento social, cabría analizar algunas posibles repercusiones que podrían darse más allá de abril. Lo que suceda hacia ese momento dependerá, entre otros factores, de las decisiones de las políticas sanitarias. En caso de prolongarse la cuarentena, la disminución de los ingresos que se verificaría en un primer momento afectará también la demanda de algunos de los sectores exceptuados, agudizando la contracción. Si en cambio ella se va flexibilizando, también se verificaría un movimiento en sentido contrario / positivo derivado de la mejora –aunque paulatina– de los ingresos de trabajadores de sectores que pasan a ser exceptuados.
Ampliar y reforzar los programas de transferencia de ingresos y sostenimiento de empleo asalariado es entonces un objetivo prioritario el que ya se ha incorporado al conjunto de medidas que el Estado está poniendo en práctica. Una relativamente lenta vuelta a la normalidad –la respuesta que aparece como más esperable– llevará a que este apoyo que se brinda a los hogares que enfrentan los mayores riesgos se extienda en consonancia con el ritmo de flexibilización.
Pero los impactos negativos que tendrán estos meses de actividad restringida sobre una economía y una estructura distributiva que ya era muy insatisfactoria a principios del año hará aún más imprescindible el logro de consensos acerca de las acciones que posibiliten un sostenido crecimiento en el marco de la atención prioritaria a la pobreza y la inequidad.
*Universidad Nacional de General Sarmiento.
**Instituto Interdisciplinario de Economía Política.
