La falta de independencia judicial en Argentina no es novedad. Desde la renuncia del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el Poder Ejecutivo impulsó una serie de medidas que comprometen la independencia de la Justicia: la cuestionada propuesta de Roberto Carlés como juez de la Corte, la supuesta ampliación del número de integrantes del máximo tribunal, las presiones para que renuncie el juez Carlos Fayt, entre otras, dejan entrever las intenciones del Gobierno de controlarla.
En este contexto se enmarca la nueva ley de subrogancias. La forma de designación de los jueces es relevante para garantizar su independencia. La Corte, en el caso “Rosza”, sostuvo que en la designación de subrogantes debían participar los tres órganos que, según la Constitución, seleccionan a los jueces –el Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado–. Sin embargo, la nueva ley vulnera esta jurisprudencia ya que permite la selección de subrogantes por la sola decisión del Consejo de la Magistratura, el cual hoy está controlado por una mayoría afín al oficialismo.
Adicionalmente, los subrogantes que están en funciones y que representan al 20% de la Justicia, no tienen garantizada su estabilidad. Si bien la reforma de 2013 dispuso que los jueces provisorios debían removerse por juicio político, el Consejo optó por desoír esta normativa.
El caso de Luis María Cabral, suplente de la Cámara de Casación Penal, da cuenta de este incumplimiento. Aunque su designación fue cuestionada por no cumplir la normativa legal, su destitución irregular tenía un fin claro: reemplazarlo por un juez cercano al Gobierno.
El nuevo sistema de designación de jueces provisorios, combinado con la falta de estabilidad de los subrogantes actuales, significa que el Consejo podrá remover a los últimos y reemplazarlos por magistrados afines a sus intereses políticos. La magnitud de estos problemas motivó la creación de la Coalición para la Independencia Judicial, integrada por organizaciones de la sociedad civil. La independencia judicial está en crisis, y por eso es necesario fomentar el debate amplio y participativo sobre los desafíos que enfrenta la Justicia e impulsar reformas que promuevan su fortalecimiento, exigiendo el pleno respeto de la Constitución.
*Coordinadora de Justicia de la Asociación por los Derechos Civiles.
