El 73% de las personas que acaba de encuestar la consultora Isonomía asegura que tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial. El 62% aseguró que nos les cree a sus integrantes. Y apenas un 30% considera fidedigno a ese poder. Los porcentajes son dramáticos de por sí, y lo son todavía más si se los compara con un trabajo de hace una década realizado por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional e IDEA Internacional. Se titulaba Encuesta de Cultura Constitucional: Argentina una sociedad anómica y fue publicado por Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese entonces un 41% de los consultados consideraba a los jueces como los principales violadores o incumplidores de la ley. La mitad de hoy.
No debería extrañar que la última década haya sido perdida también en el orden de la justicia. Cuando una sociedad entra en un profundo cono de sombra y la corrupción se derrama desde el máximo poder como una metástasis no sólo no funcionan la economía, las fuerzas de seguridad, la educación, el parlamento y las instancias republicanas y constitucionales. Tampoco, es lógico, la justicia. Casi la mitad de los encuestados (45%) cree que una justicia independiente tendrá efectos en sus vidas y actividades, un 48% piensa que el sistema judicial mejoraría si fuera más veloz y transparente, si no hiciera diferencia entre los ciudadanos (32%), si bajara su presupuesto (7%), si hubiera más honestidad (2%). Otros temas se reparten el restante porcentaje.
Sin duda el sistema judicial se ha ganado a pulso esta percepción de la ciudadanía, por mucho que a algunos de sus integrantes les pueda doler con toda razón. Pero la anomía no nace solamente desde arriba ni es unidireccional. En aquel trabajo de 2005 un 86% de los entrevistados afirmaba que el país vive al margen de la ley y el 88% definía a los argentinos como desobedientes y transgresores. Pero cuando les preguntaban si ellos lo eran decían que no.
Curiosamente, el país se convertía así en una comarca donde los transgresores eran fantasmas.
Este es un punto clave. Cae de maduro que el sistema judicial es ineficiente, que está atravesado por la corrupción, que se amolda de modo oportunista a conveniencias políticas, que hace de la ley un medio de transacción para intereses corporativos o personales y que por estas y otras razones se convierte en un foco de injusticia. Quien vive en este país no necesita que se lo cuenten. Lo ha experimentado de manera directa o indirecta. Y ahí están las cifras de la encuesta.
Pero a menudo las encuestas son también ejercicios de proyección, mediante los cuales se echa sobre otros la sombra que no se quiere ver en uno. Permiten ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Si se invirtiera el enfoque y los encuestados respondieran con honestidad absoluta a la pregunta acerca de cuánto se han beneficiado de la venalidad, inoperancia y corrupción de la justicia, y cuál es su propia actitud respecto del respeto de la ley y de las normas así como del cumplimiento de los deberes cívicos (que realmente son deberes morales, porque tienen como fin al otro, al prójimo, al conviviente, al conciudadano), los resultados podrían ser igualmente alarmantes. Es que los contratos morales que conducen a sociedades con gobiernos confiables y responsables (lo que no significa ni perfectos ni ideales) y con una justicia respetable y equitativa empiezan a suscribirse en buena medida desde las acciones cotidianas de los ciudadanos en su familia, en su barrio, en su consorcio, al volante de sus vehículos, en sus conductas profesionales, en sus transacciones comerciales, en sus cumplimientos fiscales, en sus interacciones personales. En definitiva, las sociedades terminan por tener los gobiernos y la justicia que se les parecen. Si realmente se han iniciado tiempos de cambio, es mucha y decisiva la tarea que aguarda a los ciudadanos para que encuestas como la de 2005 o esta última arrojen en el futuro resultados diferentes.
*Periodista y escritor.
