Por fin, parece que se terminaron las dilaciones, especulaciones y chicanas para seguir pateando hacia adelante que vuelvan a las escuelas chicos y chicas en esta Argentina pandémica.
Tal como adelantó ayer en PERFIL Rosario Ayerdi, el propio Presidente conminó a su ministro de Educación, Nicolás Trotta, a que notificara a las provincias (de quienes depende formalmente cada sistema educativo) el reinicio de las clases presenciales en todo el país.
Ciertas señales previas daban indicios en ese sentido. La provincia de Buenos Aires, gobernada por el Frente de Todos, ya había dejado trascender que la intención era volver a las aulas para el inicio del ciclo lectivo 2021.
Algo similar, pero como efecto de espejo inverso, sucedió con la ratificación porteña de que las clases con presencia en las escuelas se reiniciarán el 17 de febrero. “No podemos dejarle a la oposición la bandera educativa”, argumentaron en el oficialismo nacional a propósito de la creciente tensión con Horacio Rodríguez Larreta, ex “opositor amigable”.
No fue casual ni sorpresiva esa construcción en la que se percibe desde hace meses que Juntos por el Cambio quería reabrir los establecimientos educativos y el Frente de Todos no.
Las razones esgrimidas eran de carácter sanitario, obviamente. Como con la dura cuarentena inicial de marzo, oficialismo y oposición cerraron filas. Con el paso del tiempo se abrieron fisuras que nunca dejaron de ampliarse.
En materia escolar, el principal reclamo al Gobierno era que casi no había punto del planeta donde no se hubieran reabierto los colegios, tras demostrarse la escasa incidencia del covid en la niñez y la adolescencia.
Alberto Fernández, y en especial su ministro Trotta, explicaban que clases había, pero a distancia y basadas en aprendizaje vía digital. Curioso que el peronismo, que tiene un discurso histórico de igualador de oportunidades, defendiera un sistema remoto que consagra la desigualdad: con casi el 60% de los menores de 17 años por debajo de la línea de pobreza (según el Observatorio Social de la UCA), cuánto es el nivel de conectividad en esa población tan precarizada.
Tamaña contradicción hizo algo de mella en el Gobierno, aunque tuvo poca difusión. Por caso, fuentes oficiales aseguran que fue uno de los temas que la distanciaron de Trotta y la llevaron a renunciar a Adriana Puiggrós, la entonces viceministra de Educación y actual asesora presidencial.
El propio Trotta fue en varias oportunidades blanco de pases de factura dentro del elenco gubernamental, en especial desde el kirchnerismo. Le endilgan desde inacción (que no se limita a la cuestión de las clases) hasta manejos de gestión poco claros. Incluso hay sospechas de que esas usinas críticas con el funcionario promovieron una investigación por presuntas offshore por las que debió dar explicaciones en la dibujada Oficina Anticorrupción.
En el congelamiento de regreso a las aulas que había hasta el momento, Trotta gozó del invalorable apoyo de los gremios docentes. A cada reclamo de Rodríguez Larreta (o de Mauricio Macri, o de cualquier opositor, o de cualquier experto), el sindicalismo salía a romper cualquier reapertura.
Ahora que son Alberto Fernández y Axel Kicillof los que imponen la reapertura de escuelas, los sindicatos docentes ya no gritan espantados sino que expresan en voz baja su resignación. No sea cosa que queden como mal educados.
