El asedio del Kremlin se limita a librar combates en Bajmut, ciudad ucraniana sitiada desde hace ocho meses por tropas rusas, mientras sus tractores cavan trincheras y erigen “dientes de dragón” metálicos, para frenar el ataque de Kiev, que buscará liberar el 16% de su territorio ocupado dentro de un par de meses, con la llegada del verano y la solidificación de los suelos.
La fuerza de monitoreo de la ONU en Ucrania, adelanta 22.734 víctimas: 8.490 abatidos y 14.244 heridos. La ofensiva rusa parece extinguirse con la llegada de las lluvias y el barro de la primavera. Tiene previsto reclutar 520 mil efectivos a sueldo en el 2023, para aguantar el esfuerzo de guerra hasta finales del 2024, cuando las elecciones presidenciales en Estados Unidos, si arrojan una victoria del Partido Republicano, podrían reducir el apoyo financiero de Washington, imprescindible para oponerse al poder de fuego de Vladimir Putin, diez veces superior al de Volodymir Zelensky.
La filtración de papeles de los órganos de seguridad estadounidenses, cuya autenticidad ha sido confirmada oficialmente, trazan el perfil del ataque que programa Ucrania, un dispositivo de 12 brigadas congregando unos seis mil soldados, formados por países de la OTAN, especialmente Gran Bretaña. El respaldo logístico pertrecharía tropas de infantería mecanizada, artillería, drones, misiles, blindados, armas, obuses, cañones, municiones, piezas de recambio y hasta aviones occidentales manejados por ucranianos en curso de entrenamiento por los Estados fabricantes.
Rusia por ahora cesó los bombardeos para destruir la infraestructura civil de Ucrania, tal vez disuadida por trascendidos de la Corte Penal Internacional (CPI), de un segundo sumario con los correspondientes pedidos de captura internacional, que se añadiría al de la detención de dos personalidades rusas del 17 de marzo pasado, por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia, un crimen de guerra sancionado por las Convenciones de Ginebra que protegen a civiles, prisioneros y heridos durante los conflictos armados, ratificadas por Rusia.
El segundo sumario que revelaría la CPI, se fundaría en el crimen de "agresión", que figuró en el acta de acusación del juicio de Nuremberg, y en el de Tokio, reservado para quienes hayan “desencadenado una guerra”. Fue agregado a los estatutos de la CPI en 2010, hasta hoy ratificado por un tercio de los 123 países que han adherido a dicha jurisdicción. El delito de “agresión” es considerado la infracción “original” susceptible de fundamentar una “guerra premeditada”, pero es resistido por ciertos países que temen sea utilizado para “criminalizar el uso legítimo de la fuerza”, dándole a los fiscales el poder de justificar, o no, una guerra.
Sin embargo, las ONG bregan para que los imputados de “agresión”, puedan ser juzgados hasta en ausencia, y reivindican incluso una jurisdicción independiente de la CPI, para terminar con el poder de veto del Consejo de Seguridad de la ONU, imposibilitado acudir a la CPI por el poder de veto de las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Gran Bretaña. Las perspectiva de una suerte de Corte Especial europea, idea sostenida por los países bálticos y Polonia, podría ser el germen de su gestación.
Por otra parte, da la impresión que Ucrania limitaría la ofensiva militar que lanzaría pronto, a liberar por la fuerza las regiones que son teatro de hostilidades (Donestsk, Lugansk, Gerson y Zaporiyia). En cuanto a Crimea, anexada ilegalmente por Rusia en el 2014, hoy totalmente poblada por rusos tras la expulsión de ucranianos y tártaros, Kiev reserva un ultimátum a las puertas de accionar militarmente para recuperarla. Reclama la persecución penal de ucranianos que hayan colaborado con los rusos, expulsión de rusos instalados en Crimea después de 2014, anulación de transacciones inmobiliarias realizadas «bajo el régimen ruso», desmantelamiento del puente de Crimea creado por Vladimir Putin, y cambio de nombre a la ciudad de Sebastopol.
Desde Ginebra, Juan Gasparini
