Por 28 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU volvió a condenar a Rusia debido a su invasión a Ucrania. De los 8 países que representan a América Latina y el Caribe en Ginebra, 5 apoyaron la resolución, y los otros 3 se abstuvieron. Ni Cuba esgrimió su voto cautivo por Moscú, solo China y Eritrea se opusieron. La decisión renueva por 1 año más el mandato del Grupo de 3 expertos independientes que investigan el conflicto.
Los 5 países latinoamericanos, de los 47 que integran este Consejo y criticaron a Rusia, fueron Argentina, Chile, Costa Rica, México y Paraguay. Se abstuvieron Bolivia, Cuba y Honduras. Entre las 17 abstenciones, se destacaron además India, pronto el país más poblado del mundo, África del Sur y Argelia, tradicionales aliados de Moscú; Kazakhstán, Uzbekistán y Kyrgystán, ex repúblicas soviéticas de Asia Central; Bangladesh y Vietnam, no alineados de la región indopacifica, y Pakistan, potencia musulmana pro-Occidental, que dispone de armas nucleares.
La Argentina fustigó la "agresión rusa" y apoyó la renovación del mandato de los tres expertos, "para que continúen investigando las alegaciones de violaciones a los derechos humanos" e "identificar a sus responsables y su correspondiente rendición de cuentas". Deploró la "amplia gama de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en numerosas regiones de Ucrania y de la Federación de Rusia". Puso los ejemplos de "homicidios intencionales, ataques contra civiles que particularmente afectan niños y niñas, confinamiento ilegal, tortura, violación y traslados y deportaciones ilegales de niños y niñas, entre otras cuestiones".
Rusia, que fue separada de este Consejo el año pasado en virtud del sufragio mayoritario de los 193 Estados que integran de la Asamblea General de la ONU, el parlamento de la ONU, siendo reemplazada por Chequia, pudo haber intervenido en el debate al ser "país concernido". Sin embargo, declinó hacerlo. Condenaron también a Rusia países de horizontes diversos: los de la Unión Europea y los candidatos a adherirla, al igual que el Reino Unido, Benin, Costa de Marfil, Gambia, Malawi, Malasia, Georgia, Maldivas, Qatar, Somalia, Emiratos Arabes, Nepal, Estados Unidos y Ucrania.
El texto adoptado "reafirma su firme compromiso con la soberanía, la independencia política, la integridad territorial y la unidad de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, que se extienden a sus aguas territoriales", sobre la base que "todos los pueblos tienen derecho a determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y a buscar su desarrollo económico, social y cultural", consagrados en la Carta de Naciones Unidos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los Pactos y Convenciones de la ONU.
La resolución "condena enérgicamente la agresión contra Ucrania por parte de la Federación de Rusia". Evoca que "las violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario" cometidas por ordenes del Kremlin "pueden dar lugar a genocidio", que "muchas de las cuales equivalen a crímenes de guerra", y que "las oleadas de ataques de las fuerzas armadas rusas contra infraestructuras ucranianas relacionadas con la energía", constituyen crímenes de lesa humanidad, todas infracciones imprescriptibles.
A resultas, el documento concebido en Ginebra, responsabiliza a Rusia de "asesinatos deliberados, el confinamiento ilegal, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones y otras formas de violencia sexual y de género", siendo numerosas las "víctimas civiles", especialmente "personas con discapacidad y de edad". Los ataques rusos han "dado lugar a más de 8 millones de refugiados y más de 5 millones de desplazados internos". Todos ellos tienen derecho a "reparación".
La decisión vitupera la "destrucción del patrimonio cultural de Ucrania", las "instituciones" educativas y médicas, y "el abastecimiento de agua y saneamiento y el suministro de combustible, causados por los bombardeos indiscriminados de la Federación de Rusia en zonas pobladas". Expone a su vez "la urgente necesidad" que Moscú, "ponga fin inmediatamente a su agresión contra Ucrania, y de que Bielorrusia cese inmediatamente su apoyo a estas hostilidades", otorgando "prioridad a la protección de los civiles" aplicando los derechos humanitarios, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951.
Al respecto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó "nota del papel de la Corte Internacional de Justicia", órgano judicial de Naciones Unidas, que "en conformidad con el derecho internacional, de las controversias jurídicas que le someten los Estados" y en consideración "de la orden emitida por dicha Corte el 16 de marzo de 2022 para que la Federación de Rusia suspendiera inmediatamente las operaciones militares que había iniciado el 24 de febrero de 2022 en territorio de Ucrania", llamado no obstante ignorado por Vladimir Putin.
Al reprobar la conducta de Rusia en Ucrania, este Consejo reitera su "firme compromiso" con la "soberanía, independencia política, unidad (e) integridad territorial" de Ucrania. Exhorta a una retirada "rápida y verificable de las tropas" de Moscú. Y acoge "con satisfacción la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en Ucrania", en particular "las ordenes de detención contra dos personas del 17 de marzo de 2023, por los crímenes de guerra de deportación ilegal de niños y su traslado ilegal de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia".
El documento "subraya que todas las personas que huyen del conflicto en Ucrania deben ser protegidas sin discriminación, ni siquiera por motivos de identidad racial, nacional o étnica". A su vez sostiene que "el derecho a la libertad de opinión y expresión … es un derecho garantizado a todos". Encomia "el importante papel de los medios de comunicación libres e independientes y de las organizaciones no gubernamentales". Y reprueba "cualquier ataque contra periodistas, medios de comunicación, trabajadores" de prensa y "defensores de derechos humanos".
