Durante la campaña electoral, el presidente Mauricio Macri había anunciado que “terminar con el narcotráfico” iba a ser uno de sus principales objetivos de gobierno ya que este fenómeno es “la principal amenaza a la seguridad de los argentinos”. Sin embargo, no hay ninguna investigación seria que permita sostener que el tráfico y el comercio de drogas son la causa principal de los problemas relacionados con el delito y la violencia que ocurren en nuestro país.
Los argumentos que se suelen usar para sostener que esto es así son: que el consumo de drogas aumentó de manera exponencial, que la violencia se incrementó como consecuencia del avance del narcotráfico y del consumo, que la Argentina dejó de ser un país de tránsito para ser un país de producción y que las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico en la Argentina comienzan a parecerse a las de México o a las de Colombia. Estos argumentos no están acompañados por estudios serios que los avalen. Sin embargo se los utiliza como punto de partida para justificar medidas como las “emergencias” en seguridad, el control de las fronteras, la militarización de las políticas de drogas y el desembarco de más integrantes de las fuerzas de seguridad en los barrios populares.
La semana pasada la escalada de endurecimiento llegó a producir un quiebre. La medida más extrema del decreto que declaró la emergencia en seguridad habilita la pena de muerte encubierta al permitir el derribo de aviones sospechados. En su conjunto, el decreto les otorga nuevas facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en cuestiones de seguridad pública, decisión que altera de manera radical la distinción entre seguridad interior y defensa nacional, que ya había sido debilitada por algunas medidas en los gobiernos anteriores.
La experiencia internacional demuestra que el camino de la militarización no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, sino que, por el contrario, lo realimenta. La misma experiencia internacional muestra, en cambio, que ese camino incrementa los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos.
El fetiche discursivo del “avance del narcotráfico” no permite ver una diversidad de fenómenos: fuerzas policiales violentas y degradadas, amplia circulación de armas entre ciertos sectores de la población,
muertes de jóvenes pobres que nadie investiga, redes de ilegalidad con connivencia estatal que intervienen en una multiplicidad de negocios legales e ilegales, consolidación de formas violentas de resolver conflictos, operadores judiciales que venden protección a grandes traficantes y criminalizan a consumidores, entre otros.
Es evidente que estos problemas no se solucionan militarizando las villas ni recurriendo únicamente a la herramienta policial. El rol clave que cumplen actores del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad y del poder político en la protección y expansión de redes de ilegalidad es un aspecto ausente
en las medidas institucionales que se proponen.
Si se atiende a su dimensión económica, es sencillo ver que los mercados ilegales no se desarman con ejércitos, sino con políticas que afecten de manera estructural su funcionamiento, entre ellas el control del lavado del dinero. Paradójicamente, en los días previos al anuncio de que se podrán derribar aviones, personas vinculadas con empresas e instituciones sospechadas de lavado de activos fueron nombradas en puestos clave para
la investigación de los flujos financieros ilegales.
También está llamativamente ausente del debate el punto más importante: la producción y el comercio de drogas constituyen una economía trasnacional gigantesca. El gran aliado del mercado es el paradigma prohibicionista. Al ilegalizar las drogas y colocar como horizonte la aniquilación de la producción y el consumo, casi como si fuera un problema moral, el prohibicionismo alimenta el mercado ilegal, propicia la violencia y es la base de la corrupción en las instituciones que le brindan protección
*CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
