Boudou es la punta de un iceberg. Pero no del iceberg del negociado de Ciccone, sino de los negociados con la importación de energía y la gran obra pública donde, ahí sí, se manejan miles de millones de dólares. Sólo el juego, un negocio menor frente a los otros dos, son mil Ciccone.
Está muy bien comenzar por donde dejaron más huellas, pero no hay que conformarse. Ciccone es un negocio minúsculo. Ninguna imprenta del mundo, ni aun la que pueda imprimir billetes, es muy rentable. Los Ciccone no estaban quebrados porque este gobierno había dejado de pagarles algunos trabajos. Ciccone vivía en cesación de pagos desde hacía décadas y siempre se salvó por tratarse de la única imprenta privada con capacidad de imprimir billetes. Debería haber sido nacionalizada mucho antes. El desgobierno, y especialmente la codicia del “chiquitaje” de personas que previamente al kirchnerismo eran monotributistas, o cercanos a esa calificación patrimonial, crearon este escándalo. El millón de dólares que The Old Fund (ya el nombre parece un chiste) cobró por intermediar en la refinanciación de la deuda de la provincia de Formosa es menos de lo que dejan las tragamonedas de Cristóbal López en un día.
Una señal de la dimensión del negocio de impresión de Ciccone surge de la cantidad de empleados que ocupa: sus algo más de 200 trabajadores indican claramente que se trata de una empresa mediana cuyas potenciales ganancias hicieron que no se interesaran todos los candidatos a quienes los Ciccone trataron de venderles antes de tener que llegar a Boudou. La deuda que tenía con la AFIP de 239 millones de pesos es otra señal de magnitud: si la empresa valiese algo comparable, podría no haber desembocado en una quiebra.
Aun quienes especulan con que la familia Kirchner es corrupta saben que la imprenta Ciccone sería un activo muy poco atractivo en términos de rentabilidad. El foco de la corrupción grande se concentra en el 20% de más que la Argentina paga por la energía que importa comparado con el precio de mercado para negociaciones de alto volumen y duración. Eso suma miles de millones de dólares acumulados en la última década.
También especulan con que al menos una cuarta parte de las acciones de las empresas de Cristóbal López y de las de Electroingeniería, sumada a la gran mayoría de las acciones de las empresas de Lázaro Báez, podría ser, directa o indirectamente, de los Kirchner y sus allegados. Una sola represa también cuesta miles de millones de dólares.
Lo mismo sucede con los subsidios, muchos de los cuales se cree que no son eliminados porque integran una cadena de retornos. Desde aquel famoso “robo para la corona” atribuido a Manzano en los 90, pasando por el argumento de los últimos años sobre que “se roba para hacer política”, se podría llegar hasta que “se hace política para robar”.
Las formas de corrupción más descaradas comenzaron a hacerse notar con Menem y siguieron expandiéndose en los últimos años, lo que permite suponer que, si no se les opone una fuerza disciplinadora desde algún poder del Estado, seguirán desarrollándose.
A fines del menemismo también hubo clima social de preocupación con la corrupción, típico del fin de un ciclo. Pero luego, llegado cada nuevo gobierno, “los poderes fácticos” se concentraron en obtener beneficios produciéndose un clima de conformismo. Y con la condena de una persona como María Julia, que además no era del peronismo (característica que comparte con Boudou), se apaciguó el clima de agitación y todo se olvidó. El peligro es que se repita la historia con el nuevo gobierno.
Ya en los 90 Moneta y el CEI tuvieron el modus operandi de comprar medios de comunicación para ponerlos al servicio del gobierno de turno, mostrando que el círculo de prebendas del Estado puede no agotarse sólo en la corrupción. Y retroalimentarse en otro mal, el de la desinformación, cuyas consecuencias para el sistema político y democrático son aun peores. Parafraseando lo anterior, se tendría medios para robar.
Resulta sugerente que las mismas empresas vinculadas a beneficios del Gobierno, todas ellas, hayan decidido invertir en la compra de medios de comunicación. Demasiadas coincidencias para no sospechar alguna conexión de un tema con otro.
Los efectos de la corrupción podrían no limitarse a sus consecuencias económicas y éticas, pasando a ser una cuestión de Estado estratégica y central para el futuro.
En la contratapa del domingo pasado ya se comenzó a argumentar sobre la conveniencia de un mani pulite que trascienda en mucho a Boudou. Y en esta edición varios columnistas reflexionan sobre el tema. Entre ellos, nada menos que el propio Antonio di Pietro, el fiscal que originó el mani pulite en Italia.
Es importante remarcar la diferencia entre que sea la propia Justicia la encargada de combatir este flagelo y no una comisión parlamentaria como la de Antilavado en 2001, porque es poco posible imaginar a la clase política juzgándose a sí misma. Como se habló de una especie de Conadep de la corrupción, vale recordar que en 1985 los militares pedían ser juzgados por tribunales militares.
Si el Poder Legislativo no podría, menos aun el Ejecutivo, porque los principales candidatos a presidente 2015, Scioli, Massa y Macri, arrastran la inercia de sus gestiones: los tres han tenido ya negociaciones con Cristóbal López, por ejemplo.
La mayoría de los columnistas de PERFIL coinciden en que no es necesaria la creación de instituciones más allá de las existentes, ni de tribunales especiales. No hace falta más que jueces con la determinación que viene demostrando Lijo en el caso Boudou.
Desde Carta Abierta se ha sostenido que hacer eje de la política en el tema de la corrupción es superficial. Tienen razón, no es como dice Carrió, que si se termina la corrupción se solucionan todos los problemas de la economía. Pero si no se soluciona el problema de la corrupción, se corre el riesgo de que no se pueda solucionar el problema de la política. Y eso sí hace al sistema como un todo.
