Los cortes y las protestas se han transformado en símbolos nacionales. La protesta es parte del paisaje urbano (y también rural) de la Argentina como el “cepo” del imaginario social. Según los datos que viene elaborando desde 2009 la consultora Diagnóstico Político, hay un promedio de 500 “conflictos sociales” por mes en el territorio nacional, todos mediatizados por tomas o avances sobre el espacio público.
El gobierno nacional anunció que se está elaborando un protocolo para reglamentar el reclamo y la protesta social. El protocolo de manifestaciones y protestas es clave, pero es sólo un primer paso de muchos otros que hay que seguir dando si se quiere institucionalizar la demanda social.
El protocolo, aunque abarque diferentes formas de la manifestación social y pública, debería concentrarse en reglamentar aquello que
traba la vida social del resto de la sociedad no participante: la manifestación en forma de “piquete”, de “obstáculo” para la circulación de personas y de bienes. Este es el tipo de manifestación que realmente preocupa a todos los gobiernos. Fue el tipo de protesta usada por los productores agropecuarios en 2008.
El segundo grupo de manifestaciones sociales son aquellas que no ocupan vías de acceso o de circulación importantes y que sólo pretenden “expresar un punto de vista”, expresar un mensaje, sobre todo a los medios de comunicación y en segundo lugar, a los que deciden. Estas marchas o protestas están institucionalizadas y son más fáciles de gestionar. Son esenciales en las democracias y son formas de canalizar la libertad de expresión.
La protesta social usada para cortar la libre circulación tiene un componente conflictivo diferente. Su objetivo no es expresarse libremente. En realidad, la libertad de expresión es un medio estratégico. El objetivo es que alguien tome una decisión. Y para apurar esta decisión, se actúa.
Ahora bien, el problema que debe resolver este gobierno es el de determinar si el costo de este tipo de protesta lo seguirá asumiendo la sociedad o si deberá ser absorbido por el Estado o, más específicamente, por el Gobierno. Desde hace doce años, el costo de la protesta fue derivado, poco a poco, hacia la sociedad. La parte de la ciudadanía que no estaba en la protesta se transformaba en la tercera parte implicada (los manifestantes y el gobierno son los otros dos). Sin la ciudadanía “espectadora” (y juzgadora), la manifestación tendría menos sentido.
El kirchnerismo muy pocas veces reconoció que una marcha en su contra era un mensaje. No había forma de que nadie de los que tomaban decisiones (sobre todo, CFK) fueran receptores explícitos de los mensajes que se daban en la calle. La estrategia de “hacer que uno no escucha” tiene una ventaja clara si se puede mantener a largo plazo. El kirchnerismo usó esta estrategia la mayoría de las veces porque no quería implicarse en ningún caso de represión policial activada por un error o por sabotaje. La otra estrategia fue “entregar el Estado” a las organizaciones sociales: darles responsabilidades en programas, planes sociales y cargos de dirigentes en diferentes ministerios.
El nuevo gobierno debería empezar por reconocer que los que protestan existen. El “rechazo” también es una forma de “reconocimiento”. Lo peor es la “desconfirmación”: el mensaje de “no existís”. Esto lleva a tomar posiciones radicales y desesperadas. La confirmación del otro significa que deberá reconocerlo como un interlocutor siempre que se cumplan ciertas reglas. Hacer esto significa asumir otra tarea: ser parte de un litigio. Por lo menos como mediador y asegurador de que esa forma litigiosa no se saldrá de control, que las partes son reconocidas y que todas las partes (las enfrentadas y el Estado) cumplen la ley.
*Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.
