No hay situación de la vida política argentina donde la razón no esté alterada por el sesgo político, priorizando según conveniencia la supremacía a veces de la forma, a veces del fondo y en todos los casos midiendo con doble vara lo afín y lo ajeno. Vale tanto para los mensajes de Telegram del ministro de Seguridad porteño y sus dialogantes como para la llegada de los jefes de Estado de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la cumbre de la Celac el martes.
El jefe de Estado de Cuba preside una dictadura pero no así el presidente de China, con igual partido único comunista. Puede ser bien recibido Xi Jinping al G20 y no Díaz Cané a la Celac. Sería intelectualmente más honesto decir que a China, como en otra época a la ex Unión Soviética, hay que tolerarle su sistema porque es lo suficientemente grande y poderosa pero con Cuba podemos darnos el lujo de reclamarle una democracia como corresponde.
Filtraciones de chats y llegada de autócratas a la Celac son útiles para el despliegue sofista
Lo mismo sucede con la valoración de mensajes obtenidos ilegalmente por parte del periodismo: si son producto de hackeos como los Panamá Papers o en su momento los WikiLeaks, merecen ser visibilizados pero si son del caso de Lago Escondido, no. Hechos que podrían generar situaciones igualmente punibles son de interés público o de la esfera privada, dependiendo de la proximidad que se tenga con el involucrado.
El juez federal Sebastián Ramos cerró la causa por la denuncia originada en la filtración de chats entre el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. El juez escribió en su resolución: “No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”. Lo que resulta indiscutible pero no quita que se pueda investigar para obtener pruebas legales que ratifiquen o desmientan las pruebas obtenidas ilegalmente.
Tanto cuando me tocó entrevistar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en Londres como, en la vereda ideológica opuesta, al juez del Lava Jato, Sergio Moro, en Curitiba, ambos coincidían en que las pruebas obtenidas por un hackeo en el primer caso, como por un testimonio de una “delación premiada” de un acusado, que brinda información a cambio de obtener una rebaja en su pena, en el segundo, debían luego tener que ser corroboradas con otras pruebas obtenidas siguiendo los procedimientos jurídicos tradicionales porque, sin esa instancia, carecían de valor jurídico y eran nulas.
Tanto en este proceso judicial sobre las filtraciones de chats como en el caso diplomático acerca de la participación de jefes de Estado de la Celac, lo que verdaderamente está en discusión es una lucha de relatos. El sector más duro de Juntos por el Cambio (Bullrich, Wolff y López Murphy), al instalar la discusión sobre la presencia de Díaz Cané, Maduro y Ortega, busca opacar la noticia del regreso de Brasil a la Celac y los beneficios que la Argentina podría obtener del acuerdo entre Lula y Alberto Fernández que se firmará el martes próximo. Idéntica puja de narrativas entre oficialismo y oposición se produce en el caso de los mensajes de Telegram: para el oficialismo lo grave es lo que allí se dice, para la oposición lo grave es que se hayan hackeado los teléfonos de su funcionario. La forma es más importante que el fondo para el juez Sebastián Ramos, el fondo es mucho más importante que la forma para el ministro de Justicia nacional, Martín Soria, para quien “la doble vara de Comodoro PRO está llegando a niveles nunca vistos. Cuando se trata de defenderse entre ellos y sus jefes, se acuerdan de aplicar las garantías del debido proceso. Ahora, cuando el acusado sabe la marcha peronista, se olvidan del Código Procesal, las leyes y la Constitución”, refiriéndose a lo que ocurrió en 2016, cuando Comodoro Py reabrió la causa del memorándum con Irán a partir de una escucha ilegal.
En la política en forma de guerra, como en la guerra, la primera víctima es la verdad
Para Sócrates, no se debía discutir con quien no fuera honesto intelectualmente, porque la preocupación de los sofistas era el poder mientras que la de los socráticos, la verdad. El sofista busca sacar un beneficio, el socrático solo busca la razón. Los sofistas “perseguían la persuasión; mediante argucias argumentativas, buscaban el razonamiento más capaz de emocionar a su audiencia. Usaban el discurso (cerrado) o el agon (debate)”.
Así como en la guerra la primera víctima es la verdad, asumiendo la célebre sentencia el militar prusiano Carl von Clausewitz sobre que la guerra es la continuación de la política por otros medios, en la política como guerra la primera víctima es la verdad, o verdadero es lo útil para el verdadero fin.
