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COLUMNISTAS / IDAS Y VUELTAS
domingo 5 enero, 2020

Todo para solucionar la deuda

El primer objetivo del Gobierno es resolver el momento del pago de las obligaciones contraídas. En el camino, surgen diferencias y papelones.

por Nelson Castro

En concierto, Alberto Fernández. Foto: Pablo Temes
domingo 5 enero, 2020

El Gobierno avanza con parches buscando atisbos que le permitan vislumbrar algún esbozo de la tan ansiada y necesaria recuperación económica. Como ya se ha dicho, no habrá plan económico mientras no haya una solución al problema de la deuda. El pago de los intereses –cuánto, cómo y cuándo– condiciona absolutamente a la economía del país. El único objetivo claro que Alberto Fernández tiene por ahora es poner más dinero en el bolsillo de las clases más bajas. A esto se le suma el congelamiento de las tarifas. Algo similar hizo Mauricio Macri tras las PASO.  

Cortocircuito. El tema de las tarifas originó el primer cortocircuito importante dentro de la flamante administración. Ocurrió entre el Presidente y Guillermo Nielsen. El presidente de YPF dispuso un aumento de los combustibles del 5%. Era algo que había hablado con el doctor Fernández quien, en principio, había estado de acuerdo con la medida. Pero después terciaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Producción, Matías Kulfas, quienes objetaron este aumento e hicieron conocer su oposición. Se ve que fueron suficientemente elocuentes. Claro que, cuando esto ocurrió, era tarde: la noticia ya había sido anunciada. Las colas de vehículos en las estaciones de servicio de las empresas competidoras de YPF dio idea de cuánto había impactado.

El hecho dejó mal parado a Guillermo Nielsen, a quien evidentemente le faltó peso político. Fue una desprolijidad que inquietó a varios de los posibles empresarios a los que Nielsen está tratando de convencer para que vengan a invertir a Vaca Muerta. El precio de los combustibles en el contexto inflacionario que vive la Argentina es un asunto de difícil solución que exige un manejo muy fino y coordinado. Una de las quejas más vehementes que supo hacer Alfonso Prat-Gay durante su breve gestión de un año al frente del Ministerio de Hacienda tuvo que ver con los aumentos exorbitantes que fogoneaba el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. Prat-Gay sostenía –con razón– que no podía llevar adelante ningún plan antiinflacionario exitoso si los precios de los combustibles subían de la manera como lo disponía Aranguren. Macri cortó esta disputa de cuajo. Por si alguien lo olvidó, apoyó a Aranguren y a Prat-Gay lo echó.        

Nielsen está preocupado. YPF financia sus inversiones a partir de lo que recauda en los surtidores. Sus precios son los más baratos de la región, por lo que la extensión del congelamiento por un período de 120 días complica a la empresa. El presidente de YPF es consciente de que esta medida conlleva el riesgo de alejar a muchos potenciales inversores interesados en Vaca Muerta.

La renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional tendrá condimentos políticos que la pueden complicar seriamente. Esos componentes políticos tienen nombre y apellido: Donald Trump. Fue él quien tuvo la última palabra para que el Fondo le abriera sus arcas al desvaído gobierno de su amigo Mauricio Macri. La contraprestación del ex presidente también tiene nombre: Venezuela. Ese alineamiento hoy está roto. A eso se le ha agregado en estas ultimas semanas el caso de Bolivia. El alto perfil con el cual Evo Morales está llevando adelante su exilio argentino complica al Gobierno. Es cierto que en Bolivia hubo un golpe de Estado con fachada de golpe institucional y que la gestión de Alberto Fernández, en su condición de presidente electo, fue decisiva para salvarle la vida a Morales. Pero también es cierto que el ex presidente había violado la Constitución boliviana cuando ignoró el plebiscito realizado en 2017.

El doctor Fernández debería tener una mirada más ecuánime sobre este episodio. Lula la tuvo: criticó el golpe de Estado que derrocó a Morales y también a Evo.

Porrazo. El porrazo político que se dio Axel Kicillof la semana pasada cuando, en base a la prepotencia, quiso sacar el impuestazo en la provincia de Buenos Aires parece que lo ayudó a reflexionar. “Todo lo que se hizo fue un error: la conferencia de prensa en sí como las acusaciones del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, tratando a los legisladores de la oposición como a unos a vagos”, reconoce un senador bonaerense del Frente de Todos.

El jueves, en la reunión con los intendentes de la oposición, el clima cambió. “Fue en la residencia a la que nos hizo acceder a través de la entrada principal, cosa que Vidal nunca hizo”, señaló un intendente de Juntos por el Cambio. Lo que viene ahora es la negociación. A la hora de escribir esta columna, se vislumbra un acuerdo.

La intentona fallida de Kicillof de sacar la ley de prepo en la madrugada del sábado 28 de diciembre lo dejó mal parado. Esa bravuconada contó con el apoyo de Máximo Kirchner y de su madre. Nada que sorprenda.

Cambia, Alberto cambia. El documental El fiscal, la presidenta y el espía reflotó el caso Nisman, de cuya muerte se cumplirán cinco años el próximo domingo 19. Uno de los puntos que más polvareda ha levantado es el cambio de opinión que, sobre el caso, ha experimentado Alberto Fernández. Esto  tendría un valor meramente anecdótico si no fuera que Fernández es hoy el presidente. Es ese valor el que inviste a su persona de credibilidad, un atributo esencial para el ejercicio del poder. De la credibilidad emana la autoridad. Si hoy dice una cosa y mañana otra, toda esa construcción se resquebraja.

Las explicaciones que dio en estas horas sobre su cambio de parecer en el caso Nisman han sido malas. Ha sido aclarar para oscurecer. Es evidente que su intención fue excluir a CFK de cualquier tipo de sospecha. La decisión de alentar la revisión del peritaje de la Gendarmería Nacional es una injerencia clara en la Justicia, se lo disfrace de lo que se lo disfrace.

El tema esencial de la causa no es excluir o incluir sospechosos, sino esclarecer el caso. Y eso le corresponde a la Justicia y no a una ministra o al Presidente. Alberto Fernández, como abogado y profesor de Derecho, lo sabe mejor que nadie.


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