Actualmente nos encontramos en típico final de otro ciclo populista con un déficit fiscal del orden del 7 a 8% del PBI que, si se financiara íntegramente emitiendo dinero, produciría una inflación de aproximadamente 70% anual. Las reservas internacionales están exhaustas, la producción está estancada, y el país está en default hace más de una década.
Cualquiera sea la conducción política que asuma el próximo 10 de diciembre, deberá encarar urgentes reformas de fondo que logren revertir la pésima imagen que deja el gobierno saliente.
La urgencia en la aplicación de las medidas es fundamental para restablecer rápidamente la credibilidad de una economía sustentable. Estas medidas se pueden instrumentar de manera tal que los sectores indigentes y con menores recursos no se vean afectados. Sin duda otros sectores sí se verán afectados porque dejarán de recibir subsidios que no necesitan. El objetivo de estos subsidios no fue mejorar el bienestar general de la comunidad promoviendo la inversión en mejores prestaciones públicas. El único fin de los subsidios fue establecer tarifas políticas a servicios públicos con sentido oportunista, y electoralista. La intención fue mantener un electorado cautivo de las prebendas de un líder populista y hegemónico en la búsqueda de la retención de un poder eterno. Como todas la experiencias populistas el resultado final es inflación, desocupación, desinversión, y crisis cambiaria.
En aras de la retención del poder, el populismo es fuertemente antiinstitucionalista. Es contrario a la Constitución y propenso a violentar todos lo límites que restringen la autoridad de un líder hegemónico. Con tal fin el populismo no duda en afectar la seguridad jurídica, que es fundamental para la inversión y el desarrollo económico. El último ejemplo que tenemos fue la modificación inconstitucional del equilibrio institucional en el Consejo de la Magistratura. El objetivo fue instaurar jueces adictos al líder hegemónico. Esto afortunadamente se acaba de revertir, y es un paso fundamental para entender el tipo de reformas urgentes que se necesitan. Por razones de espacio me referiré sólo a una de ellas.
Se necesita urgentemente reformar la institución que administra el régimen monetario de la Argentina. La Constitución Nacional en su Artículo 75, inciso 6, manda a “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales”. El Banco Central actual no es un banco federal, es un organismo que se encuentra en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. El presidente de la Nación puede remover a su antojo a las autoridades monetarias mediante un mero trámite administrativo. Este trámite consiste simplemente en pedir la opinión de comisiones legislativas. La opinión de las comisiones legislativas no es vinculante, y cumplido el trámite, el Poder Ejecutivo puede despedir al presidente del Banco Central y a todos sus directores.
La Nación argentina “adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”, y una autoridad monetaria federal, como manda la Constitución, significa que el directorio se integra con miembros designados por las legislaturas provinciales. Y los miembros del directorio designan su presidente. Un banco federal no puede someterse a la órbita exclusiva del Ejecutivo nacional (en este caso, no tendríamos banco federal, tendríamos un banco unitario).
Frente a cualquier necesidad de remover un funcionario del banco federal se puede seguir cualquier procedimiento que reglamente una nueva carta orgánica. Lo importante es que la naturaleza federal de la autoridad monetaria respete el mandato constitucional. De esta manera se le da a la autoridad monetaria la fortaleza institucional que exige la Constitución, y que nunca tuvo en su historia. Por eso nuestra historia monetaria es una historia de repetidos ciclos populistas inflacionarios.
La independencia del banco federal frente al Ejecutivo Nacional resulta del procedimiento mediante el cual se nombran y remueven los funcionarios. El funcionario que se remueve (ya sea director o presidente) lo vuelve a designar la Legislatura provincial que tiene el derecho a nominarlo.
Un banco federal no resuelve todos los problemas argentinos. Pero es el principio de la solución. Con una autoridad monetaria independiente, difícilmente se pueda forzar a su directorio a una emisión monetaria descontrolada para financiar déficit con fines electoralistas, o para despilfarrar las reservas internacionales. Estas serían las verdaderas causales para la remoción de funcionarios. Sin una autoridad monetaria independiente, la emisión seguiría generando inflación, y la inflación normalmente generaría atraso cambiario porque, al igual que con los servicios públicos, cualquier conducción política oportunista siempre optaría por ponerle un precio político al dólar oficial
* Ex ministro de Economía de la Nación entre 1996 y 1999.
