La Argentina se encuentra en un estado inédito, al menos desde el advenimiento de la democracia, en 1983.
En respuesta a un rol activo de la Justicia que asestó golpes importantes al kirchnerismo, entre otros el fallo por la devolución de fondos a la Ciudad de Buenos Aires o la condena a la vicepresidenta a seis años de cárcel, el Gobierno, asumiendo casi como única tarea un ataque al Poder Judicial en su conjunto, avanzó en un proclamado intento de juicio político a la Corte Suprema, de difícil posibilidad de concreción por falta de mayorías legislativas. No se visibiliza en el ámbito oficial otra tarea que no sea la demonización y ataque a la Justicia.
En este contexto, el Presidente está entrando en el último año de su mandato con las peores encuestas que haya tenido un mandatario desde 1983. Cuenta con un gabinete que, por fuera de su virtual parálisis, sus integrantes no parecen tomarlo en cuenta, desde un vital ministro del Interior, soldado de la vicepresidenta, hasta un jefe de Gabinete, más preocupado por su futuro en la gobernación de su provincia, y un superactivo ministro de Economía, ocupado en postergar la explosión de una economía al borde del estallido, y de cuya suerte podría determinarse su futuro político personal.
A su vez, la vicepresidenta, ignorando al Presidente, aparece extrañamente con rasgos de desorientación, anunciando en su momento su declinación a postularse en los próximos comicios, hasta al poco tiempo relativizar el anuncio. A su vez, a mérito de la asunción del presidente Lula, intentó homologar la efectiva proscripción (y condena) que sufrió el actual mandatario vecino, con su situación personal, lejos de cualquier proscripción real, a mérito de la falta de sentencia firme de los fallos condenatorios que ha sufrido, proceso que podría demandar largo tiempo.
El Presidente entra en el último año de mandato con las peores encuestas desde 1983
Así transcurre el drama argentino, con un gobierno demagógico ocupado en repartir subsidios casi indiscriminadamente, desalentando la inversión y ahuyentando la inversión privada. El resultado obligado lo constituye un endeudamiento ilimitado, emisión monetaria desenfrenada, inflación récord en el mundo y las obligadas y consecuentes corridas hacia el dólar, cuyo ascenso es vertiginoso.
Colofón de esta situación: sistemáticas devaluaciones, fuertes transferencias de ingresos y generación de mayor pobreza.
En este escenario de dramática realidad, se inscribe la casi inminencia del próximo acto electoral, que genera aún mayores incertidumbres.
Si bien las encuestas estarían preanunciando una derrota oficialista, esta perspectiva, deseable por supuesto, no despeja el marco en que se puede desenvolver el eventual próximo gobierno.
A partir de la imprescindible necesidad previa, en el sentido de que la alianza opositora plantee a la ciudadanía su programa y metodología de acción, el futuro dista de resultar promisorio.
Un nuevo gobierno debería contar con las mayorías legislativas necesarias, circunstancia aún no asegurada, que le posibiliten llevar adelante un programa de reconstrucción nacional.
A su vez, un tema no menor consiste en la posibilidad de la reacción de un peronismo derrotado en las urnas, especializado en dificultar y hasta impedir el ejercicio de los gobiernos democráticos, a partir del dominio de la calle, de los sindicatos y de las organizaciones intermedias, cooptadas a lo largo de tantas décadas, y difíciles de desarmar.
Esta acción destructiva se está gestando desde hace bastante tiempo por el actual gobierno: la desbocada inflación, la emisión sin límite y, sobre todo, el endeudamiento oficial a tasas desorbitadas constituyen una bomba de tiempo a detonar a partir del próximo año.
Por lo tanto, el problema no solo será ganar, sino poder gobernar con un peronismo que sistemáticamente impidió el accionar de los pocos últimos gobiernos no peronistas de la historia contemporánea.
El futuro es inquietante. No obstante, a la mayoría democrática del país no le cabe otra alternativa que intentar, a través de su resistencia y fundamentalmente con su voto, reconstruir un país sumido en la disolución institucional y económica.
*Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.
