En el auditorio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) se realizó hace pocos días una reunión para reflexionar acerca de la venta de dos piezas arquitectónicas protegidas por múltiples razones: la que fuera sede del diario La Prensa, en la Avenida de Mayo 575, y el ex edificio de la Jefatura de Gobierno en Bolívar 1. Ambos en el área de influencia de la Plaza de Mayo.
Cuando en 1898 se inauguró el edificio de la Avenida de Mayo, era quizás la mejor sede si se la comparaba con los más célebres diarios del mundo. Porque además de la calidad edilicia contaba con recursos de punta para su época: ascensor; telégrafo; distribución interna de mensajes por aire comprimido por una cañería de bronce; biblioteca con 80 mil libros; servicio médico y jurídico gratuito para asesorar al público en general; corresponsales en todas las provincias y en las principales capitales del exterior; gran servicio de avisos clasificados, que llegaron a ocupar la primera plana del matutino, con los titulares en la cabecera.
El Instituto Popular de Conferencias, que usaba como marco el Salón Dorado (un recinto que hace impacto en todos los que lo visitan) tenía como disertantes a los más importantes artistas y pensadores del momento en la escena nacional e internacional.
De lo dicho se desprende que era pertinente decidir la instalación de la Casa de la Cultura en este formidable edificio. Había largas colas para sacar entradas sin cargo para recitales y espectáculos de variada índole; los sábados, en el gran espacio central había clases de tango; se hacían en los subsuelos, donde estuvieron las rotativas del diario, importantes exposiciones (una excepcional sobre Borges y su obra). En el Salón Dorado hubo conciertos, conferencias y debates todas las semanas.
En un reciclaje genuino, la sede de un diario histórico que, con puntos a favor y en contra, va a cumplir 150 años, se adecua al funcionamiento como centro de irradiación de cultura. De hecho, tuvo muy buenos resultados durante una década.
El inmovilismo. A lo largo de ocho años al frente de la Dirección General del Casco Histórico de Buenos Aires creo haber actuado sin adoptar la posición inmovilista de algunas ONG y de algunos legisladores de izquierda que, paradójicamente, coinciden en pretender “que todo permanezca igual” en una ciudad que está viva y en un distrito que habitan alrededor de cien mil personas. A ese inmovilismo lo bauticé como “taxidermia urbana”, algo que pone en claro lo retrógrado de la idea. Porque, en efecto, la pieza a embalsamar tiene que estar previamente muerta, y nuestro objetivo es precisamente el opuesto: que la Ciudad, en las partes y el todo, esté cada vez más vital.
La preocupación del señor Abrevaya por encontrar y venerar el lugar exacto donde Juan de Garay puso el poste simbólico que registraba la fundación de Buenos Aires, sorprendió a buena parte de los asistentes a la aludida reunión en el CPAU y revelaba que, aplicando ese modo de pensar, no se hubiera abierto la Avenida de Mayo –lugar venerable si los hay–, y mucho menos la avenida 9 de Julio, que facilita el ingreso y salida de miles de vehículos a diario.
Pero está claro, en el caso que nos ocupa, el criterio que sintetizó el arquitecto Juan Manuel Boggio Videla en pocas palabras: “Los edificios emblemáticos del Estado o de la Ciudad no deben ser vendidos a privados bajo ningún concepto ni propósito”. Así de simple.
Si la razón para esta decisión indefendible es de carácter económico, el Gobierno de la Ciudad dispone de cerca de cinco mil inmuebles de su propiedad en el territorio urbano, y puede recaudar sin problema una suma equivalente a la calculada por la venta de dos edificios tan preciados, a la vez que se impulsaría la actividad constructiva en diversos barrios de Buenos Aires.
Fuera del lenguaje académico, pero con la fuerza de lo evidente, habría que resumir diciendo a los autores de esta idea: “Muchachos, esta vez se han equivocado”.
*Arquitecto.
