Ahora que ya casi nadie se queja ridículamente de que Rusia o China nos envenenan con sus dosis anticovid, convendría detenerse en la curiosa escalada selectiva del Vacunavip, donde salvo raras excepciones nadie de la política con responsabilidades de gestión agitó las aguas del escándalo, oposición incluida.
El Presidente hizo lo que tenía que hacer: desplazar a su amigo y admirado Ginés González García. Una pena que luego se desboque para culpar al periodismo y a sectores opositores por el caso o que lo intente minimizar porque “no es delito adelantarse en la fila”. Alberto Fernández enseñó muchos años Derecho Penal en la UBA.
Tampoco dijo ni escribió nada su vice, Cristina Fernández de Kirchner, acaso más preocupada por su exposición pública ante la condena judicial a Lázaro Báez por “la ruta del dinero K”. Igual, fuentes cercanas a la ex presidenta dejaron trascender su malestar por la forma en que Ginés (primer ministro de Salud de Néstor Kirchner) fue echado.
Casualmente, un malestar similar por la manera de ese despido campea por la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof , el primero en salir a desmarcarse del vacunatorio premium y de la supuesta privatización de la vacunación que el kirchnerismo intenta adosarle a Horacio Rodríguez Larreta, ahora tiene que andar explicando por qué casi dos centenares de jóvenes K fueron inoculados. Hacen seguimiento telefónico de los infectados, no los tratan, pero eligieron considerarlos personal de salud mientras aún muchos que sí atienden a contagiados no hay recibido dosis alguna.
Lo que deben aclarar Kicillof y las autoridades sanitarias bonaerenses se replica en gran parte del país. No es necesario repasar cada botón de muestra, pero en Córdoba (gobernada por el peronista Schiaretti) ya hay denuncias de acomodos y en Jujuy su propio gobernador, el radical Gerardo Morales, salió a ventilar la existencia de privilegios.
Ciudad de Buenos Aires también anda con pies de plomo. El ministro Fernán Quirós salió a defender el operativo porteño de distribución de las dosis, donde se incluyen las tres patas del sistema: centros públicos, obras sociales y prepagas.
Sin embargo las alarmas sonaron con el caso de Hugo Moyano, que se vacunó con su familia con dosis que fueron destinadas por la Ciudad al personal de salud del sanatorio Antártida, perteneciente al gremio de Camioneros. Cunde en el gobierno porteño la sospecha de que desvíos similares se pudieron haber dado en otras obras sociales. Tampoco se animan a descartar que no haya ocurrido en clínicas privadas y hasta en hospitales públicos. Ciertas pesquisas reservadas se han iniciado al respecto.
La mancha venenosa de los circuitos irregulares de las personas que fueron inyectadas se expande en los tres niveles de la administración ejecutiva: Nación, provincias y municipios. Y también en los otros dos poderes del Estado: el judicial y el legislativo.
La renovación del protocolo del llamado “personal estratégico” intenta justamente disimular la arbitrariedad, en tiempos donde las vacunas escasean. Y en ese fango están metidos oficialistas y opositores. Nadie debería escupir hacia arriba.
La opacidad de los procesos de vacunación y del control de quienes reciben las dosis alimenta las chances de que se imponga el ventajismo, sobre todo en un país como el nuestro, con escaso apego a las normas y la idea difundida de que cumplirlas pareciera constituir un acto de imbecilidad. No todo el mundo es Beatriz Sarlo, que se negó a ser vacunada bajo cuerda.
