En la maraña de causas judiciales que afronta en su contra el líder sindical Hugo Moyano, su abogado se concentrará esta semana en la que se tramita en el Juzgado Federal 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
Hoy llega a la ciudad Daniel LLermanos para presentar un pedido que suspenda o dilate la indagatoria fijada para el jueves 31 de mayo por la compra de terrenos colindantes al hotel del Sindicato de Camioneros en la ciudad de La Falda.
Según el expediente, por cinco lotes de entre 267 y 360 m2 cada uno (en conjunto suman 1.490 m2) Camioneros pagó $6 millones mientras la valuación fiscal era de $964.553. La investigación lo involucra a Moyano porque su firma figura en las escrituras de traslación de dominio.
Llermanos dijo a PERFIL CORDOBA que considera al juez Sánchez Freytes “una persona criteriosa”, aunque “en esta ocasión está cometiendo un error porque la pericia que presentamos tasó las tierras por encima del precio que pagó el sindicato”. Este es el punto que cuestiona la defensa. En una pericia de parte realizada por el martillero Fernando Bonapace cotizó los terrenos en $7,3 millones según el valor que tenían en el momento en que se realizaron las transacciones, a fines del año 2013. El defensor también criticó la falta de fundamentación de la citación a indagatoria. “Solo convoca sin decir por qué y si uno lee el expediente no encuentra motivo”, destacó.
En cuanto a la valuación, Llermanos opinó que “no hay atisbos de irregularidad” por lo que mañana pedirá al juez que vuelva a evaluar el llamado a indagatoria.
Orígenes. El inicio del derrotero, primicia de PERFIL CORDOBA, fue un informe enviado por el Registro de la Propiedad de Córdoba, en marzo de 2014, a la Unidad de Información Financiera (UIF ). En ese Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) se informó la transacción inmobiliaria por $6 millones de los lotes en La Falda. Surgía la hipótesis de irregularidades porque la valuación fiscal era de menos de $1 millón. También resultaron llamativos el pago al contado y los protagonis tas de la transacción. La UIF dio participación a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En febrero de 2015, la Procelac envió a la Fiscalía Federal Nº 2 la denuncia para que investigue las maniobras con la hipótesis de la comisión de dos delitos, administración fraudulenta y lavado de activos. A fines de 2017, el fiscal Gustavo Vidal Lascano resolvió la imputación de Moyano, de Paulo Villegas -directivo de Camioneros- y de otras tres personas que participaron de un veloz pasamanos durante el año 2013 de los mismos terrenos. Rubén Capucchio, Carlos Mesías y Enrique Mariñansky.
Desde la reanudación de actividades judiciales, después de la feria judicial de enero último, el juez Sánchez Freytes analizó las pruebas acumuladas en la causa. Además de lo producido oportunamente por los informes de Procelac, ordenó allanamientos en el estudio del escribano Fernando Abat en La Cumbre y también en la sede del gremio en Buenos Aires y pidió informes catastrales y valuaciones de las tierras. Con la documentación sobre su escritorio, la semana pasada fijó las fechas de indagatoria con un cronograma que iniciará el lunes 28 de mayo. Para ese día fueron citados Carlos Mesías, Rubén Capuccio y Enrique Mariñasky, quienes debererán presentarse a las 9 horas. Para el 31 de mayo citó a Hugo Moyano y a Paulo Villegas, ambos asistidos en la defensa por Daniel Llermanos.
“LO CITAN PARA DAÑARLO”
Según Daniel Llermanos, hay pruebas de una persecución diseñada desde el poder político para perjudicar la imagen de Hugo Moyano. Pero en ese entramado no solo hay componentes de la vida política partidaria, sino también actores de procesos en las fiscalías federales. “Se activan citaciones de este tipo para dañarlo” sostuvo en diálogo con este diario.
Lo que considera una maniobra delictiva ha sido motivo de una denuncia que Llermanos presentó a la Justicia. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional 4, a cargo de Ariel Lijo. El último viernes, la sede del sindicato de Camioneros fue escenario de tres allanamientos en una causa que investiga presuntas coimas y extorsiones a empresarios del transporte. Se le suman imputaciones por lavado de dinero, evasión impositiva, asociación ilícita en el Club Atlético Independiente. Hay, por lo menos, seis jueces federales en Buenos Aires que tramitan expedientes donde lo investigan a Moyano, a sus hijos y también a su esposa Liliana Zulet, y a dos de los hijos de la mujer.
CAVALIERI EL 24
El titular del gremio de Comercio, Armando Cavalieri, también deberá presentarse a indagatoria en la Justicia Federal de Córdoba. El juez, Hugo Vaca Narvaja, lo convocó para el próximo jueves, 24 de mayo. Deberá responder sobre el presunto pago de prestaciones de la Obra Social del gremio a empresas -varias de ellas fantasmas- y cuyos valores terminaron en la financiera ilegal CBI.