La discusión en comisión ya está en marcha y continuará en los próximos días a paso firme, aunque no estará exenta de polémicas. El consenso que ya se logró en torno al objetivo central de los proyectos –uno del legislador oficialista Juan Manuel Cid y el otro de los radicales Dante Rossi y Verónica Garade Panetta- es de base y busca escalar a nivel de conducción de bloques.
De todos modos, se advierte un guiño de la cúpula oficialista para con Cid en habilitar el tratamiento de las dos iniciativas que serán compatibilizadas a partir del consenso inicial que se logró con sectores opositores. En esa línea, se suman las expresiones de respaldo de radicales, cambiemitas y vecinalistas, salvo las dos representaciones de izquierda que anticiparon su rechazo. También se expresaron a favor los representantes invitados del sector comercial y de los vecinos del centro que son los principales afectados.
La comisión de Asuntos Constitucionales avanzará en regular las protestas y piquetes a través de la modificación del Código de Convivencia Ciudadana, y se dispondrán fuertes sanciones ante los incumplimientos y excesos en la vía pública.
Al defender su proyecto, Rossi abogó por “encauzar las formas de las protestas” y aclaró que “no tiene nada que ver con prohibir”. Se trata de “un problema social gravísimo y no podemos mirar hacia otro lado”, dijo.
Por su parte, Cid trazó los ejes neurálgicos de lo que se busca regular. El oficialista puso el foco “en las practicas extorsivas que se generan para ejercer el derecho a peticionar”.
El propósito de la futura ley es “ordenar el espacio público” ante las manifestaciones (ya sea una maratón, espectáculo público o protesta social) con una serie de condiciones y sujetas a aprobación.
A su vez, Cid adelantó a PERFIL CÓRDOBA que la iniciativa incorporará “penas gravísimas a los que faciliten la logística” de los piquetes. Es decir, “el que organiza, el que toma asistencia, el que los moviliza (transportistas), al que alquila los baños químicos”, detalló.
Otro punto clave para hacer “efectiva” la norma en la práctica, radica en la “ampliación de poderes al Poder Judicial” para que pueda actuar in situ y verbalmente. “Se hace cesar la infracción de manera verbal y después se hace el expediente”, puntualizó el parlamentario.
Por último, Cid indicó que ambos proyectos avanzarán en su tratamiento en comisión “para llegar a una redacción que pueda tener el mayor de los consensos posibles”.
