Entre 1998 y 2016 la presión tributaria total de la Argentina —Nación, provincias y municipios— pasó de 21,4% a 34% del PIB, involucrando un incremento de 12,6 puntos porcentuales. Después de Cuba (que tiene una carga impositiva del 38,6%), Argentina es el país de Latinoamérica donde más impuestos se pagan; mucho más que el promedio regional, el cual es de 22,8%. Pocas chances hay de ser competitivos en estos términos.
En el ministerio que conduce Nicolás Dujovne son conscientes de esto, pero también de que la Nación no tiene márgenes para encarar una rebaja impositiva. “De hecho, si uno mira el proyecto de Presupuesto 2018, no hay nada previsto en ese sentido”, señala el economista Federico Cuba, de la consultora Economía & Regiones (E&R).
¿Cuál es la estrategia entonces? “Buscar de aliada a la provincia de Buenos Aires”, explica el experto de E&R. ¿Con qué propósito? Para que funcione como vanguardia de una suerte de carrera provincial – o guerra, según se lo vea–por la competitividad, mediante una reducción gradual del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB).
El punto es poner a las provincias a competir por la atracción de inversiones. La jugada quedó explicitada en el marco de la 53 Edición del Coloquio de IDEA, donde la gobernadora María Eugenia Vidal anunció a los empresarios que su administración “no esperará la reforma tributaria nacional” y comenzará a bajar el IIB desde 2018, promoviendo, además, una reforma fiscal con los municipios.
Riesgos. “Podría ocurrir una transición desordenada”, advierte Cuba, para quien es importante avanzar primero en una reforma tributaria integral que incluya simplificación de impuestos y, sobre todo, genere certidumbre a un nuevo esquema de coparticipación federal.
Promover que las provincias entren en un ciclo de equilibrio fiscal por la vía de la competencia de impuestos bajos es controversial. “Las únicas dos ‘mejorcitas’ con superávit son CABA y Córdoba, hasta Buenos Aires tiene déficit”, señala el economista de E&R.
“Si la gobernadora Vidal se arriesga a anunciar que bajará Ingresos Brutos es porque, tal vez, ya está descontando la restitución del Fondo del Conurbano”, especulan algunos técnicos que prefieren el bajo perfil al interpretar la faz política de este escenario.
Más allá del debate que explote por los recursos del Fondo del Conurbano Bonaerense, la rebaja (o incluso eliminación) de Ingresos Brutos no será tarea sencilla. Ha sido el principal tributo que vinieron cobrando las provincias argentinas en los últimos 25 años y con una tendencia creciente en su participación.
Según muestra una serie histórica elaborada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el IIB pasó de ser algo menos del 55% del total de la recaudación propia de las provincias en 1991, a significar el 76% en el 2015. Además, hay un dato relevante a tomar en cuenta: en ese mismo periodo el gasto público provincial creció casi un 5% del PBI. Entonces, lo que ocurrió fue que las provincias se volvieron adictas a los recursos que le proporciona el IIB para poder solventar sus erogaciones crecientes. La Nación busca, ahora, que los gobernadores se deshagan de esta “adicción” sin financiarles “dosis de reemplazo”. ¿Lo lograrán?
Posición de Córdoba. “Más que una guerra, lo deseable es una acción coordinada entre provincias. Especialmente, se debe coordinar entre las provincias más grandes la eliminación del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIB) de extraña jurisdicción”, señala el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.
Esta versión del tributo a la que hace referencia el funcionario prevé alícuotas diferenciales (mayores) para las empresas que venden productos en una provincia pero tienen radicadas sus plantas en otras jurisdicciones.
“La eliminación de ‘extraña jurisdicción’ es la prioridad. El problema es que tiene un impacto de aproximadamente $1.800 millones al año. Por lo tanto, es necesario buscar alguna manera de digerirlo”, señala Giordano.
En Córdoba se redujo, como hicieron otras provincias, el IIB sobre créditos hipotecarios (se pasó de una alícuota del 8% al 1,5%). “El costo fiscal aproximado es de unos $70 millones anuales. Desde este año, también se eliminó el IIB sobre oficios, lo cual benefició a unos 19.000 contribuyentes”, indicó Giordano.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el tributo más importante que administra la Provincia. Representa entre el 70% y el 80% de la recaudación impositiva propia; además, es un tributo que viene mostrando crecimientos interanuales del orden del 44% en términos nominales y del 6,9% en términos reales.
Siendo Córdoba, una de las pocas jurisdicciones del país superavitarias, el resignar este impuesto sin una red clara de contención a través de un nuevo esquema de coparticipación federal no será nada sencillo.
Imperio de la necesidad. Aunque en esta última década, Ingresos Brutos fue un salvavidas para las finanzas provinciales, terminó siendo “un salvavidas de plomo”.
Según el Iaraf, su avance sumó a la presión fiscal total del país, el equivalente a más de 2% del PBI anual. Este peso hoy lo reciente la actividad privada, que tiene más estímulos para eludir o evadir que para pagar impuestos. Se llegó a ese punto de la curva de la presión impositiva en el que más impuestos ya no redundan en mayor recaudación, según enseñaba el maestro Arthur Laffer (creador de la famosa “Curva de Laffer”).
El paso que sigue, entonces, es una deflación de costos impositivos. La Nación intentará que ello ocurra, no por imposición, sino por competencia, y esa guerra ya está marcha. El siguiente mapa de reducciones vigentes da cuentas de que el proceso, gradualmente, ya inició.
BUENOS AIRES. Redujo en 6,5 puntos porcentuales la alícuota de Ingresos Brutos para créditos hipotecarios. Ahora, las entidades financieras, bancarias y no bancarias pagan 1,5% (antes 8%). Por otro lado, a partir de 2018, disminuirá la alícuota de Ingresos Brutos para los comercios que vendan al por menor carnes rojas, menudencias y chacinados frescos (pagarán 2,5%; antes 5,0%). A su vez, quienes posean un establecimiento situado en la provincia y no superen ingresos de $40M, aplicarán alícuota del 2,5% (antes 3,5%).
SANTA FE. Fijó una alícuota 1,5% para Ingresos Brutos en los créditos hipotecarios. A su vez, creó un régimen simplificado para pequeños comercios que facturan menos de $1M al año, permitiéndoles una baja del 27% en Ingresos Brutos con respecto a 2016. Contribuyentes que facturan hasta $4,5M pasaron de una alícuota de 3,6% a 3,3%. Para los que pagan con tasa de 4,5% se subió la base de facturación de $60 a $75M. Llevaron al 0% la alícuota para empresas que transforman cereales y oleaginosos (menos de 360.000Tn. anuales); antes, tributaban 1,5%.
ENTRE RIOS-CORRIENTES. En el NEA, hay dos provincias que destacan por la agresiva política de reducción impositiva que están aplicando. Una de ellas es Entre Ríos, que directamente eliminó el pago de Ingresos Brutos a quienes mediante un crédito hipotecario adquieran, construyan, refaccionen o amplíen una vivienda familiar. Asimismo, esta jurisdicción no cobra este impuesto a la industria farmacéutica. Por su lado, Corrientes tiene la segunda alícuota promedio de Ingresos Brutos más baja del país (2,9%) y, a la vez, decidió fijarla en 0% para actividades primaria e industrial.
MENDOZA. Produjo importante rebaja de la alícuota de Ingresos Brutos en créditos hipotecarios (del 6% al 1,5%). Por otra parte, viene ejecutando un plan estructural de reducción de la presión impositiva: en 2016, a 100 rubros se le redujo 0,25% la alícuota de Ingresos Brutos. Este año se volvió a bajar otro 0,25%. Entre los más beneficiados: agroindustria, metalmecánica, software, turismo y servicios profesionales de construcción y emprendedores. En tanto, las MiPymes gozan de estabilidad en Ingresos Brutos hasta diciembre del 2018.
RIO NEGRO. Redujo la alícuota de Ingresos Brutos al 1,5% sobre los créditos hipotecarios para vivienda única. Eliminó por completo este impuesto para ingresos provenientes de la edición e impresión de libros, diarios, periódicos y revistas, incluso en soporte electrónico, informático o digital; en todo su proceso de creación. A su vez, eximió de este tributo a pequeños productores de la actividad primaria que no estén organizados bajo la forma de empresa. Los que sí son empresas tributan solo 1%.
JUJUY. Fijó una alícuota del 1,5% para Ingresos Brutos sobre préstamos hipotecarios que se apliquen a la adquisición, construcción y/o ampliación de vivienda única y de ocupación permanente por entidades privadas o públicas (oficiales o mixtas). A la vez, eximió del impuesto a las actividades de producción agrícola y/o ganaderas desarrolladas por contribuyentes inscriptos en el Régimen Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. Al igual que en Mendoza, a las MiPymes les garantiza estabilidad en Ingresos Brutos hasta diciembre del 2018.
SAN JUAN. Esta provincia aplica la segunda tasa más baja para Ingresos Brutos sobre créditos hipotecarios: 1,25% (frente al 0% de Tucumán - Entre Ríos y el 1,5% que definió la mayoría de jurisdicciones). Por otro lado, este distrito, desde hace más de 40 años, viene ejecutando una política sostenida de eximición de Ingresos Brutos para las actividades productivas. Fue pionera con la sanción en 1974 de la Ley Nº 151-I, que exceptúa del tributo al expendio de combustibles líquidos y lubricantes, a las actividades de producción primaria y a las industrias manufactureras.
TUCUMAN. Se convirtió en la primera provincia que directamente eliminó el pago del impuesto a los Ingresos Brutos en los créditos destinados a la compra de vivienda (de una alícuota del 7% pasó al 0%). Asimismo, fijó en 0% la tasa de Ingresos Brutos para la producción pecuaria. También tiene este beneficio la actividad industrial de procesamiento de productos pecuarios desarrollada en establecimientos que realicen inversiones productivas en bienes de capital u obras de infraestructura.
NEUQUEN. Esta provincia redujo de 5% a 1,5% la tasa de Ingresos Brutos sobre créditos hipotecarios otorgados para la adquisición, construcción y ampliación de vivienda única, permanente y familiar. Por otro lado, estableció alícuota del 0% en Ingresos Brutos para las actividades de construcción relacionada con la obra pública; la construcción de viviendas económicas destinadas a casa habitación y la industria manufacturera, cuando esta sea desarrollada por empresas del segmento micro y mediano.
