El 22 de septiembre último se produjo una novedad en el expediente que tiene una veintena de procesados por una usina de facturas apócrifas, entre los cuales se encuentra el economista Nadín Argañaraz.
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, pidió que se revierta la nulidad declarada y continúe la investigación. La causa es conocida por quien es señalado como el jefe de la organización, Matías Lafuente Sivilotti.
Se inició con la denuncia de una persona que detectó el uso de su CUIT para la emisión de facturas truchas. El fiscal (jubilado) Gustavo Vidal Lascano solicitó a la Afip los datos del denunciante, la facturación emitida y declaraciones juradas presentadas. Eso posibilitó intervenciones telefónicas y allanamientos a través de los cuales fueron identificados los responsables que resultaron imputados por asociación ilícita, alteración dolosa de registros y lavado de activos.
El juez Ricardo Bustos Fierro llegó a dictar sus procesamientos. Cuando ya había avanzado la pesquisa, un defensor pidió la nulidad de todo el expediente porque los datos solicitados a la Afip (del denunciante) estaban amparados por el secreto fiscal. Bustos Fierro le dio la razón y declaró la nulidad haciendo caer la causa y beneficiando a todos los investigados. Por mayoría, la Cámara Federal de Córdoba convalidó la decisión.
Los fiscales fueron con un recurso a la Cámara Federal de Casación Penal.
Al dictaminar, De Luca señaló que “los jueces pretendieron extender la garantía del secreto fiscal –que en este caso ampara únicamente al denunciante– a sujetos que no se encuentran alcanzados por esta protección”, y que son las 20 personas procesadas.
En un tramo sostuvo que “la decisión del titular del Juzgado Federal N°1 de Córdoba ha puesto en duda su imparcialidad, en tanto decretó, sin ningún fundamento jurídico, la nulidad de actos procesales que él mismo había valorado y convalidado previamente al dictar el procesamiento de los imputados”. Ahora, será la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, la que dirimirá la controversia.
