Combo de deudas y gastos disparan la alarma sobre finanzas municipales

Las luces de alerta se encendieron desde diferentes sectores tras la hermética reunión que mantuvo el intendente Ramón Mestre con el gobernador Juan Schiaretti, semanas atrás. Como resultado de ese encuentro -que reinstaló la línea de diálogo entre el Panal y el Palacio 6 de Julio- Mestre logró que la Provincia le desembolsara $826 millones en concepto de “Equidad por servicios de  Educación y Salud”. El dinero desembarcó en las arcas municipales a solo 45 días de que la Municipalidad lanzara su séptimo Programa de Letras (Serie 30), esta vez por un monto de $300 millones. El stock de deuda contraída sólo entre 2017 y 2018 asciende a $687,33 millones; el monto no incluye los U$S150 millones del bono internacional emitido en el 2016.

“Hay dificultades para pagar gastos básicos y parte de los recursos que le entregó Schiaretti bien pueden ser adelantos de coparticipación, que luego se compensarán, y que ahora entran camuflados en el cumplimiento de un convenio pasado”, señaló una fuente de la oposición.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que en poco más de un mes Mestre se vio obligado a oxigenar las finanzas de la Municipalidad en más de $1.100 millones a partir de recursos extraordinarios.

La caída de transferencias desde la Nación, el no haber firmado el Acuerdo Federal Provincia-Municipios, los primeros golpes de la recesión sobre la recaudación propia y la presión de la inflación sobre los gastos atados a este indicador empezaron a restar capacidad de maniobra al equipo que comanda el contador Hugo Romero, desde la secretaría de Economía y Finanzas.

Si bien esta coyuntura es afín a todo el sector público del país como consecuencia de la crisis macroeconómica, la situación de las finanzas de la Municipalidad de Córdoba entraña dos antecedentes que hoy complican su evolución: sostenido crecimiento de gastos desde el 2013 y un uso intensivo del recurso del endeudamiento para solventar, no solamente obras, sino erogaciones de operación.

“El 2017 cerró con el mayor déficit evidenciado desde el 2000, con un valor cercano al 10% del gasto total, y sólo habiendo sido superado por años de crisis económica como fueron el 2001 y el 2008”, señala el concejal Martín Llarena (Bloque Fuerza de la Gente).

Oportunidades perdidas. Los ejercicios contables aprobados por el Tribunal de Cuentas muestran que entre 2011 y 2017 los ingresos del Municipio crecieron invariablemente por arriba de la inflación. La tasa de Comercio e Industria fue la que más trepó, seguida por la Contribución sobre Inmuebles. Como referencia, en 2017 los recursos propios crecieron un 35% y se vieron nutridos adicionalmente con un aumento del 42% de los ingresos de otras jurisdicciones.

Sin embargo, este buen desempeño (que en el fondo implica mayor presión fiscal) estuvo acompañado durante todos estos años –especialmente hasta 2016– por gastos que también aumentaron por encima de la inflación. “El gasto en personal siempre iba entre cinco a ocho puntos por encima de los precios; esto recién cambió a partir  del nuevo convenio con el Suoem que ató los salarios a la evolución mensual de la inflación”, señala Llarena. Para el concejal, “se perdió una enorme oportunidad de control del gastos salarial, que desde hace años se debió haber asociado al ritmo de los precios”.

El contrato vigente para el controvertido servicio de recolección de basura es otro de los lastres que arrastre el intendente Mestre, y que hoy le pasa una alta factura en medio de la crisis. Ocurre que ese acuerdo contempla que con variaciones de precios por encima del 2% se desata una cláusula gatillo de ajuste. “Ese margen quedó muy bajo, ya no es un piso sino subsuelo tal como están las cosas hoy, y fuerza a dar continuos incrementos”, explica Llarena.  Si esto ya resulta polémico en materia de basura, la deuda pendiente por $200 millones con el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) en concepto de indemnizaciones a sus trabajadores por el solo hecho de que se entregará el contrato a un nuevo pool de empresas suma presión a las arcas municipales. Esa deuda remanente con Surrbac (de un total de $500 millones) significa el 67% del último Programa de Letras lanzado.

El sistema de transporte es otro de los agujeros negros que, ante la virtual caída o reconversión de los subsidios nacionales, comenzó a mostrar hasta dónde alcanzan sus distorsiones. En efecto, de los $460 millones que la Municipalidad destina al Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), más del 50% se lo lleva TAMSE (trolebuses), una empresa con alto potencial pero totalmente deficitaria. (Ver abajo “TAMSE, el otro agujero negro del transporte”). Si TAMSE lograra alinearse a la competitividad promedio del TUP, autofinanciando al menos el 65% de sus gastos, la Municipalidad tendría resto para colaborar con los subsidios al conjunto del sistema y evitar incrementos dramáticos del boleto.  

El contribuyente pone. Los costos-oportunidad perdidos en los ejercicios de alta recaudación significarán a partir del 2019 la espada de Damocles que penderá sobre las finanzas municipales, a las cuales no le quedarán muchas más alternativas que “nuevos rescates de parte de la Provincia o salir a tomar más deuda, a tasas altísimas, para refinanciar deuda existente”, anticipa Llarena.

Según datos aportados por la propia secretaría de Finanzas ante el requerimiento de este medio, el próximo año hay vencimientos del orden de $1.368,68 millones, en concepto de amortizaciones e intereses. Para lo que queda de 2018, las cancelaciones que urgen realizar suman $114,32 millones.

“El posicionamiento del Municipio en el mercado financiero derivó en la utilización de Letras y Bonos como instrumentos capaces de brindarle a las finanzas municipales una ayuda tanto para superar problemas de liquidez en el corto plazo, como para poder llevar a cabo proyectos de inversión productiva u obra pública”, explica la economista Dariela Sposetti, del Instituto de Investigaciones Córdoba Ciudad (IICC). Y agrega: “La contracara, sin embargo, es el continuo uso que se viene haciendo de los mismos, desde 2012 a la fecha, que derivó en un crecimiento de los montos emitidos como de los abonados en concepto de intereses”. Según la experta, “esto dejaría en evidencia la posibilidad de que se esté iniciando un círculo vicioso en donde la utilización constante de instrumentos financieros sirva para saldar deudas y no para inversiones genuinas”.

Al final, la factura de estos procesos de endeudamiento público no productivos lo termina pagando la actividad privada en términos de menor competitividad. Según datos del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes), la presión fiscal del conjunto de los 420 municipios de la provincia son responsables de un 25% del “costo Córdoba”.

 

TAMSE, EL OTRO AGUJERO NEGRO DEL TRANSPORTE

Para comprender la vulnerabilidad fiscal que acumuló la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en los últimos cuatro años es preciso hacer una fotografía del desempeño económico actual de la empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (TAMSE), que transporta, en promedio, nueve millones de pasajeros al año y recorre 1,9 millones de kilómetros anuales.

A pesar de que TAMSE muestra un índice pasajero/kilómetro recorrido (IPK) superior al de todo el sistema de transporte urbano de la ciudad (con un valor promedio de 5 puntos contra 2,94), solo 32% de sus ingresos totales proviene del corte de boleto,  el 68% restante son subsidios que la empresa recibe por parte del Municipio. De hecho, el monto total de subsidios municipales pasó de $126 millones en 2014 a más de $229 millones en 2017 (81% de incremento). “Hoy, TAMSE se lleva más de la mitad del total de los subsidios que otorga la Municipalidad al Sistema de Transporte”, afirma la economista Dariela Sposetti, del Instituto Investigaciones Córdoba Ciudad (IICC).

¿Tiene alguna lógica? La fotografía muestra que el servicio de trolebuses tiene alto nivel de ocupación, pero está muy lejos de financiarse como lo hace el promedio del Sistema que logra con recaudación propia el 65% de sus ingresos totales. En el caso de TAMSE, de cada $10 que gasta sólo $3,6 se pagan con el resultado de su operación. Pero, además, se consume buena parte del esfuerzo fiscal en subsidios cuando traslada apenas el 5% del total de pasajeros que se moviliza en transporte urbano dentro de la ciudad. “Son números que alarman y llevan a plantearse la necesidad de realizar un análisis de costo-beneficio, a los fines de desarrollar un plan de negocios que mejore el desempeño de la empresa”, advierte Dariela Sposetti.

 

CRONOLOGÍA DE LA DEUDA TOMADA

• US$23,8 millones. Fue la primera serie de bonos, que se emitió en el 2013. Al tipo de cambio del momento ($5,85) representó $139 millones. El período de devolución fue de 48 meses, a una tasa del 4,99%. Durante su vigencia el dólar escaló hasta los $17,83. Como consecuencia de los intereses y del incremento de la divisa, la cancelación del bono fue por casi $338 millones, un 142% más que el valor original.
• $178 millones. Esta segunda serie fue lanzada en 2015, a tasa Badlar de 7,5%. El pago total de intereses fue por más de $54 millones, mientras que la cancelación total del bono significó la erogación de $233,2 millones, 30% más que su valor original.
• $164 millones. La tercera serie también se colocó en el 2015, con un margen de tasa Badlar de 7,5%. Las erogaciones en relación al pago de intereses fueron de más de $53 millones, mientras que el pago final del bono representó $217 millones, una variación del 32% respecto a su precio inicial.
• US$150 millones.  Fue en el 2016 que se emitió este bono internacional a una tasa de interés nominal anual de 7,875%. Su amortización será en tres cuotas iguales de US$ 50 millones en los últimos tres años de vigencia del bono (2022, 2023, 2024). A un tipo de cambio nominal de $15,39 representó $2.308 millones. Hasta el momento se abonaron $529 millones en concepto de intereses.
• $70 millones. Correspondió al crédito Línea Productiva, que se colocó en enero del 2017 y se cancelará en enero del 2020.  Se destinó a la renovación de la flota de vehículos municipales.
• $804,4 millones. Entre enero y noviembre del 2017 se lanzaron cinco Programas de Letras que ya fueron cancelados. Los recursos se aplicaron al financiamiento de los desequilibrios transitorios del flujo de caja. Fueron emisiones a un plazo máximo de 360 días.
• $650 millones. En los meses de marzo y agosto de este año se lanzaron dos nuevos Programas de Letras, que están en plena vigencia.

FUENTES: Gobierno de la Municipalidad de Córdoba y “Letras y Bonos: el círculo vicioso del financiamiento municipal”, informe elaborado por la economista Dariela Sposetti (Instituto de investigaciones Córdoba Ciudad).