En un contexto económico signado por la recesión, la caída del consumo y un ajuste profundo que impacta en todos los niveles productivos, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) delegación Córdoba llevó al Consejo Córdoba PyME su propuesta de declarar la emergencia nacional de las MiPyMEs. La iniciativa, presentada por el presidente de la entidad, Humberto Spaccesi, y el secretario Gustavo Ferreyra, fue bien recibida por representantes del sector privado y autoridades provinciales, que coincidieron en la necesidad de proteger el entramado productivo cordobés.
El planteo de Apyme no se limita a una agenda sectorial. “Al apoyar a las PyMEs, se sostiene al conjunto del orden social. No hablamos solo de empresas, hablamos de comunidades, de empleo, de producción local y de la vida cotidiana de millones de familias”, expresó Spaccesi durante su intervención, en la que también advirtió sobre los efectos del modelo económico nacional. “El actual esquema de política económica golpea severamente a las PyMEs; si no hay medidas urgentes, muchas unidades productivas van a seguir cerrando”, señaló.
La presentación tuvo lugar en el marco de la reunión mensual del Consejo Córdoba PyME, que reúne a cámaras empresarias, entidades productivas y funcionarios provinciales. Por el Estado participaron el subsecretario PyME Segundo Sosa Barreneche, el director de Pymes Gustavo Correa y la coordinadora del Consejo, Anahí (apellido no informado). En representación de Apyme también estuvo el coordinador provincial Daniel Guayán.
Anclaje federal. El Proyecto de Ley de Emergencia para las MiPyMEs propone declarar la emergencia por un año, con posibilidad de prórroga, en los ámbitos productivo, fiscal, laboral, financiero y tarifario. Entre sus ejes centrales se destacan medidas de alivio inmediato y de estímulo al empleo, al crédito y al consumo.
En el plano tarifario, plantea una reducción del 50% en los aumentos de luz, gas y agua, además de la prohibición de cortes por falta de pago para las empresas alcanzadas. En materia laboral, prevé una reducción del 50% en los aportes patronales por cada nuevo puesto registrado, junto con la prohibición de despidos en las empresas beneficiarias.
También se incluyen beneficios impositivos y financieros como la suspensión de juicios fiscales, planes de pago de hasta 60 cuotas, reducción del 50% en los anticipos de Ganancias y exención del impuesto al cheque. En el frente del consumo, la propuesta busca devolver el 25% del IVA en compras en comercios PyME y establecer que los grandes supermercados destinen el 30% de sus góndolas a productos de pequeñas y medianas empresas, con un límite de 30 días para los pagos a proveedores PyME.
Para promover la exportación y el desarrollo local, el proyecto propone la exención de derechos de exportación, acceso a créditos flexibles y una preferencia para productos nacionales en las compras públicas. Además, se plantea la creación de un Consejo de Monitoreo de la MiPyME, un organismo autárquico que seguiría la evolución del sector y la aplicación de las medidas.
El llamado cordobés. La estrategia de Apyme Córdoba apunta a consolidar un respaldo político y social amplio, que permita que la Provincia adhiera al proyecto y lo impulse a nivel nacional. “El futuro de las PyMEs no puede quedar librado al mercado ni a la coyuntura. Necesitamos políticas públicas de emergencia que sostengan la producción, el empleo y la vida de nuestras comunidades”, enfatizó Spaccesi.
En Córdoba, las pequeñas y medianas empresas representan más del 90% del tejido productivo provincial y son responsables de la mayoría del empleo privado registrado. Por eso, la iniciativa no solo refleja una preocupación sectorial, sino un debate más amplio sobre el rol del Estado en el sostenimiento del aparato productivo. En medio de la incertidumbre económica, Apyme busca instalar esa discusión y poner sobre la mesa una consigna concreta: sin PyMEs, no hay desarrollo posible.
