Semana rara esta que termina, casi la última del año, en la que los oficialismos celebraron haber podido declarar el estado de emergencia, que es como si un equipo diera la vuelta olímpica cuando se salva del descenso. O, para ser más precisos, como si los familiares de una persona que sufrió un infarto brindaran con champán cuando llega la ambulancia. Está bien que siempre soñamos con ingresar en el grupo de las economías emergentes, pero me parece que este no estaría siendo el caso. Claro que, a finales de diciembre, cualquier excusa es buena para celebrar, como dijo uno que hizo un asadazo para el aniversario de la Sociedad Protectora de Animales.
En la Nación, tal vez como parte de la aplicación de la Ley de Emergencia, se prohibió el uso de pirotecnia en los actos públicos, con lo cual se ahorrarán algunos dineros que antes se hacían humo. Se sabe que han surgido genios del beatbox que ofrecen sus servicios para imitar con la garganta el sonido de las bombas de estruendo y luego amplificarlas, pero en realidad lo que a la gente le gusta es el colorido de los fuegos de artificio y no el estruendo. A todos menos a mi vecino, que en Navidad hizo explotar una torta que, por el ruido, debe haber sido más grande que la del casamiento de Pampita.
En la provincia, mientras tanto, le sugeriría al gobernador Juan Schiaretti que declare la emergencia de dirigentes partidarios, porque a los recién designados como funcionarios de la gestión de Alberto Fernández, podría llegar a sumarse el intendente de Villa María, Martín Gill. Previsor como siempre, Schiaretti se había ocupado de promover una nueva camada pejotista para que se integre en su elenco.
Sin embargo, de seguir esta sangría, a los juveniles va a tener que incorporarle una división “cebollitas” y rogar que esos valores, como sucede en el fútbol, no sean tentados precozmente por ofertas desde Buenos Aires. O, incluso, desde el exterior.
Con la mayoría automática de la que suelen gozar los intendentes cordobeses en el Concejo Deliberante, Martín Llaryora consiguió que le aprueben los superpoderes, a los que algunos ediles fanáticos de “La guerra de las galaxias” pretendieron agregarle el derecho a usar un sable de luz para desairar los reclamos del Suoem (ya Rubén Daniele había hecho alusión a la famosa franquicia cinematográfica, cuando con el mismo tono de Darth Vader le dijo a Ramón Javier Mestre: “Yo despedí a tu padre”).
Mientras comían pochoclo, los concejales del PJ más afines a Marvel adujeron que con los superpoderes era suficiente y estuvo a punto de estallar la grieta, hasta que se dieron cuenta de que ambas sagas pertenecen a Disney y concluyeron abrazados porque “peronistas somos todos”.
También Mendoza se ganó los titulares en estos días con la proclamación, la puesta en suspenso y la posterior derogación de una ley minera que generó una protesta social inédita para esa provincia. Más allá de que resulta atinado que un gobernante escuche los reclamos populares, parecería que se expande la tendencia de los mandatarios a dar marcha atrás con sus medidas, una costumbre que inició Mauricio Macri, que ha insinuado Alberto Fernández, a la que adhirió el chileno Sebastián Piñera y que ahora suscribió el mendocino Rodolfo Suárez. Se trata de una especie de culto a rewind que, de haberse aplicado en otros tiempos, hubiera alterado para siempre la historia universal.
Solo imaginemos si la plebe parisina se hubiera arrepentido de la toma de la Bastilla y hubiese devuelto los presos a la cárcel. O si los bolcheviques hubieran reculado en su asalto al poder en Rusia, le hubiesen pedido disculpas al zar y lo hubieran repuesto en su trono. O si el general Perón hubiera derogado los derechos sociales y Evita les hubiese dicho a sus descamisados que se sometieran al arbitrio de sus patrones. O si, pensando en el futuro, el año nuevo se arrepintiera de venir y siguiera vigente 2019. ¡Epa! Qué susto, ¿no?
