La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba emitió una resolución con numerosas definiciones sobre una de las causas judiciales de mayor envergadura en materia penal económica. Se trata de la investigación por una usina de facturación apócrifa donde son investigadas más de 50 personas, con diferentes roles en la organización o uso de sus servicios. El fallo fue emitido por la Sala B, integrada por los vocales Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Julián Falcucci.
El expediente está radicado en el Juzgado Federal 1 (JF1), subrogado por Alejandro Sánchez Freytes, con intervención de la Fiscalía Federal 1, a cargo de Enrique Senestrari.
Una de las decisiones centrales del tribunal de Alzada fue la confirmación de la asociación ilícita creada para cometer delitos económico-financieros. Entre los argumentos describió que “la modalidad era la confección de facturación apócrifa a partir de la obtención de claves fiscales de contribuyentes”. Luego, la alteración dolosa de los registros fiscales. El fin era la venta de esos comprobantes truchos a usuarios o ‘clientes’ de la organización para evadir impuestos o generar gastos ficticios.
“De la actividad se habría derivado un doble perjuicio: por un lado, para el fisco como consecuencia de la evasión de impuestos presuntamente cometida por sus clientes, y por otro, para algunas víctimas de la organización que habrían perdido el control de sus claves fiscales” ante la AFIP.
La evasión detectada por AFIP ascendía a $2.200 millones
Es decir que en la estructura nodal se incluyen a dos partes de la actividad: a los que fabricaban las facturas y a los reclutadores. Estos últimos eran los que obtenían las claves fiscales y vendían las facturas, es decir los intermediarios.
En 2021, el Juzgado Federal había incluido en la presunta asociación ilícita a Diego Alberto Vieyra Ferreyra. Junto a él, a Natalia Soledad Vieyra Ferreyra, María Belén Gómez, Damián Olivieri Brizuela, Jorge Daniel Cuevas, Ruth Noemí Díaz, Eduardo Enrique Mansilla, Mauricio Andrés Pizzi, Pablo Darío Barbieri, Rodolfo Luis Tapiero y Lucas Fernando Zopetto.
Diego Vieyra Ferreyra fue catalogado como el “organizador” a partir de sus conocimientos informáticos, contables y fiscales. Esa capacidad le permitía obtener por sí o por terceros el CUIT y la clave fiscal de las “usinas” y las “usinas mixtas” que emitían facturas electrónicas apócrifas.
Vieyra Ferreyra es quien acordaba, además, las comisiones de los clientes de esos comprobantes y de los prestanombres –si habían consentido el uso de sus datos– para la conformación de las usinas. También fijaba los plazos de cobranzas, la reposición de los cheques recibidos y rechazados y las gestiones ante la Afip y DGI para demorar las fiscalizaciones y continuar con el uso de las generadoras de facturación trucha.
Entre enero del 2018 y abril del 2020 se detectaron 80 usinas dentro de esta organización. De la otra parte del negocio se identificaron más de 600 usuarios. En el expediente se focalizó la pesquisa sobre los 50 principales. El mayor usuario de las facturas que proveía Vieyra Ferreyra era la empresa Corphone SA, con 193 facturas por un total de $ 132 millones.
La firma es propiedad de Cristian Debarre y Marcelo Gaido, el primero de los cuales había sido desvinculado de la asociación ilícita. Una de las decisiones de la Cámara fue ordenar su procesamiento analizando la prueba que muestra el vínculo estrecho con el armador de la banda.
Debarre solía tener una oficina en el edificio Vistalba, el mismo desde donde operaba Martín Azar, otro empresario involucrado en delitos penales económicos en un expediente tramitado en la Justicia Federal.
Pero, además de empresas del sector privado, se detectaron tres organismos públicos: los municipios de Saldán y Mendiolaza y el Ente Intermunicipal de Sierras Chicas.
Cristian Debarre fue procesado por integrar la asociación ilícita
Lavado de activos. La Cámara Federal también analizó el posible movimiento de dinero por parte de personas sin capacidad económica. En primera instancia, el Juzgado había dispuesto un único procesamiento, a Vieyra Ferreyra, y en otros 13 se había declarado incompetente. Los camaristas revirtieron esa posición y confirmaron la competencia de la Justicia Federal para continuar la investigación por lavado.
Defraudación por administración fraudulenta. En relación a estas imputaciones, que involucran a los funcionarios de los entes públicos mencionados, el tribunal opinó lo contrario y declaró la incompetencia. La fiscalía analiza ahora si recurrirá a la Cámara Federal de Casación Penal.
Evasión impositiva. Los jueces, además, confirmaron el sobreseimiento por extinción de la acción penal por amnistía en relación al delito de evasión de impuestos agravada por la utilización de facturas apócrifas, para una serie de personas que estuvieron imputadas pero que se acogieron a planes de pago para regularizar su situación ante Afip. Por el contrario, dispuso que se reanude la acción penal por evasión tributaria agravada contra Sergio Gabriel Sosa, Cristian Debarre y Mario Ernesto Casco.
