El fin de año no solo dejó un rebrote inédito del Sars Cov 2 en todo el país y con fuerte epicentro en Córdoba. Antes de dar sus últimos compases del 2021 la administración nacional en complicidad con los gobiernos provinciales definió seguir alimentando la otra pandemia que desde hace décadas asola al país: la pandemia de impuestos.
Como se sabe, el lunes pasado y por iniciativa del ejecutivo nacional 23 juridiscciones provinciales firmaron un nuevo Consenso Fiscal. Esta vez, el eufemismo elegido para justificar la posibilidad de subir impuestos y crear nuevos fue contar con una nueva herramienta para dar mayor estabilidad jurídica a las provincias. Entre las claves del nuevo marco figuran:
-Intercambio de información: un programa integral de simplificación y la coordinación tributaria federal, fortaleciendo el Registro Único Tributario (RUT) para “evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los o las contribuyentes en Ingresos Brutos”. Un aspecto positivo según especialistas.
-Ingresos Brutos: “considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota, y se establecieron las alícuotas máximas para un conjunto de actividades”. Abre la puerta a nuevos máximos para el impuesto que más importa a las provincias.
-Sellos: Se fija una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general”. Un retroceso si se piensa que el objetivo del Pacto Fiscal 2017 era eliminarlo.
-Nuevos impuestos: se podrá “legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza”. Con esto se podrían gravar movimientos de herencias, donaciones o legados.
Catarata de efectos. La firma de un Consenso Fiscal que abre la puerta a nuevas subas difícilmente termine en otra cosa que no sea eso: una mayor presión fiscal. Aún cuando hay provincias como Córdoba, en la que sus funcionarios adelantaron que no usaran la nueva herramienta para dar más presión fiscal. Para especialistas tributaristas como Marcos Sequeira eso no solo pasará, sino que estuvo pasando y sigue pasando.
“La presión fiscal actual, medida bien por consultoras que no trabajan para el gobierno debe estar en un 36%, 37%. Cuando antes de la pandemia era del 32%. Es un número histórico y con este Consenso vamos a ver que sube dos o tres puntos porcentuales más. Es un despropósito”, dice Sequeira. Y anticipa otros dos efectos colaterales que van de la mano con el incremento de presión fiscal: se espanta la inversión y es un aliento para la evasión. “Ninguna empresa con este nivel de presión fiscal y con las pocas prestaciones que obtiene del Estado puede seguir. Atenta contra la supervivencia y empuja a la evasión de impuestos”, remarca.
Sobre el movimiento de Córdoba es muy escéptico. “No solo no creo que vayan a seguir subiendo impuestos sino que ya lo hacen. Córdoba estuvo a la cabeza de la suba de impuestos, creó nuevos gravámenes y la presión fiscal de Córdoba pasó del 2% en 2002 al 6% en 2021. Dijeron que no van a crear nuevos impuestos y ya sacaron uno nuevo para gravar el juego on line que acaban de aprobar. Ahora estamos esperando porque hay rumores de que lo próximo es empezar a trabajar para gravar las herencias”.
Para Marcelo Almendros, presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIC y socio en Shared Corporate Services SA señaló que este consenso va a contramano del espíritu del anterior que buscaba reducir e incluso eliminar impuestos. “En Córdoba la industria paga 1,2% de Ingresos Brutos y ahora podría llevarlo a 1,5%, más allá de que dijeron que no lo iban a cambiar se habilita a las provincias a tener esos incrementos. Al revés de lo que dicen los considerandos, esto no fomenta la inversión, no da un marco de seguridad jurídica. Esto pone más trabas y desalienta las inversiones y la generación de empleo”, marca.
Con todo, Almendros afirmó que en el caso de Córdoba hay sectores industriales exentos de Ingresos Brutos y que pueden aplicar a beneficios de la Ley de Promoción Industrial. “Se trabaja mucho en contacto con el ministerio de Finanzas de la Provincia para tratar de que las industrias no se vean tan afectadas y no se resienta la actividad. La ley de Promoción Industrial es un compromiso de ambas partes que vemos útil, las empresas creando empleo y el gobierno bajando la presión”.
-¿Qué ven como más grave, la posibilidad de subas a IIBB o la creación de nuevos impuestos como el de herencias?
-Las dos cosas son muy preocupantes porque hace cuatro años estábamos en una situación que había que eliminar Ingresos Brutos y había un compromiso y hoy seguimos aumentando o dando la certeza de que no bajará del 1,5%. Y el de la herencia también, si bien hay países que lo tienen son países que tienen otro tipo de devoluciones a la sociedad. No podemos darnos el lujo de seguir generando más impuestos. Es preocupante el rumbo que se le da a las decisiones.
En tanto, el Comercio, que tiene buen diálogo con las autoridades provinciales, abrió el paraguas pidiendo al Gobierno de la Provincia de Córdoba que no utilice el margen que este acuerdo le concede, en especial el vinculado con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Y subrayó que “el nuevo Consenso Fiscal constituye un eslabón más en una larga cadena de políticas públicas contraproducentes para la delicada situación económica y social de Argentina”.
