El juez federal Ricardo Bustos Fierro emitió el jueves pasado un fallo que fija un criterio sobre el cultivo, producción y uso del cannabis medicinal. Prioriza una mirada sanitarista frente al punitivismo de la ley de estupefacientes (23.737) y analiza la actividad en el marco de las nuevas normativas que rigen en nuestro país.
Se trata de la primera sentencia en materia penal que sienta jurisprudencia en Argentina sobre el tema. Si bien existieron otros antecedentes en Salta, Mendoza, Río Negro y La Plata, en esos casos la habilitación a la producción de cannabis medicinal fue por vía de amparos de salud.
En este caso, la decisión del juez recayó en la causa donde se analizó la actividad desplegada en la denominada ‘clínica de la marihuana’, a cargo del oftalmólogo Carlos Laje.
Bustos Fierro sobreseyó del delito de comercialización de estupefacientes a Laje y a las otras siete personas que estuvieron imputadas y detenidas en la causa: Héctor Walter Mariño, Paola Jordana Toranzo Gil, Fernanda Daniela Moyano, María Paula Culaciati, Troribio Aragón, Fernando Moroni y Jorge Augusto Asís.
Choque de leyes. La resolución analiza la situación a partir del 29 de marzo de 2017, cuando el Congreso sancionó la ley 27.350 que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Y la contrapone a la ley 23.737, que castiga las distintas conductas relacionadas al tráfico y comercialización de drogas con el fin de proteger a la sociedad del acceso a dichas sustancias, que crean adicción y perjudican la salud de la comunidad.
“Pero no es el caso de los productos medicinales derivados del cannabis”, advierte el juez porque su uso ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de ciertas enfermedades y paliativo del dolor en etapas avanzadas de cáncer, reemplazando la aplicación de remedios más nocivos como la morfina.
Cambios recientes. Cita, como ejemplo, la creación de una clínica en Jujuy para elaborar y vender productos en base al cannabis, que fue autorizada por la Nación. También trae a colación que el 16 de julio pasado el Ministerio de Salud de la Nación presentó un borrador de la reglamentación de la ley a organizaciones, médicos y científicos “que permite el auto cultivo de cannabis medicinal”.
Y advierte que ese reglamento estipula que se deberá informar al Instituto Nacional de Semillas (Inase) “la disposición final de los derechos del cultivo, lo cual será inspeccionado a fin de evitar cualquier utilización ajena a las finalidades de la ley de cannabis medicinal”.
Reconocimiento de la OMS. Para mencionar las enfermedades en las que es posible utilizarlo como terapia, el fallo alude a un documento de la Organización Mundial de la Salud -del 14 de diciembre de 2017- que recomendó que el cannabidiol no se clasificara como sustancia prohibida porque sirve como paliativo para enfermedades crónicas y para pacientes con epilepsia.
Cómo comenzó la causa. La detención del médico Carlos Laje se produjo por orden de la Justicia Provincial a fines de agosto de 2017 como consecuencia de 11 allanamientos efectuados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la ciudad de Córdoba, Carlos Paz, Mina Clavero, Huerta Grande, Villa Rumipal y Amboy. Se secuestraron bidones y frascos con aceite de cannabis, cremas y cogollos, además de dinero, celulares y computadoras. Laje y el resto de los imputados estuvieron detenidos siete meses.
Por discrepancias entre la fiscalía y el juzgado de Control sobre la competencia intervino la Cámara de Acusación, que declaró la incompetencia de la Justicia Provincial el 22 de febrero de 2018 y así el expediente pasó al fuero federal. Llegó a los tribunales del Parque Sarmiento en marzo de ese año sin que se hubieran realizado pericias.
Los estudios químicos sobre las sustancias secuestradas costaron la friolera de $13 millones.
VILLA CIUDAD PARQUE, A LA VANGUARDIA
Desde abril de este año, Villa Ciudad Parque (Calamuchita) se ha transformado en el primer municipio con un proyecto de desarrollo de cannabis medicinal en territorio cordobés a partir de la ordenanza aprobada por unanimidad.
La comuna cuenta con asesoramiento del Inta, Conicet y Anmat delegación Córdoba y prepara el proyecto para la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación, autoridad de aplicación.
A nivel provincial, la Comunidad Cannábica elevó un proyecto a la Unicameral con más de 8.000 firmas de usuarios medicinales y el acompañamiento de 15 legisladores de distintas fuerzas políticas, para que Córdoba adhiera a la ley nacional 27350.
